Un sector del Colegio de Abogados impulsa un proyecto de ley para que los nuevos profesionales no puedan matricularse en caso de tener antecedentes penales. La normativa que regula la profesión data del año 1979, pero la coyuntura actual y una serie de casos testigo podrían justificar el pedido.
Jerson De Cecco
El próximo martes podría darse en el seno del Colegio de Abogados una reunión clave para avanzar en un proyecto de ficha limpia para profesionales matriculados. La iniciativa podría ingresar a la legislatura provincial y convertirse en ley, tal como ocurrió con el proyecto que impulsó el oficialismo en 2021 y que impide postular a cargos públicos a ciudadanos con condenas en segunda instancia.
De esta forma, los jurisconsultos salteños se sumarían a una lista de actores que no podrán ejercer su profesión en caso de contar con marcas en su prontuario. Un precedente cercano es el debate en torno a la ficha limpia para docentes de escuelas provinciales, que obtuvo la sanción de la cámara baja en 2021.
Entre los motivos que esbozan los precursores del proyecto está, por un lado, la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en la institución; pero también, el creciente número de hechos delictivos que involucran a profesionales del derecho salteño. La ley que regula el funcionamiento del cuerpo colegiado data del año 1979 y, entre otras cosas, no contempla la infiltración gradual en los últimos años del delito organizado en distintos estamentos del poder. Esto ya había sido advertido años atrás por la Procuración General de la provincia, cuando se debatió la ley de ficha limpia para acceder a cargos electivos provinciales y municipales.
Actualmente, la legislación exige a los nuevos letrados una serie de requisitos para acceder a la matrícula. Además de una nota dirigida al Presidente del Colegio solicitando la inscripción y declarando no ejercer cargo incompatible con la profesión, los profesionales deben presentar I) Certificado legal de antecedentes extendido por la Policía correspondiente al domicilio real que figure en el documento Nacional de identidad y II) Certificado del Registro Nacional de Antecedentes Penales (Ambas Constancias sin excepción).
Estas exigencias formales, en los hechos, no son impedimento para que año a año accedan al cuerpo colegiado profesionales con pesados antecedentes personales. Robo, estafa, narcotráfico y tenencia de armas son algunas de las figuras penales frecuentemente asociadas a profesionales de las leyes.
Cooptación de las instituciones
Una explicación posible a este fenómeno tiene que ver con la expansión de las redes delictivas y su paulatina inserción en los círculos de poder. Durante el debate legislativo por la ley de ficha limpia para candidatos a cargos electivos, el procurador Pedro García Castiella propuso incorporar los delitos asociados al narcotráfico y al lavado de activos al artículo 1 de la ley N° 8275. Entre los argumentos vertidos se destaca que la sanción de la norma “implica un freno a uno de los mecanismos utilizados por el narcotráfico para intentar infiltrar estamentos del Estado, para luego avanzar con la infiltración del sistema político”.
García Castiella explicó por entonces que la iniciativa legislativa propone “abordar con mayor profundidad y fundamentación las preocupaciones cruciales asociadas a la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Salta, que ha pasado de ser una mera hipótesis para convertirse en una probabilidad cruda y cierta, impactando en la seguridad y paz ciudadana y de manera preocupante en las instituciones”.
Como producto de aquella intervención, en el inciso G de la norma, se establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure el doble de la condena por delitos de tráfico de estupefacientes previstos en la ley 23737, en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24 y 29 bis y 44 bis y sus respectivos agravantes, además los enumerados en los otros incisos ya sancionados.
La docencia como antecedente
En 2022, en un intento de Juntos por el Cambio por dar un golpe de efecto a nivel parlamentario, se impulsaron en todo el país proyectos para exigir antecedentes cero a docentes de la administración provincial. En Salta, la encargada de llevar la iniciativa a sus pares fue la multifacética Laura Cartuccia (PRO). A la hora de argumentar el proyecto, la legisladora sostuvo que era “imprescindible para recuperar la confianza pública en las instituciones” y para “que la política y la función pública no sean un medio para delinquir”.
Por su parte, la legisladora macrista Silvia Lospennato hizo lo propio en el Congreso de la Nación y, en una sesión, pidió un apartamiento del reglamento para tratar el proyecto, algo que no prosperó. Cartuccia y Lospennato recogieron la idea del autodenominado “movimiento ciudadano ficha limpia” que puja por la ley en todo el país elogiando a sus adherentes y señalando a legisladores que se oponen a ella.
También García Castiella, emitió un dictamen pronunciándose a favor: “la sanción de la ley fue la consecuencia de una necesidad y demanda social dirigida a concretar un cambio de paradigma en materia de lucha contra la corrupción, como así también la integridad e idoneidad de aquellos que aspiren a ocupar funciones en la vida democrática de una organización social, demanda imperativa si las hay, de nuestra sociedad contemporánea”, sostuvo.
El jefe de fiscales argumentó que la “segunda instancia” reconoce “la garantía infranqueable del derecho a la “doble instancia” en materia penal a favor del imputado, “derecho que se encuentra en lo más alto del ordenamiento jurídico”.
Más recientemente, la directora de Enlace Legislativo e Institucional del Ministerio de Educación de Salta, la olmedista Julieta Perdigón, explicó: “La persona que ha cometido estos delitos va a quedar fuera del sistema por cinco o por diez años. Pasado este tiempo puede volver a ingresar al sistema y sobre esto vamos a trabajar”.
Boga-chorros: Un caso reciente
A fines de julio, dos abogados del fuero local fueron detenidos tras una denuncia por robo presentada por otros letrados. Los profesionales Federico Stengurt Rizzi y Marina Cayo López se encuentran alojados en la alcaidía desde entonces acusados de reventar y vaciar un estudio jurídico.
De acuerdo al relato de los denunciantes, el 14 de mayo de este año alrededor de las 20.30 hs. los acusados ingresaron a las oficinas del estudio ubicado en Alsina 1150. Una de las detenidas (Marina Cayo López) había trabajado en ese local junto a otros colegas del fuero salteño, pero decidieron apartarla por “actitudes que no se condicen con la actividad del estudio”.
Desde ese momento, aducen las víctimas, comenzó su malestar. La noche del 14 de mayo ingresaron al estudio, forzaron las puertas de las oficinas y se llevaron notebooks, impresoras, documentación personal y de clientes, entre otras cosas. También reventaron la habitación del encargado de seguridad, quien pernocta en el edificio, y se llevaron objetos personales.
Desde el pasado 21 de julio se encuentran alojados en la alcaidía. El abogado Federico Stengurt Rizzi tiene, además, dos causas pendientes por robo a mano armada y tenencia de estupefacientes. Al momento de su detención se encontraba con prisión domiciliaria. El resonante caso ya está en conocimiento del Colegio de Abogados, por lo que da casi por sentado que no podrán volver a ejercer la profesión.
