La hija de Centeno, el dueño de los cuadernos donde supuestamente hay datos para seguir el rastro de coimas en el kirchnerismo, fue funcionaria municipal durante la gestión de Miguel Isa, desde donde firmó convenios que, por lo menos, fueron poco beneficiosos para el bien común. (Esther Mosobicho)
¿Cómo es que llega a conectarse el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno, cuyos escritos revelaron supuestas coimas con empresarios de la obra pública durante la era K, con la implementación del sistema de fotomultas en la Municipalidad de Salta? ¿Qué vínculos existen entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los convenios implementados en todo el país con la UTN —Universidad Tecnológica Nacional— y el área de tránsito municipal? ¿Qué relación hay entre las causas que enfrenta Julio De Vido con el sistema de consulta de “inhabilitados para conducir” que el municipio implementó en 2010? El entramado de las irregularidades que envuelven a De Vido, Baratta y toda la gestión de la obra pública en los últimos años, tiene sus voceros y representantes en la provincia.
Del chofer Oscar Centeno sabemos, además de todo lo que la TV nacional refleja veinticuatro horas al día, que es salteño, oriundo de Cobos (Güemes) y que en sus escritos dejó documentadas al menos tres visitas a la provincia de Salta durante sus vacaciones. Sabemos también que abandonó su pueblo natal a los 17 años para instalarse en Buenos Aires, cuando se casó por primera vez. Sabemos, en relación a su pasado en Salta, que su exesposa Hilda Horovitz, contó recientemente que la vida del chofer era muy precaria, que pasaba sus días de manera muy sencilla junto a su madre en Cobos, pero que en los últimos años pudo construirle una casa de dos pisos que cada tanto visita. Sabemos también que el chofer tiene quince hijos, cuyos nombres, números de documento y fechas de nacimiento había anotado en una libreta que hoy forma parte de la causa. Voluntaria o involuntariamente, sabemos muchas cosas del chofer cuyos supuestos escritos se convirtieron en el emblema de la agenda nacional. Poco conocemos sobre sus familiares y su relación con los cargos públicos, como en el caso de su hija Gisela Laura Mariana Centeno, actual Secretaria del Juzgado de Violencia Familiar y de género de la provincia, pero de extensa trayectoria en la función pública.
De Gisela Laura Mariana, podemos decir que se desempeñó como funcionaria de Miguel Isa literalmente hasta el último día de su gestión. Primero como Directora General de Ejecuciones Fiscales, luego como Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial. El 11 de diciembre de 2015, exactamente un día después de la asunción de Gustavo Ruberto Sáenz en la intendencia y de Miguel Isa en la vicegobernación, Gisela Centeno fue designada como Jefa del Programa Judicial de la Secretaría de Defensa del Consumidor. El 23 de mayo del año pasado, a través del Decreto municipal 457, se hizo oficial el otorgamiento de la licencia extraordinaria sin goce de haberes mientras dure su designación. En abril de 2016, la hija de Oscar Centeno, que además es abogada, concursó para ocupar el cargo de Juez de primera instancia en lo civil de personas y familia de tercera nominación. De los 20 concursantes, terminó en onceavo lugar. El 17 de Julio del año pasado, se oficializa su renuncia al cargo que ocupaba en la Secretaría de Defensa del Consumidor, para pasar a desempeñar funciones como secretaria en 1° instancia en el juzgado de violencia familiar.
De Gisela Laura Mariana, podemos decir que se desempeñó como funcionaria de Miguel Isa literalmente hasta el último día de su gestión.
Ahora bien, hasta aquí hablamos tan solo de apellidos que se repiten o, en el peor de los casos, un ejemplo más de nepotismo, entre tantos que se pueden encontrar en la provincia, ni hablar en los municipios. Pero es necesario remontarse a sus funciones en el área de tránsito municipal para encontrar alguna vinculación con las tareas de su progenitor.
Durante sus funciones en la Subsecretaría de Tránsito municipal, Gisela Laura Mariana Centeno, firmó varios acuerdos, estableció un nuevo padrón de médicos para la realización de estudios psicofísicos para tramitar carnés de conducir y hasta participó en la apertura del centro de emisión de licencias de zona sur. Pero entre sus participaciones más polémicas se encuentran haber integrado la unidad ejecutora del convenio entre el municipio y la Universidad Tecnológica Nacional, acuerdo que despertó sospechas e investigaciones en todo el país por pérdidas millonarias para los municipios.
