Osvaldo Geres, docente de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la U.N.Sa., repasa el conflicto que cumplirá un mes de duración el próximo 10 de noviembre y denuncia cómo las autoridades de la universidad utilizan canales de difusión oficiales para hacer de los que reclaman, un “otro” monstruoso. (Osvaldo Geres)
Desde el día 10 de octubre, tras una serie de medidas enmarcadas en una clara política de ajuste presupuestario, entre las que se configuró como un detonante la suspensión de la mitad de los sueldos a 4 docentes y la promulgación de la Res. N° 340/13 del Consejo Superior, mediante la cual se suspendían los concursos aduciendo un supuesto “rojo” en los números de la Facultad de Humanidades -cuya cifra fue y vino de los 400 mil al millón de pesos-, un nutrido grupo de estudiantes y docentes emprendieron la toma de las oficinas del Consejo ante la negativa del oficialismo de dar quórum para tratar la problemática, lo que culminó al día siguiente con la toma de las oficinas del Rectorado. Paulatinamente, demostrando que la política de recortes de la gestión Claros no afecta solamente a los estudiantes y docentes de Humanidades, se sumó a la medida personal de apoyo universitario -sobre quienes había recaído días antes una resolución con similares características que disolvía las categorías más altas para transformarlas en categorías más bajas- y estudiantes y docentes de otras facultades. A los pocos días, la toma contaba oficialmente con el apoyo de los gremios de ADIUNSa, APUNSa y FUSa, además de la CONADU Histórica y la adhesión de estudiantes de otras universidades. Al reclamo inicial por la derogación de la Res. 340/13, se sumó luego un pliego de reivindicaciones mucho más amplio: mejoras en la infraestructura y funcionamiento del comedor universitario, ampliación de la cantidad de becas, apoyo del Rector a los reclamos sobre el boleto estudiantil y mayor coherencia en la distribución del dinero destinado a los sueldos (el rector goza de 43 mil pesos mensuales y un docente auxiliar de 1º categoría con dedicación simple percibe nada más que 1.400).
Las autoridades de la Facultad de Humanidades, por su parte, al considerar ilegítima la acusación de la existencia de faltante de dinero sin previa auditoría, consideró estos recortes y la serie de acusaciones de parte de las autoridades rectorales y demás decanos como una arremetida de tinte político, al ser la única Facultad no oficialista en la Universidad. Para el funcionamiento 2013, el Consejo Superior asignó la misma cifra del año anterior a la Facultad de Humanidades, sin tener en consideración los aumentos salariales aprobados por paritarias ni los vinculados a aumentos de antigüedad. Para el 2013 el Consejo Superior con mayoría propia del oficialismo asigno la misma cifra sin considerar los aumentos salariales aprobados por paritarias ni los vinculados al lógico incremento de la antigüedad. Por ello resulta inaceptable los intentos del Consejo Superior de intervenir la autonomía de la Facultad de Humanidades y de plantear la lucha de los docentes como un simple problema de oposición política ocultando así el recorte que se pretende infringir sobre la planta docente y la precarización existente en relación con los cargos y las dedicaciones.
Para el 2013 el Consejo Superior con mayoría propia del oficialismo asigno la misma cifra sin considerar los aumentos salariales aprobados por paritarias ni los vinculados al lógico incremento de la antigüedad. Por ello resulta inaceptable los intentos del Consejo Superior de intervenir la autonomía de la Facultad de Humanidades y de plantear la lucha de los docentes como un simple problema de oposición política ocultando así el recorte que se pretende infringir sobre la planta docente y la precarización existente en relación con los cargos y las dedicaciones.
La medida fue contundente: si rectorado propuso entonces realizar una auditoría interna que compruebe el faltante en las arcas de Humanidades, la Facultad consideró y solicitó que la misma fuera llevada a cabo por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), ante la cual el rector deberá dar cuenta de situaciones que generan algunas dudas, como la existencia de un plazo fijo por 14 millones de pesos en Banco Patagonia sin autorización del Consejo Superior.
