El frustrado convenio entre la municipalidad y CECAITRA para la implementación de fotomultas volvió en forma de pliego licitatorio. La cuestionada empresa está tan segura de ganar que ni siquiera retiró los equipos instalados en 2021.
Nicolás Bignante
A más de un año de la caída formal del convenio entre el municipio capitalino y CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), se oficializó el pliego licitatorio para la puesta en funcionamiento de cinemómetros que detectarán y registrarán infracciones de tránsito. A pesar de tratarse de una convocatoria abierta, el contenido del pliego guarda sospechosas coincidencias con el decreto N° 248 publicado en junio de 2021 y que adjudicaba el contrato de manera directa a la mencionada empresa.
Las especificaciones técnicas, los equipos requeridos, las bases y las condiciones del pliego son, prácticamente, un copy-paste del frustrado Convenio de Cooperación en Materia de Seguridad Vial y Movilidad Ciudadana Sustentable, elaborado a la medida de CECAITRA. El intento de adjudicación irregular quedó sin efecto luego de una observación legal del Tribunal de Cuentas, a la que se sumaron fuertes cuestionamientos del concejo deliberante y de la ciudadanía en general.
Lo curioso es que desde septiembre de 2021, fecha en la que el acuerdo quedó trunco, la empresa CECAITRA no sólo no retiró los equipos que ya había montado en algunos puntos de la ciudad, sino que realizó instalaciones adicionales. En cualquier parte del mundo el desarrollo de un proceso licitatorio en ese contexto se interpretaría como un claro intento de direccionamiento, pero la realidad salteña tiene sus misterios.
La empresa que resulte ganadora (suponiendo que el asunto no esté resuelto de antemano) tendrá a su cargo la instalación, el mantenimiento y la puesta en marcha de la fábrica de multas por cuatro años, pudiendo acceder a una prórroga por otros dos años si es que existe una decisión expresa de la municipalidad.
Adjudicatarios no, socios si
El aspecto más sobresaliente y polémico del pliego es que no cuenta con un presupuesto oficial. Los montos a desembolsar se basan en un estimado de recaudación futura, dado que el contrato prevé que se le abonará a la empresa el 45% sobre la recaudación neta mensual en concepto de infracciones de tránsito.
Hay aquí varias cuestiones a considerar. En primer lugar, el texto no hace referencia a las infracciones detectadas por los nuevos dispostivos, sino a todas las infracciones de tránsito en general. Esto incluye aquellas en las que intervienen los agentes de la secretaría de Movilidad Ciudadana y que hoy forman parte de la estructura de recaudación municipal. Además de los ingresos por las nuevas fotomultas, el gobierno municipal deberá ceder el 45% de lo recaudado por otras infracciones. Técnicamente se trata de una resignación de fondos, a menos claro, que las proyecciones de recaudación a partir de la instalación de los nuevos «chiches» sean tan altas que permitan balancear la ecuación y que ambas partes salgan ganando.
Haciendo números
Según estimó el presidente del Tribunal de Faltas de la Municipalidad, Christian Abdenur, con la implementación de la nueva aparatología podría triplicarse la cantidad de multas en la ciudad de Salta. Actualmente, el promedio es de 200 infracciones leves por día, una cifra que podría elevarse a 600, disparando considerablemente la recaudación.
Tomando como referencia el último aumento de la Unidad Fija (UF), las multas por exceso de velocidad van desde los $12.000 a los $80.000, con la posibilidad de acceder al beneficio del pago voluntario por $6.000. El valor promedio para una multa por mal estacionamiento -la más frecuente de todas- ronda los $4000. Una infracción por falta de casco, en tanto, prevé un mínimo $12.000, un máximo $40.000 y un pago Voluntario de $6.000
Suponiendo que las 600 infracciones diarias proyectadas por Abdenur sean en su totalidad de carácter leve y que los infractores se adhieran masivamente al pago voluntario, la recaudación estimada mínima alcanzaría los $3.6 millones por día o $108 millones por mes. Todo eso, sin considerar faltas graves como alcoholemias positivas, circulación en contramano o uso prohibido de celular.
Más multas, más utilidades
Participar en las ganancias de un negocio es un privilegio al alcance de pocos. El esquema propuesto por el municipio en el pliego para el contrato de fotomultas, invita a los oferentes a constituirse en socios, en lugar de adjudicatarios. Tener asegurado un porcentaje de la recaudación empuja inexorablemente a la empresa a forjar un interés por el incremento de las infracciones, dado que a mayor recaudación, mayores ganancias.
Nuevamente, tanto la empresa como la Municipalidad, parten del supuesto de que aumentarán considerablemente las infracciones y que esa realidad se mantendrá por cuatro o seis años, algo que contradice el espíritu supuestamente disuasivo del proyecto.
