Esto fue lo que denunciaron internos ante la “Comisión para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o degradantes” (sic), que inspeccionó la Alcaidía el pasado martes.
Bueno, el nombre de la comisión ya parece decirlo todo sobre lo que pasa en Salta. Participaron de la inspección las integrantes de la Comisión, Cristina Cobos, y la misma ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino.
A El nuevo Diario indicaron que al realizar la inspección ocular de las instalaciones, celdas, lugares de esparcimiento, comedores, los miembros de la Comisión pudieron ingresar a las celdas y hablar con los detenidos. Para este medio, recordaron que la Alcaidía fue creada con el fin de ser un lugar de tránsito para los detenidos. Pero su objetivo está sobrepasado porque «hoy está convertida en una cárcel, porque hay internos que llevan más de un año sin condena y con procesamientos larguísimos».
Seguimos afanando de ese medio, al que los integrantes de la Comisión de nombre largo contaron todo lo que vieron: el edificio cuenta con los mínimos requisitos para alojar a los detenidos, y una situación de hacinamiento desde el momento que se detectó que en una celda de 3 x 3 metros hay alojadas 8 personas en 4 camas cuchetas.
«Los internos tiene(n) todas las colchas de abrigo rotas, los colchones en el peor estado, cochones de goma espuma totalmente inapropiado para un lugar de encierro», dice el comunicado de Cobos.
En diálogo con Nuevo Diario, la referente de Derechos Humanos sostuvo que los internos se quejan por la falta de acompañamiento y de acción de los miembros del Poder Judicial jueces de garantías, defensores oficiales, procesos demasiados largos y falta de información sobre el trámite de cada procesado. Incluso hay situaciones en las cuales no ven a su defensor oficial «nunca», o «solo una vez». «Tampoco el Poder Judicial está accionando y trabajando como corresponde y así tampoco va a descomprimir la situación», afirmó Cobos.
Otro de los temas que pudieron ver es que mucho de los detenidos no tienen contacto con sus familiares y algunos tienen mayor complicación porque son extranjeros. Entre ellos hay una persona de Bolivia «que se quejó de que sus familiares no saben que está detenido».
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