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En una provincia cuestionada por las fuertes connivencias entre el poder político, empresarial y judicial, habrá que ver si las fiscalías para la protección del ambiente que se creen se atreven a investigar a las empresas poderosas de los amigos de funcionarios o de ellos mismos. (Claudia Alvarez Ferreyra)

Esta semana se trató en la Cámara de diputados un proyecto que ya tenía media sanción en el senado desde el año pasado. Tuvo dictamen con modificaciones por las comisiones de justicia, de medio ambiente y recursos naturales, de hacienda y presupuesto y de legislación. Volvió con modificaciones a la Cámara alta.

No se entiende que la propuesta para la creación de fiscalías de Protección Ambiental, Animal y Resguardo del Patrimonio Cultural se haya hecho así en conjunto. Las organizaciones animalistas venían pidiendo desde el año pasado las fiscalías animales porque cuando van a realizar las denuncias por maltrato animal ante la policía o las fiscalías penales, por lo general no se las quieren tomar, los casos no son abordados de la forma que se requiere, y pocas veces se investigan.

Las problemáticas ambientales en la provincia de Salta revisten una gran complejidad, porque es común que las empresas cuestionadas como contaminadoras mantengan un vínculo fuerte con el gobierno, y los casos que se han judicializado por ej: Nitratos Austin, el amparo al municipio de J. V. González por la Inversora Juramento, Agrotécnica Fueguina,  no han llegado a buen puerto.

El diputado Guillermo Martinelli  (Cambio para Salta) resaltó que el Ministerio de ambiente aún no ha dado las respuestas necesarias. Añadió que la propuesta de nombramiento de 6 a 8 fiscales ocurre en una provincia con emergencia económica, e implican un gasto de

muchos millones de pesos. Propuso modificar la creación de fiscalías según distintas cuencas hídricas como establecía el proyecto de senadores y que se designe un solo fiscal ambiental con competencia para toda la provincia que sea auxiliado por fiscales de los distintos distritos. También resaltó que en el proyecto no estaba aclarado de dónde saldrían los recursos. «Es una tragedia ambiental si no hay una vigilancia seria» pronunció, por esto  solicitó la aprobación de la propuesta con algunos cambios.

El diputado Marcelo Paz (PJ) dijo que la provincia no está preparada económicamente para llevar adelante el proyecto de senadores. Pidió que la fiscalía tenga asiento en Anta, en el interior de la provincia, estableciendo un punto intermedio en el acceso a la justicia. Habló de los derechos de los animales no humanos y la necesidad de modificación de la ley 14346 que está en discusion en el Congreso nacional. También hizo mención a las problemáticas ambientales del departamento al que representa.

Arturo Borelli (Planifiquemos Salta) votó en contra de la propuesta,  explicó que existe una grave crisis provincial en lo que respecta a lo ambiental y las especies en peligro de extinción en Salta, por lo que aseguró que este proyecto no contempla ni avances ni soluciones en lo que respecta a los controles de esta problemática.

“Estamos dando muchos poderes a un fiscal, lo cual puede ser muy contraproducente, ante lo cual no se fortalece el rol preventivo del Estado”, dijo el legislador al argumentar su voto negativo. Mencionó distintos problemas de contaminación ambiental que resultan acuciantes, la ley 14346 de protección animal cuyas modificaciones se discuten en el Congreso ya  que ha quedado obsoleta y no contempla formas de maltrato animal como la exposición, dijo  que se está empezando a cuestionar a nivel mundial el hacinamiento, la tortura, la exposición de los animales, considerándolos sujetos de derecho. Para el diputado la creación de las fiscalías unificadas de Protección Ambiental, Animal y Resguardo del Patrimonio Cultural implican una concentración de funciones y de poder. Nombró casos específicos que fueron judicializados como Austin, Bermejo, el criadero de cerdos de la firma Regata en Campo Quijano, Agrotécnica Fueguina, la contaminación del Vertedero San Javier donde no hay imputados, en los que las empresas no han sido sancionadas. Lo que hay que hacer para el legislador es asignar recursos al cumplimiento de las distintas herramientas de gestión, como la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento territorial o la educación ambiental ya que el estado en sus diferentes estratos no garantiza el cumplimiento de la ley 7070 de medio ambiente y considerá que la creación de las fiscalías no podrá subsanar esto.

