La constructora que se niega a pagar casi $7,5 millones por proyectos y diseños arquitectónicos tiene banca en los estrados judiciales. El juzgado acéfalo que entiende en la causa declaró la caducidad del proceso por pedido de la madre de Nicolás Fili, una integrante del Colegio de Magistrados y ex fiscal de la provincia. (Nicolás Bignante)
Tal como publicara Cuarto Poder en su edición del 28 de febrero pasado, los representantes del poder judicial y político en Salta tienen quien les construya. Con el auspicio de magistrados y funcionarios, la constructora Grinfil Desarrollos levanta edificios contratando a profesionales a los que después no les paga. Uno de los demandantes asegura que la firma le debe $7,5 millones por cinco proyectos dirigidos oportunamente, de los que Grinfil hizo uso para luego propiciar el robo de propiedad intelectual por parte de otros profesionales. En resumen, la empresa no sólo se apropiaba del trabajo ajeno, sino que, además hacía figurar a otras personas como autoras del mismo.
El expediente judicial constituido por estos hechos reposa en los despachos del juzgado N°9 en lo Civil y Comercial, y todo indica que así seguirá siendo. Además, de la acefalía en la que está sumido ese juzgado, las pocas actuaciones que hasta ahora tuvieron lugar dan cuenta de la influencia de los nombres involucrados. Además del abogado Nicolás Fili, apoderado y encargado de llevar adelante todos los trabajos y negociaciones de Grinfil, se encuentran demandados su padre Ángel Fili (socio de la firma), su hermana Natalia Lorena Fili y su madre Nancy Clyde Jozami. Las dos últimas figuran en calidad de codemandadas por ser propietarias de uno de los proyectos en pugna: los dúplex de Las Margaritas y Los Almendros. El desarrollo ubicado en Tres Cerritos cuenta con dos unidades funcionales de 237,27 m2 y una de 201 m2 de superficie construida. Las casas están dispuestas en lotes de 11 metros de frente y de 180 m2 cada uno.
De allí que a los demandantes de la empresa les haya llamado poderosamente la atención el hecho de que, tanto Jozami como Natalia Fili, hayan solicitado en la justicia la caducidad de instancia, alegando desconocer la existencia del juicio enterándose por medio de un informe que solicitaron en Mesa de entrada de expedientes civiles de tribunales. Pero más llamativo aún fue el fallo de fs. 302 del juzgado civil y comercial, que da lugar al pedido de las codemandadas y que podría hacer que todas las actuaciones caigan en saco roto.
La acefalía del juzgado Civil y Comercial N° 9 no es un asunto menor. La jueza Guadalupe Valdés Ortiz dejó vacante el lugar hace aproximadamente tres años, cuando la causa contra Grinfil recién iniciaba. Recientemente se conoció que la firma de la magistrada fue falsificada para concretar la cancelación fraudulenta de un plazo fijo de 300 mil dólares correspondientes al sucesorio de Vanja Dvornik, pese a que la mujer no había designado herederos. Hasta el ex juez de la corte Arturo Puig se vio involucrado en el escándalo por haber sido quien detectó el faltante en la cuenta. Al día de hoy, tres personas se encuentran detenidas por la millonaria estafa, entre las que figuran dos altos cargos del Banco Macro.
En un recurso de apelación presentado por la parte demandante se da cuenta de las arbitrariedades procesales en las que incurrió el juzgado acéfalo, como así también de la escasa solidez argumentativa de los integrantes de la familia Fili. La ausencia de un juez definitivo, no sólo dilató el proceso, sino que además devino en una serie de irregularidades como el hecho de que los demandantes se enteraban de quién era el juez interino una vez que los fallos ya estaban escritos. En términos jurídicos esto se denomina arbitrariedad sorpresiva.
Pero al margen de la situación del juzgado, no está de más recordar quiénes son los actores involucrados y qué vínculo guardan con el poder judicial. Nancy Clyde Jozami de Fili, además de esposa del socio gerente de Grinfil, madre del apoderado de Grinfil y propietaria de uno de los proyectos en disputa, es integrante del Colegio de Magistrados, fue fiscal en lo Civil, Comercial, Laboral y Administrativo, y guarda estrecha relación con integrantes del consejo de la magistratura. Este órgano, por cierto, es el que debe resolver qué magistrado asume en el cargo que dejó vacante Valdés Ortiz.
A lo largo de los últimos tres años, hubo sucesivos pedidos de traslado de demanda, algo que también fue señalado por los demandantes para recusar el pedido de caducidad. Pese a que no hubo objeción alguna por parte de la familia Fili, el juzgado resolvió no hacer lugar al pedido. El tribunal ocupado interinamente por la Dra. Fernanda Aré Wayar, dio curso al pedido de caducidad de las codemandadas entendiendo que estas podían no estar al tanto del proceso que se seguía en su contra.
En el recurso de apelación se destaca que: La firma GRINFIL SRL hizo firmar los planos a nuestro mandante -como responsable de la Dirección Técnica- y a su vez fue representada por su socio Gerente Gabriel Alejandro Grinblat, es decir que actuó como mandatario de FILI, Ángel. No debemos perder de vista que GRINFIL SRL al actuar como mandatario de Nancy Clyde JOZAMI de FILI, FILI, Ángel y de FILI, Natalia LORENA lo hizo en los términos del art. 1319 del CCCN “El mandato puede ser conferido y aceptado en forma expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación aun sin mediar declaración expresa sobre ella».
La estrecha relación entre los integrantes de la familia Fili, la constructora Grinfil y el colegio que aglutina a los magistrados de la provincia hacen sospechar que no habrá novedades al menos en el corto plazo. Resta saber si el consejo de la magistratura pondrá al frente del juzgado en lo Civil y Comercial N° 9 a la persona más idónea o si, por el contrario, primarán los nexos y contactos con el poder que históricamente reinaron en la provincia de Salta.
