El miércoles pasado, el Poder Ejecutivo envió al Congreso una ambiciosa «ley ómnibus» de reforma del Estado, camuflada bajo el rimbombante nombre de «Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos». Sin embargo, bajo este título grandilocuente, se esconde una serie de cambios, especialmente en materia de género, que resultan alarmantes y regresivos.
Entre los 664 artículos de este extenso documento que tras los ocho días estipulados por ley, ya se encuentra en vigencia, se introducen modificaciones simbólicas, pero de un peso significativo. Un ejemplo claro es la propuesta de cambios en la Ley de 1000 Días, cuyo objetivo original era fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y personas gestantes, así como de los niños y niñas en la primera infancia. Sin embargo, la nueva redacción propone cambiar el enfoque, centrándose en «madres en situación de vulnerabilidad» y «niños desde el momento de su concepción hasta los tres años». Este cambio no solo excluye otras identidades de género con capacidad de gestar sino que también desdibuja la perspectiva de derechos humanos y de género que debería prevalecer.
La «Ley Micaela», una ley que busca la capacitación en perspectiva de género para todo el personal que trabaja en el Estado, también se ve afectada por esta «ley ómnibus». El proyecto del Ejecutivo propone limitar esta capacitación solo a «las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia». Además, la autoridad de aplicación se traslada al Ministerio de Capital Humano. Estos cambios amenazan con desmantelar los avances logrados en la sensibilización y concientización de la perspectiva de género en la administración pública.
Es inaceptable que, bajo el pretexto de una «reforma del Estado», se introduzcan cambios que socavan los derechos conquistados por las mujeres y diversidades. Al cambiar palabras y enfoques, se está desdibujando la atención integral de la salud de mujeres y personas gestantes, así como la importancia de la capacitación en perspectiva de género. Esta «ley ómnibus» representa un paso atrás en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
En este contexto, resulta fundamental que la sociedad y la oposición estén alertas ante estos retrocesos y exijan la defensa irrestricta de los derechos y la igualdad de género. El debate parlamentario será crucial para frenar esta embestida regresiva y garantizar que ninguna «ley ómnibus» menoscabe los avances en derechos y equidad que tanto esfuerzo ha costado conseguir.