El sentido común indica que, si se lograsen los objetivos presuntamente perseguidos (reducir la cantidad de infracciones y, por ende, la siniestralidad vial), el contrato dejaría de ser viable para las partes y debería rescindirse. Sin embargo, el artículo 21 del pliego establece que «si durante la vigencia del contrato, las ecuaciones de equilibrio económico y sustentabilidad del Proyecto se distorsionaran de tal forma que el mismo se tornara inviable para “LAS PARTES”, las mismas de común acuerdo podrán redimensionarlo o ajustarlo de acuerdo a las realidades circunstanciales que se produzcan». Pasando en limpio: Si por algún motivo la recaudación no cubre las expectativas de «las partes», se buscará la forma de hacer que los números cierren.
¿Pero cuáles serían esas formas?, ¿las empresas tienen algún grado de control sobre el número de infracciones que se pueden emitir? La evidencia a nivel mundial demuestra que si. La colocación de controladores en arterias donde las velocidades máximas permitidas no se ajustan a la realidad actual (y que nunca fueron revisadas) es una estrategia frecuente. De allí que la ubicación de los nuevos aparatos sea un aspecto crucial para la transparencia del proyecto.
El dilema de los «puntos críticos»
Según se desprende del pliego, la empresa adjudicataria deberá presentar un relevamiento realizado por personal especializado, detallando los lugares donde propone colocar las cámaras, y demás dispositivos. Estas zonas deberán tener estricta vinculación con los puntos considerados «críticos», en virtud de los informes realizados por la municipalidad. Si bien, estos puntos no están detallados en el informe, se detalla que la secretaría de Movilidad Ciudadana ya los tiene definidos.
La División de Accidentología del Departamento Criminalística lleva adelante desde hace 10 años un estudio técnico de las zonas más conflictivas de la ciudad en materia de siniestralidad. Allí aparecen lugares reiterativos y críticos tal como el caso de avenida Paraguay en sus cuatro rotondas (del Peregrino, Ragone, Chile y Bélgica) y otras arterias como Av. Bolivia, Av. Tavella y Banchik.
Sin embargo, de acuerdo a los datos del Plan de Movilidad presentado en 2019, meses antes de la llegada de Bettina Romero, la ciudad de Salta ha experimentado cambios en su mapa de siniestralidad. Muchas de las zonas en donde los accidentes estaban relacionados al exceso de velocidad dejaron de considerarse puntos críticos por una marcada reducción de los siniestros. Algunos de ellos son: Bolivia y Arenales (-70%), Avenida Tavella y Polonia/Líbano (-75%), Pellegrini y Coronel Vidt (-57%), Avenida Banchik en el acceso al barrio 14 de Mayo (-72%).
En contrapartida, cobraron protagonismo otros cruces y zonas de la ciudad donde los siniestros no están necesariamente ligados a las velocidades máximas permitidas, tales como: Gral. Paz y La Rioja; Ragone y Espinoza; Discépolo y Ángel Vargas; Pontussi y Martín Fierro; cruce de Santiago y San Felipe.
Inteligencia Artificial
A pesar de no estar especificado en el listado de nuevas adquisiciones, en las bases del futuro contrato se fijan los lineamientos para el uso de equipos que detectarán infracciones mucho más frecuentes, tales como: el uso de teléfono celular, la falta de casco en conductores y acompañantes a bordo de motocicletas y el no uso de cinturón de seguridad.
En todos los casos se apela a la utilización de Inteligencia Artificial y análisis de video, tecnologías que fueron objetadas en distintas partes del mundo por ser consideradas violatorias de las leyes de datos personales.
1En todos los casos se exige el monitoreo de múltiples carriles, identificando el paso de vehículos mediante un sistema de reconocimiento de patente tipo LPR y comunicación remota hacia un centro de monitoreo que determine la Municipalidad.
Los chiches nuevos (y los viejos)
La firma que resulte adjudicataria, deberá proveer al municipio los siguientes equipos:
● 6 (seis) Cinemómetros Fijos, mono o multicarril, con detección diferenciada de vehículos livianos y pesados, etc.
● 8 (ocho) Equipos de Control de violación de Semáforos en Rojo o invasión de senda peatonal
● 14 (catorce) Equipos de Iluminación Infrarroja para Cinemómetros y Semáforos para tomar infracciones nocturnas
● 6 (seis) Equipos de constatación de circulación con luces bajas encendidas en rutas, o cruce de doble línea amarilla.
● 4 (cuatro) Tótems Alertadores de Velocidad con Lectores de Patentes (LPR) con conectividad para Centro de Monitoreo
● 2 (dos) Equipos de Control de Violación de Barreras Bajas en pasos a nivel del ferrocarril
● 4 (cuatro) Gabinetes Psico Sensormétricos para evaluaciones de los postulantes a Licencias de Conducir que emite el Municipio.
Los equipos, una vez finalizado el contrato, pasarán a formar parte del patrimonio de la municipalidad. A ellos deberán sumarse los cinemómetros móviles y otros equipos con los que ya cuenta la municipalidad y que se incorporarán a la prestación del servicio.
En el caso que la municipalidad aportase nuevos cinemómetros, el adjudicatario deberá tomar a su cargo las revisiones periódicas de los mismos, lo cual -aseguran- «no afectaría la ecuación económica, ya que la misma se encuentra definida como un valor variable en función de la recaudación».
