El municipio vallisto fue el escenario de un insólito récord: Con menos de 24 horas de diferencia fueron condenados por hechos de corrupción el actual intendente y su sucesor. ¿Saludable coincidencia o timing judicial envidiable?

La justicia salteña encierra un sinfín de antagonismos y vaivenes. Mucho se ha remarcado en los últimos años que las investigaciones que tienen como protagonistas a representantes del poder político nunca llegan a buen puerto. Sin embargo, cuando se trata de dirigentes marginales, que no mueven el amperímetro del poder, el sistema judicial pone cuarta y se muestra inflexible.

En los últimos días se conocieron nuevas actuaciones contra jefes comunales que no gozaron de los privilegios de sus pares, también condenados, como Manuel Cornejo (Campo Quijano) o Jorge Prado (Aguaray). Tal es el caso de la ex-jefa comunal de Isla de Cañas, Angelina Canchi, quien pasa sus días en una celda común de la cárcel de Orán por haber manejado las cuentas del municipio como si fueran sus finanzas personales. Y fue así también con el actual intendente de Animaná, José Rolando Guaimás, y su sucesor, Vicente Condorí, condenados ambos con apenas 24 horas de diferencia.

Fue una semana agitada para los habitantes del municipio que lleva el nombre de un vino en caja. En cuestión de horas, la justicia reveló que los últimos seis años de gobierno estuvieron teñidos de desmanejos y malversación de fondos públicos. A pesar de la condena, ninguno de los dos irá a la cárcel por tratarse de una pena de ejecución condicional. Eso si, ambos quedarán inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

“Robando” Guaimás

El peculado es definido como la apropiación indebida o desviación por parte de un funcionario público de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se le haya confiado. La definición encuadra perfectamente en los hechos juzgados el pasado martes por la jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio. José Rolando “Tata” Guaimás, intendente de Animaná, fue encontrado culpable del delito de peculado y condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua. Sin embargo, el mandatario seguirá en funciones hasta que esta sentencia quede firme.

Por otro lado, Romina Alejandra Guanca, una empleada municipal, también fue sentenciada por el mismo delito a una pena de dos años de prisión con suspensión condicional de la ejecución de la condena, además de recibir una inhabilitación absoluta perpetua.

La investigación se originó en 2020 después de una denuncia presentada por residentes del barrio García Basalo en la ciudad de Salta. Estos residentes observaron camiones pertenecientes a la Municipalidad de Animaná descargando materiales en la casa en construcción de la empleada municipal. También hicieron una denuncia adicional señalando que un albañil empleado por la municipalidad estaba supervisando la obra.

Durante la investigación, se descubrió que este albañil había estado trabajando para la municipalidad de Animaná desde 1992. El individuo explicó que en 2020 se encontraba en la ciudad de Salta debido a la enfermedad de su esposa. En ese contexto, el intendente le habría requerido que trabajara como albañil en la casa de la acusada desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde como condición para quedarse en la capital.

También el ex

Apenas un día después, el sucesor de Guaimás, Vicente Condorí, recibió una noticia similar. Dos años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos electorales fue la pena que le aplicó la justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En 2016, Guaimás convocó a Condorí para indagar sobre un subsidio enviado por Nación para la construcción de un CIC. Sin embargo, Condorí inicialmente negó cualquier conocimiento sobre la recepción de fondos por parte del municipio provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Posteriormente, Condorí reconoció la existencia de registros de retiros de dinero del banco y sugirió al denunciante una solución contable para evitar la exposición pública o una denuncia penal. Esta propuesta consistía en devolver el dinero y registrar que nunca había salido del municipio. No obstante, el intendente en funciones rechazó esta sugerencia. Finalmente, Condorí reintegró el dinero, pero las autoridades municipales de Animaná documentaron la situación.

En diciembre de 2020, el fiscal Leandro Flores, quien estaba a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en ese momento, presentó una solicitud para que se llevara a juicio a Condorí.

Condorí detalló que el dinero depositado en la cuenta del Banco Nación a nombre del municipio de Animaná estaba destinado a proyectos que implicaban la construcción de viviendas a cargo de una cooperativa, y la construcción de un CIC. El dinero faltante, aseguró se destinó a la compra de mobiliario. Según Condorí, cuando se dio cuenta de la confusión, realizó un depósito bancario de los $549 mil que faltaban, pero la tesorería de Animaná se negó a aceptar el depósito y exigió que el dinero fuera entregado en efectivo, por lo que lo llevó personalmente a la municipalidad.

Las viviendas que debían construirse quedaron incompletas y tuvieron que buscar financiamiento adicional del gobierno nacional para finalizarlas. En cuanto al CIC, el dinero recuperado había perdido gran parte de su valor debido a la demora.