El “otro” monstruoso.
La crisis por la que atraviesa la UNSA no debe ser apartada de un problema más general de las instituciones y la disconformidad con el modelo económico y político reinante. El claro perfil economicista de la actual gestión -el que quedó evidenciado reiteradas veces en las declaraciones del Vicerrector Miguel A. Bosso, quien sostuvo en un medio local que “primero hay que tener financiamiento, y después está la cuestión académica”-, se sostiene en un modelo de sociedad en la que la manifestación ciudadana es relegada al sólo funcionamiento de las instituciones oficiales. La expresión ciudadana, que puede considerarse desde la noción de indignación, se inscribe no solamente en la lucha por cambios significativos del modelo educacional y la crítica a cómo se gestionan otros aspectos del sistema social y político, sino también en una reconfiguración del ciudadano y de su rol en el sistema político. Así, el método de la movilización -protesta callejera, performances de intervención de espacios públicos, paros docentes, toma de establecimientos educacionales, etc.- representa un cambio significativo en la visión sobre la expresión pública del desacuerdo y la reivindicación de derechos.
Formados en tradiciones académicas muy diferentes, la lectura que efectúan los decanos de las otras facultades, el rector y el vicerrector son diametralmente opuestas. En este tono, el decano de la facultad de Ciencias Exactas, Carlos Puga, apeló a la genética para aducir -en un medio local- que los manifestantes tendrían un “gen” que los arrastraría al desorden, mostrando cierta preocupación por cómo los mismos deberían haber “evolucionado”, argumentos que remiten a las teorías nordicistas sobre el otro social y biológico y desconocen los debates actuales sobre las implicancias de afirmaciones de este tipo. En la misma tónica se manifestaron los otros decanos y la Presidenta del Consejo de Investigaciones de la universidad (CIUNSa), haciendo uso de un canal de comunicación institucional como lo es la red de distribución de correos electrónicos “todosunsa”. Por su parte, en la facultad de Ciencias de la Salud aparecieron afiches -todos de una misma letra- con la consigna “no queremos anarquistas en la UNSA”.
El recurso de la violencia se hizo presente desde el primer día de la toma, en que el secretario general Ing. Ricardo Falú acudió a las instalaciones del edificio Central con una escribana a efectos de recabar los nombres de los manifestantes. La medida, si bien preocupa, no sorprende, pues existe el antecedente del pedido de los nombres del personal de apoyo universitario que adhirió al último paro que se efectuó desde el gremio de APUNSA. Con el correr de los días, surgieron amenazas e intentos frustrados de conformar movilizaciones en contra de la Toma, para lo cual se llegó a contratar a jóvenes de las hinchadas de Central Norte para acompañar a las personas que se manifestaron a pedido de los decanos en claro apoyo al rectorado. Ante la inminente llegada de la “contra-marcha”, 300 personas respondieron con un rotundo silencio, abriendo sus libros y carpetas en una clara muestra del sentido pacífico de la toma.
Ante la negativa de las autoridades de acceder al diálogo en óptimas condiciones, el día 25 de octubre se efectuó una marcha por el centro de la ciudad con el apoyo de más de 700 personas. Transcurridos veinte días, las reivindicaciones de los asambleístas siguen en pie pese a los continuos intentos de las autoridades de desprestigiar la movilización mediante la demonización. La nota de color del día 20 de la toma fue sin dudas la amenaza del Secretario General de desalojar a los manifestantes mediante el uso de Gendarmería Nacional y la judicialización de la protesta. No queda claro si las autoridades entablarán una denuncia formal al decanato de Humanidades, a los gremios participantes o a cada uno de los miembros de la toma, para lo cual deberán seguramente recurrir nuevamente a las listas de nombres a efectos de identificar a cada uno de los estudiantes, docentes y personal de apoyo. La Toma, sin embargo, no muestra síntomas de disolución, tal vez bajo el claro entendimiento de que sus reclamos no representan pedidos irrealizables.