El diputado Mario Ábalos (Propuesta Salteña) hizo hincapié en la necesidad de complementar el sistema jurídico en lo que respecta al control del medio ambiente. “Si bien no hay recursos económicos para crear 6 fiscalías como establecía en un comienzo el proyecto, una igualmente es muy importante y tengo esperanzas que su trabajo derive en resultados positivos”, dijo el legislador.

El diputado Lucas Godoy (PJ) aseguró que es muy importante para que se tomen decisiones y se efectivice el control, ya que el fiscal está facultado a solicitar informes sobre las diferentes situaciones y trabajar en la prevención y la supervisión en lo que respecta a medio ambiente. Mientras que el diputado Dionel Ávalos (PRS) manifestó que de esta manera buscamos perfeccionar el servicio de justicia para los salteños. En este sentido, el diputado Javier Diez Villa ) explicó que mediante esta iniciativa se busca consolidar una intención de efectivizar políticas de medio ambiente: «Este organismo es imprescindible para poder cumplir con el trabajo de forma efectiva, por lo que es fundamental que se nombre a una persona capacitada”, dijo el legislador. Asimismo, el diputado Mario Mimessi (UCR) expresó su apoyo para la creación de esta fiscalía especializada y espera que de esta manera queden atrás los malos controles realizados anteriormente por la provincia.

El diputado Ramón Villa (FPV) expresó que la mayoría de los controles realizados por parte de la Provincia y del ex ministerio de Medio Ambiente han fallado, ya que se encontraron actividades ilegales pero que las sanciones eran leves o ni se las dictaba: “Así como no se respetan los derechos de los animales ni el medio ambiente, tampoco se respetan los derechos culturales de los pueblos originarios”.

El diputado Luis Cisnero (Un cambio para Salta) expresó que si bien es muy importante establecer mecanismos de control y arribar a una solución del problema, las dificultades presupuestarias que afronta la Provincia son muy grandes: “El Estado deber ser más efectivo, no podemos seguir nombrando cargos que no arriban a ninguna solución”. El diputado Pedro Sández (17 de octubre) criticó la tarea del ex ministerio de Medio Ambiente, expresando que el mismo era un “aguantadero de corruptela”, ya que el control no existía nunca para los grandes terratenientes, pero sí para los pequeños productores: “Acompaño el proyecto con la esperanza de que esta situación cambie, no estoy en contra de la producción pero si quiero que las figuras de control realicen de manera efectiva su trabajo”.

En tanto, el diputado Andrés Suriani (PRO) aseguró que estas fiscalías tienen el fin de controlar, por lo cual es indispensable que se concrete la creación de la misma: «Algunos de mis compañeros brindaron discursos ecologistas berretas, dejando de lado el progreso económico de nuestra provincia, lo que no significa que no velemos por un desarrollo sustentable”. El legislador Claudio Del Plá se abstuvo de votar, aseguró que en Salta se está dando una depredación ambiental, ya que se acomodaron muchas normativas desde el lado que les convenía a los grandes terratenientes, inclusive recategorizaron tierras en la provincia para poder explotarlas: «Un fiscal tendrá un poder muy concentrado lo cual no garantiza ningún resultado óptimo y estos problemas gravísimos continuarán”.

En una provincia cuestionada por las fuertes connivencias entre el poder político, empresarial y judicial, habrá que ver si las fiscalías para la protección del ambiente que se creen se atreven a investigar a las empresas poderosas de los amigos de funcionarios o de ellos mismos. Aún falta la revisión del proyecto de ley que vuelve a la Cámara de Senadores.