Por tradición ideológica o por simple oportunismo, la derecha ostenta un aprovechamiento indecoroso del dolor ajeno. Tras el asesinato del subcomisario Pistán, sus principales referentes en Salta reflotaron el falso debate por las pistolas Taser.
El asesinato del subcomisario Manuel Pistán en la localidad de El Galpón trajo aparejada una serie de manifestaciones demagógicas y oportunistas por parte de los referentes de la derecha salteña. A pesar de carecer de elementos para llevar adelante el debate más allá de lo emocional, desde el saenzismo y Juntos por el Cambio reflotaron la discusión sobre el uso de pistolas Taser en la policía.
El vicepresidente 1° de la cámara de diputados Ignacio Jarsún, disparó: «Lamento mucho que no dispongan de las pistolas taser para estas situaciones, quizás esto se hubiese evitado». Posiblemente el legislador no estaba al tanto de que la agresión a Pistán fue en banda y que la utilización de las pistolas de electroshock de un sólo disparo poco y nada hubiera aportado a disipar al resto de los atacantes.
Por su parte, el diputado nacional del PRO Martín Grande escribió en redes sociales: «Sin Taser por argumentos ideológicos y por no disparar con su pistola reglamentaria por temor a terminar preso por una causa de abuso policial, hoy perdemos a un gran funcionario».
Lo que Grande tal vez ignora es que, en 2019, Patricia Bullrich compró cien pistolas Taser a la empresa Axon, a un valor de casi 900 dólares cada una, más mil cartuchos operativos de 20 dólares cada uno y 600 de capacitación, más los elevados impuestos aduaneros. En Argentina hay alrededor de 250 mil efectivos policiales y en Salta 11 mil, por lo que dotar a un porcentaje considerable de efectivos implicaría un desembolso millonario que la provincia no está en condiciones de hacer.
Finalmente se expidió el diputado por Rosario de la Frontera Gustavo orozco, quien sostuvo: «Lamentablemente una vez más un policía es víctima, no de jóvenes como leí, sino de delincuentes que encuentran su impunidad en los derechos humanos», al tiempo que aseguró que «se perdió el respeto por la autoridad policial».
Lo que el diputado omite decir es que, en buena parte, es responsable del descrédito y la falta de autoridad que recae sobre la institución policial, ya que junto a otros efectivos se encuentra imputado por vejaciones y torturas agravadas. Recientemente se conoció que el tribunal de impugnación rechazó un planteo de caducidad de la causa que había realizado la defensa del legislador.
