Japón enfrenta la mayor reducción de reservas de petróleo crudo de su historia, tras la decisión del gobierno de Sanae Takaichi de liberar más de 80 millones de barriles en respuesta al bloqueo del Estrecho de Ormuz y la escalada bélica en Medio Oriente.
La medida busca contener precios internos y garantizar el suministro en un país que depende en más del 90% de las importaciones de crudo de esa región.
La primera ministra Sanae Takaichi anunció el 11 de marzo que Japón liberará reservas estratégicas de petróleo a partir del 16 de marzo de 2026, en una acción unilateral sin esperar la resolución de la Agencia Internacional de Energía (AIE). La decisión responde al bloqueo del Estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte de crudo desde Medio Oriente, afectada por enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos.
El plan contempla liberar primero 15 días de reservas privadas y luego 30 días de reservas nacionales, lo que equivale a unos 80 millones de barriles, cerca del 20% de las reservas totales. Japón contaba con reservas para 254 días de consumo (470 millones de barriles), pero la medida reduce la obligación legal de almacenamiento de 70 a 55 días para las empresas importadoras y refinadoras.
El gobierno busca mantener el precio promedio de la gasolina en torno a 170 yenes por litro, aplicando controles también sobre derivados como queroseno y petróleo ligero. La liberación de reservas pretende amortiguar el impacto en la economía doméstica, en un país altamente vulnerable a las tensiones internacionales por su dependencia energética.
La decisión japonesa se inscribe en un contexto global: la AIE acordó liberar 400 millones de barriles de reservas de emergencia entre sus 32 países miembros. Para Japón, la medida refleja la prioridad de seguridad energética y la necesidad de actuar con autonomía frente a la incertidumbre regional. El mensaje político es claro: Tokio no puede esperar consensos internacionales cuando su economía y estabilidad social dependen de un suministro que hoy está en riesgo.




