El actual secretario de Cultura y Turismo de la ciudad de Salta, Fernando García Soria, fue imputado por la jueza Servini por haber presuntamente direccionado la contratación de una empresa de publicidad durante la era Macri.

 

La jueza María Servini procesó sin prisión preventiva a ex funcionarios del Consejo Federal de Turismo del gobierno de Mauricio Macri, entre los que se encuentra el actual secretario de Cultura y Turismo municipal, Fernando García Soria. En la misma resolución se dictó el procesamiento de dos empresarios que estuvieron involucrados en la maniobra de corrupción investigada.

Curiosamente, el diario de la famiglia se hizo eco de la noticia en su edición de este viernes, pero eludió olímpicamente toda alusión al actual funcionario de la gestión bettinista que, al momento de los hechos investigados, se desempeñaba como subsecretario de Promoción Turística de la Nación.

Los hechos:

En 2016 -cuando el ministro de Turismo era el cordobés Gustavo Santos– se decidió a través del Consejo Federal de Turismo (CFT), la realización de una campaña publicitaria por radio para promover distintas localidades de todo el país durante la Semana Santa. Se contrató a una empresa de forma directa para que distribuyera la pauta en las radios y a la compulsa de precios se invitó a otras dos. Se determinó que las tres empresas -”Team Media”, “Publicidad 10″ y “80/20 Marketing & Publicidad”- estaban relacionadas entre sí, por lo que para los investigadores judiciales no hubo una real competencia. Y se direccionó la contratación.

El caso se abrió por la denuncia que en 2018 había hecho el empresario de medios dedicados al turismo Gonzalo Yrurtia ante la Oficina Anticorrupción que por entonces encabezaba Laura Alonso. En 2018 la OA pidió informes al CFT. Pero recién en 2022 cuando la OA estaba a cargo Félix Crous -que renunció hace unos días- se formalizó la denuncia penal luego de la investigación preliminar.

La denuncia le tocó a la jueza Servini quien le delegó la investigación al fiscal Federico Delgado. El fiscal pidió la indagatoria de los imputados porque determinó que se cometieron dos delitos: el de negociaciones incompatibles con la función pública y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia de la OA señalaba que: “Pese a que la contratación se habría instrumentado conforme lo previsto por el reglamento interno del C.F.T., art. 10 inc. “c”, sobre contratación directa por razones de urgencia o emergencia, a lo largo del trámite del expediente no se hace referencia alguna a dicha normativa. No surge del mismo por qué Ovejero eligió a las tres empresas implicadas y no a otras, ni tampoco surge el medio por el cual se les solicitó que informaran presupuesto. 

Ninguno de los tres presupuestos presentados por las empresas exhibe diferencias significativas, solo se diferenciaban en el monto final presupuestado, con claras similitudes en la redacción de las planillas y que, aunque no surge que se haya requerido específicamente que se empleen pautas radiales, los presupuestos se centraron en ese medio. Entre las similitudes resaltadas, destaca en las planillas de “Team Media” y “Publicidad 10″ mismas fechas y error de escritura respecto del cliente, que figura como “Cosnejo Federal de Turismo”. En ambas ofertas cometieron el mismo error de tipeo.

García Soria fue citado a declarar y negó los hechos, sin embargo, en el acta de procesamiento al que accedió Infobae queda expresado que: “El vínculo y el interés por parte de los funcionarios mencionados con las firmas puede apreciarse no solo de los vínculos a través de redes sociales, sino por el hecho de las similitudes entre las planillas de precios aportadas, montos y errores de tipografía”.