Quince salteños acampan en el centro de Capital Federal. Son representantes de comunidades originarias del departamento San Martín. En medio de la indiferencia de la gran ciudad, piden a Macri prorrogar la ley que prohíbe desalojos. (Federico Anzardi)
Llegaron a la capital el domingo 19 de febrero en un tour de compras. Montaron un campamento precario decorado con colchones de goma espuma, toldos de plástico y mantas. Quieren que el gobierno nacional prorrogue nuevamente la ley 26.160, que vence en noviembre, para evitar que miles de personas sean desalojadas de sus tierras. Además, piden agua corriente, escuelas y atención médica para la zona.
Es la una de la tarde del lunes 6 de marzo y Buenos Aires vive la primera de tres jornadas de paro que la tendrán como la capital nacional de la protesta. Hay marchas y huelgas. Cortes de calles y discursos. Al mismo tiempo, muchos continúan con la rutina habitual. Ambas realidades se chocan siempre en el centro de esta ciudad colapsada de personas y vehículos. En este contexto, la plazoleta Provincia de La Rioja, en 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen, pasa desapercibida.
En esa esquina, frente al Monumento a Don Quijote, está el campamento originario de las siete etnias salteñas. Las carpas se cubren del sol del mediodía gracias a los árboles frondosos de la plazoleta, que también ayudan a invisibilizar la protesta que llegó a Buenos Aires después de reclamos en el gobierno provincial que no tuvieron respuesta.
Gabriel Espinoza, de la etnia toba, afirma que no van a irse hasta obtener algo concreto. Quieren que se haga efectiva una nueva prórroga en la Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria Indígena, que vence en noviembre y prohíbe la “ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”.
José Rojas, cacique de la comunidad toba de General Mosconi, está sentado en uno de los tachos de pintura que sirven de asiento en el campamento, junto a una mujer que almuerza en el piso de una de las carpas. Cuenta que vendieron algunos de sus animales para poder conseguir el dinero necesario para pagar el viaje. Dice que nadie de la Casa de Salta -que queda a pocas cuadras del acampe- se acercó hasta este lugar. Lo mismo sucedía en nuestra provincia, agrega. Explica que las autoridades nunca se hicieron presentes, excepto en los meses de campaña. “Ahí sí: hermano, qué necesita”, dice, sarcástico.
“Llegamos el domingo 19 a las seis de la tarde. De la Plaza Once nos trasladamos para acá. Estaba sin comer. Dos días no tuvimos nada”, sigue Rojas. Explica cuáles son sus reclamos: “Allá donde vivimos no tenemos letrina, no tenemos agua, no tenemos sanitarios ni enfermeros. Cuando vamos al hospital nos cierran las puertas. Son varias familias, hay muchos chicos desnutridos y no nos responden hasta el día de hoy. Por eso seguimos aquí todavía, hasta que nos den respuestas”.
Los acampantes representan a unas siete mil personas de las etnias toba, chorote, chulupi, tapieté, chane, wichi y guaraní. Tienen banderas repartidas por toda la esquina de la plazoleta. “La tierra es nuestra. Faltan los títulos”, dice una. “Solidaridad con las 7 etnias de Salta”, reza otra. “Los pueblos originarios somos los nativos de la tierra”, tiene escrito la tercera. “Pueblos originarios. 7 etnias Salta Tartagal Dto San Martín”, dice la única que está fuera del campamento, colgada en la reja del monumento al Quijote.
El campamento está a pocos metros del lugar en el que estuvo instalado el acampe originario que lideró Félix Díaz durante los años del kirchnerismo. Pero los salteños no tienen la infraestructura ni el apoyo de los anteriores. Están solos. Apenas reciben ayuda de un grupo de autoconvocados que les da agua y alimentos, les brinda asesoría legal gratuita y les presta un lugar donde bañarse.
Reynaldo Durán, representante de la etnia guaraní, quiere que los legisladores aprueben la prórroga de la ley y les otorgue títulos comunitarios. Cuenta que las autoridades de la provincia de Salta no se hicieron cargo del asunto argumentando que se trataba de una problemática de Nación. Y agrega que en Buenos Aires les dicen exactamente lo contrario. “Se tiran la pelota los dos”, dice.