El 22 de diciembre de 2011 se firmó el convenio para la ejecución del programa Integral de Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable. Además de planes de difusión, concientización y observación, la Universidad Tecnológica nacional se comprometía a instalar y mantener: 45 semáforos inteligentes, 8 cinemómetros fijos y móviles, 6 controles de semáforos por violación de luz roja, 6 controles de semáforos por invasión senda peatonal, 20 equipos de mano para control de estacionamiento, 4 equipos móviles para control de estacionamiento y 3 equipos de control de luces encendidas; servicios de logística; implementación y operación de un sistema informático para procesar infracciones de tránsito y el desarrollo de un sistema de seguimiento de notificaciones y cobranzas. De lo mencionado anteriormente, apenas se encuentran funcionando los cinemómetros que emiten las polémicas fotomultas, cuya función real está hoy más vinculada a la recaudación que a la Seguridad. La ex subsecretaria de Tránsito e hija de Oscar Centeno fue, por entonces, una ferviente defensora del sistema de fotomultas.
En los primeros cuatro años de la implementación del convenio, la UTN se llevó 66 millones de pesos que salieron de las arcas municipales. Con la llegada de la nueva gestión municipal, los representantes de la Universidad no dejaron ni un pisapapeles en el municipio. Ejemplos de situaciones similares se pueden encontrar a montones a lo largo y ancho de todo el país. El caso de Pilar en la provincia de Buenos Aires es paradigmático. Según las denuncias, en la letra chica del acuerdo se indica que el 40% de lo recaudado por las fotomultas se lo quedaría la UTN, dejando en el municipio apenas un 30% del total de ese dinero. En la provincia de Neuquén, la Universidad cobró cerca de $700.000 por el montaje de ocho equipos que no emitieron una sola multa. Siete meses después, las cámaras fueron retiradas dejando sólo las carcasas. En la ciudad de La Plata, los controles eran realizados por agentes de la provincia de Buenos Aires a través de un convenio entre municipio y provincia. Una serie de denuncias por irregularidades terminaron por hacer caer ese convenio. Las mismas recayeron en el juzgado de faltas N°5 a cargo de Fernando Centeno, oriundo de El Talar, Buenos Aires —mismo lugar de residencia que Oscar Centeno— y exfuncionario de la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial).
Fernando Centeno estuvo a cargo del registro de antecedentes de tránsito, cuando la ANSV estaba bajo la órbita del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. El 8 de marzo de 2010, Centeno firmó junto al intendente Miguel Isa y el ministro de Seguridad, Pablo Kosiner, un acta complementaria para establecer un sistema de “Consulta de inhabilitados para conducir” en Salta, cuya función era nada más que proveer una lista de conductores que habían cometido infracciones graves y tenían prohibido manejar un vehículo. Fue también el encargado de implementar en Buenos Aires el sistema de Scoring, mediante el cual se quita puntaje a los conductores que cometen infracciones de tránsito, y que luego se extendería a todo el país.
El apellido vuelve a repetirse en el caso de Pedro Ignacio Centeno, también oriundo de El Talar y también exfuncionario de la ANSV. En este caso, se trata del presidente de la Dirección de Estudios en Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor. Pedro Ignacio integró la Comisión Evaluadora de Ofertas del Ministerio del Interior. Sobre él y otros funcionarios recaía la responsabilidad de determinar qué empresas calificaban para la adjudicación de obras en la órbita de la ANSV.
Entre la ANSV y la UTN, demás está aclararlo, existen —o existieron— vínculos que van mucho más allá de lo meramente académico. El convenio mediante el cual la UTN brinda su infraestructura para el dictado de la tecnicatura en Seguridad Vial, es apenas el lado visible de una conexión que esconde negociados que salieron a la luz recién en Enero de este año.
Además de los convenios municipales que significaron desembolsos millonarios por parte de las ciudades, entre ellas Salta; la universidad favorita del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, creó una suerte de estructura en el interior de Vialidad Nacional que derivó en desembolsos irregulares, destinos dudosos y una escasa rendición de cuentas.
