Un informe de Auditoría publicado en 2013 advertía de un posible fraude económico de varios municipios. Hasta diciembre del 2014, el expediente seguía pasando de mano en mano sin consecuencias para los señalados. Información escondida y burocracia cómplice que impide castigos a funcionarios sospechados. (Federico Anzardi)
¿Cómo es que un informe lapidario no trasciende y es gambeteado olímpicamente durante cuatro años por la burocracia provincial que debería elevarlo a la Justicia? Un fraude millonario y un daño ambiental inevitable podrían ser las consecuencias de los malos manejos de varios municipios. Y nadie hace nada.
El 22 de octubre de 2012, la Auditoría General de la Provincia emitió un informe sobre el convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Salta que promovía contrataciones, ejecución, seguimiento y monitoreo de obras en distintos municipios. Se trataba, básicamente, de la instalación de rellenos sanitarios para el depósito de basura. El estudio abarcaba los períodos 2008 y 2009 y revelaba pésimos manejos de los fondos y una gran desidia en las obras, lo que podría acarrear contaminación profunda. Hasta diciembre de 2014 inclusive, el expediente estaba perdido en un mar de burocracia.
La conclusión del informe aseguraba que los hallazgos reseñados admitían suponer “la existencia de un posible daño patrimonial al fisco”. En consecuencia se solicitaba que se procediera a realizar una investigación preliminar sumarísima (prevista en la Ley Nº 7103) “a fin de iniciar las acciones administrativas y judiciales (civiles y penales) que pudieran corresponder”.
El informe, por su antigüedad, queda muy atrás en la lista de auditorías publicadas en la página del organismo (agpsalta.gov.ar). Investigando un poco se puede encontrar su versión online. Se desprenden dos hechos por ahora inexplicables: el tiempo pasado sin acciones contra los responsables, a pesar de la dura conclusión; y una falta notoria de páginas. Curiosamente, las que comprueban las irregularidades y muestran los montos del fraude.
Cuarto Poder pudo acceder a las cifras que representan el deterioro, y comprobó que las mismas ascienden a un total de $1.749.509,36. Se trata del monto que suman las irregularidades de doce municipios, sobre un costo de obra de $4.828.007,81. Además, este semanario analizó el tránsito burocrático del expediente: hasta el 22 de diciembre de 2014, el documento seguía siendo enviado y reenviado de manera interna en la Auditoría General de la Provincia, sin que nadie autorizara las investigaciones sugeridas en el informe.
Las pruebas están hace años, la ley ampara la investigación, pero no hay consecuencias.
Lo que se esconde
Para todas las obras debía celebrarse un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo y cada Municipio, en el marco del Convenio de Préstamo, celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Salta y el Banco Interamericano de Desarrollo. Dicho convenio establecía las pautas generales y las obligaciones asumidas por cada una de las partes. Asimismo, en su artículo sexto, se establecía que “El Municipio se obliga a afrontar, con recursos propios, los gastos que demande el mantenimiento de las obras. En caso de incumplimiento de esta obligación, el mantenimiento será efectuado directamente por la Provincia, con cargo al Municipio, pudiendo aquella descontar de la coparticipación de impuestos asignada al Municipio, los gastos en que hubiere incurrido para el mantenimiento de las obras”.
La auditoría estudiaba las obras realizadas en localidades divididas en doce sectores: Gral. Mosconi – Tartagal, Gral. Ballivián, Cnel. Solá (Morillo), Aguaray, Embarcación, La Unión, Rivadavia Banda Sur, Animaná – San Carlos – Cafayate – Tolombón, Hipólito Irigoyen – Pichanal, Colonia Santa Rosa, Isla de Cañas y Los Toldos. Todas presentaban deterioros detallados en los cuadros 13 al 25 del Anexo II del informe.
El documento, de más de sesenta páginas, incluye dos anexos. El primero, con las fotografías que muestran las irregularidades en los distintos municipios, está completo. El Anexo II, donde aparecen los recuadros de los importes faltantes, termina abruptamente, en el cuadro 12. Faltan los cuadros 13 al 25, precisamente los que indican, según el propio informe, la información de mayor importancia para demostrar los posibles daños patrimoniales.
Daños y desidia
En el informe se revelaban las irregularidades de cada obra auditada. Todas presentaban pésimas condiciones y hasta eran inaccesibles o se encontraban sin uso.
La obra de Tartagal-General Mosconi estaba sin uso al momento de su auditoría. Presentaba diversas fallas y un deterioro calculado en un 7%. En General Ballivián presentaba un deterioro del 49%. La de Coronel Juan Solá, 49%. La licitación que abarcaba las obras para Aguaray, Embarcación, La Unión y Rivadavia Banda Sur tenía un deterioro del 49%. En la de Animaná, Cafayate, Tolombón y San Carlos existe un deterioro del 10%. Colonia Santa Rosa tiene un cálculo de deterioro del 13%. Isla de Cañas, del 25%. Los Toldos, 24,9%. Al momento de la inspección, la obra proyectada para recibir los residuos domiciliarios de las localidades de Pichanal e Hipólito Irigoyen se encontraba en ejecución.
Todas las obras presentan problemas similares en distintos grados de importancia, provocados por la falta de mantenimiento y la nula utilización de los recursos. Faltas de cercos perimetrales, caminos intransitables, lugares inundados, basura arrojada sin control, derrumbes, incumplimientos técnicos, falta de senderos internos, mala ventilación, entre otros.
Cuarto Poder accedió a los cuadros faltantes, donde se comprueba que el porcentaje total de deterioro asciende a $1.749.509,36, que representa un 36,24% del costo total, de $4.828.007,81.
El recuadro 25 informa los montos de los deterioros detallados de las doce obras auditadas: Mosconi – Tartagal posee un deterioro de $59.663,12. Ballivián y Coronel Solá, $122.596,20 cada una. Aguaray y Embarcación, $286.524,72 cada una. La Unión y Rivadavia Banda Sur, $137.534,79 cada una. Animaná, San Carlos, Cafayate y Tolombón, $53.271,34. Colonia Santa Rosa, $16.616,11. Isla de Cañas $28.303,87. Los Toldos, $27.695,15. La obra de Hipólito Irigoyen y Pichanal no presenta cifras.
Nadie piensa en el ambiente
La posible defraudación fiscal es acompañada por la alarma sobre el daño ambiental que estos deterioros representan. El informe remarca que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se deben atender en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que se puedan producir. Agrega que las acciones que producen efectos dañosos y de carácter irreversible al medio ambiente están penadas por las leyes vigentes.
El texto aclara que cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. Indica que la falta de implementación de sistemas de gestión adecuados genera “inexorablemente” daños ambientales en muchos aspectos. “Los efectos negativos sobre el ambiente, que producen estas conductas, suelen ser percibidos a largo plazo, razón por la cual son subestimados en el presente. El pasivo ambiental que se genera hoy, inevitablemente generará un alto costo a largo plazo y probablemente sea irreversible desde el punto de vista ambiental”, advierte.
El informe recomienda diseñar e implementar un sistema de gestión, administrativo y técnico, cuyo objetivo sea el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente, poniendo especial énfasis en el control y seguimiento de la ejecución de emprendimientos. También incentivar las conductas tendientes a que se efectúen las denuncias sobre el mal diseño y/o funcionamiento de los emprendimientos citados, para que los organismos con competencia en el tema puedan actuar.
Sin embargo, hace años que el expediente está cajoneado. Casualmente, este congelamiento beneficia a los señalados como responsables: los funcionarios.
