Mientras el ejecutivo impulsa la modificación de la estructura previsional de magistrados y diplomáticos, hay quienes se oponen a renunciar a sus privilegios.
Luego de que magistrados, fiscales y ahora diplomáticos se opusieran fervientemente a las modificaciones jubilatorias que impulsa el ejecutivo nacional, comenzaron a aparecer algunas cifras que descolocan a más de uno. Al parecer, hay dentro de este universo quienes no quieren despegarse de sus privilegios.
Por ejemplo, los sueldos actuales (sobre los que cobrarían el 82%) varían: un juez de cámara cobra $339.000 en mano y un juez federal casi 600.000 de bruto. En el último caso, según explicaron voceros del gobierno, pasarían a cobrar $560.000 con los nuevos cambios.
Con la nueva fórmula, los aportes adicionales pasarán del 11% al 18%, o sea, un 7% más. Y ya no se jubilarán con el 82% móvil, sino con el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, esto es, de los últimos diez años.
Según la estimación oficial, el régimen de privilegio genera un desequilibrio de financiamiento cercano a los 11.000 millones de pesos anuales, con una proyección que se incrementa hasta 2040.