“Hay un montón de terratenientes que supuestamente son dueños (de las tierras) y están mandando cartas documento. Nos sentimos muy afligidos y preocupados por el tema. Ellos quieren dividir las comunidades y no vamos a permitir eso porque vamos a estar hasta el último acá”, dice Durán.
El miércoles 8 de marzo, a las cinco de la tarde, la plazoleta tiene más color y el triple de personas que el lunes. Hay wiphalas flameando y sikuris sonando en medio de la marcha por el paro de mujeres. Hoy, los salteños están acompañados y van a marchar.
Rojas está nuevamente entre las carpas. Cuenta que no se pueden ir sin “algo”. “Chapa, colchones, frazadas, zapatillas. Porque ya viene el invierno y los chicos más sufren porque van a la escuela, semejante distancia, a dos o tres kilómetros de donde vivimos nosotros”, explica.
“Tenemos que cruzar el alambrado porque el dueño ha venido y ha cerrado todo”, cuenta Rojas. Dice que “el dueño” es una monja. “Ella nos dice ‘no, ustedes tienen que pasar por el camino principal’. Pero, le digo, señora, éste es el camino principal que sabíamos tener durante mucho tiempo, muchos años. Pero nos dice ‘no, ya está el alambrado y no se puede pasar’. Entonces nos tenemos que desviar y (la escuela) ya nos queda como a cuatro kilómetros. Si no nos desviamos queda a dos kilómetros”, completa.
Y agrega: “En el hospital no nos atienden porque dicen que nosotros no comprendemos el castellano. Por eso es que necesitamos un traductor para el hospital. También para la Policía. La ambulancia no quiere entrar porque el camino es feo. Los agentes sanitarios nunca van. Necesitamos que vayan”.
Durán, que está a punto de salir a marchar con las mujeres que tocan los sikuris, dice que el gobierno los persigue “porque no quieren que se vea la realidad que está pasando en todas las comunidades”. Asegura que el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta “es una pantalla” que no actúa en beneficio de las comunidades. Rojas agrega que “el IPPIS no tiene nada”.
Espinoza no está. Se encuentra reunido con autoridades nacionales. Al día siguiente, el jueves 9 de marzo, cuenta que sólo recibió promesas.
“Ayer (por el miércoles) nos juntamos en el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) pero son promesas que me dan y nosotros dudamos, porque ya estamos desconfiando de tantas promesas que nos han hecho y nunca nos han solucionado. Siempre que hemos luchado por algo, siempre han sido promesas nomás. Estamos cansados de promesas, lo que queremos son hechos, ver las cosas. Fuimos a ver a los diputados a ver si nos daban una mano y ellos están de acuerdo con tratar de ampliar la ley para sacar el título comunitario porque si nosotros seguimos con la ley 26.160 siempre vamos a seguir en problemas con el tema de las tierras, porque cada vez que se nos vence la prórroga tenemos que andar a las disparadas para ver cómo vamos a hacer”, explica Espinoza.
“No queremos dejar la lucha hasta que tengamos algo concreto y sí o sí necesitamos irnos con la respuesta de la ley, que se va a ampliar a título comunitario -continúa. Pero si seguimos así, con promesas no hacemos nada. Yo sé que el funcionario quiere que nos vayamos sí o sí. Si nos juntamos con el presidente del INAI, hay buenas propuestas de él, pero queremos hechos. Nos ha dicho que la ley sí o sí se tiene que avalar porque el gobierno no va a querer entrar en conflicto con ninguna de las provincias que tienen comunidades. Con el tema del título comunitario no me ha sabido responder porque dice que es un proyecto muy largo. Nosotros tenemos entendido que ya estaba hecho y solamente faltaba que lo avalen los diputados. Queremos ver si podemos sacar las viviendas, ampliaciones de salitas. No tenemos respuestas de nada. Nos quieren mandar sin nada. Queremos ver algo para sentirnos más tranquilos”.
Espinoza anticipa que en diez días se reunirán con diputados nacionales. “El 20 de marzo tenemos una reunión en la Cámara de Diputados. Vamos a seguir. Hay hermanos que se vuelven a ver si consiguen algo más de apoyo. Pero vamos a seguir porque no hacemos nada con promesas. Ya estamos cansados que nos prometan y nunca se cumpla. Seguimos firmes”, dice.
