El robo de un celular a una alumna del colegio Estrada sacó a relucir que el canchón deportivo de la institución, además de no tener vestuarios, no respeta mínimas normas de seguridad. (A.R.)

Instalaciones y recursos obligatorios para muchos colegios parecerían no serlo para el tradicional Colegio Estrada. Los alumnos no disponen de armarios, estantes ni nada para dejar sus pertenencias.

Varios casos de robos y situaciones de riesgo  dan cuenta que es un problema que enciende luces de alarma. El caso de la hija de Arturo Isola es un ejemplo. Ocurrió a principios de agosto de este año, cuando a la estudiante le robaron dentro de la institución el celular que tenía dentro de su campera. Fue una tarea fácil: según lo comentado por la jovencita dejó el celular donde siempre dejan los alumnos sus pertenencias, en un cantero, y sacaron del bolsillo de su campera el aparato de comunicación.

El padre de la joven fue a reclamar el robo pero recibió  una respuesta despreocupada de parte de los responsables. «El preceptor Facundo Greco Silvera sólo atinó a decirle a mi hija que llame a sus compañeras que ellas seguramente sabían sobre el celular», comentó a Cuarto Poder Isola.

Luego de ese reclamo las cosas para Arturo Isola comenzaron a complicarse: según asegura fue denunciado falsamente de haber amenazado al preceptor y para peor, aplicaron el derecho de admisión a su hija, prohibiéndole, de esta manera, continuar en el colegio el próximo año. 

“Es falso que hubo una amenaza, armaron una denuncia para descalificar mi queja, no tienen pruebas, y me dicen que no van a inscribir a mi hija, cuando ella es alumna regular desde hace 10 años y no tiene nada que ver, la conducta de Facundo Greco Silvera deja mucho que desear al igual que la de la directora; buscan ocultar el hecho y eludir sus responsabilidades”, declaró. 

Como ya no quedaba nada por discutir con las autoridades del colegio Estrada, Isola envió una nota a la dirección de Enseñanza Publica Privada. En dicho organismo minimizaron el caso, razón por la cual se dirigió a Derechos Humanos de la Provincia donde tampoco fue tomado su reclamo. 

Las idas y vueltas entre el padre y la institución llegaron al punto de la judicialización, sin embargo el problema de fondo que subyace del caso es que las instalaciones no reúnen las condiciones edilicias ni de seguridad. 

“No hay cámaras, los alumnos deben dejar sus cosas tiradas porque no hay un lugar específico para dejar las pertenencias, algunas normas de la municipalidad y bomberos no se respetan en un colegio que ya tendría que haber avanzado con tantos años, cobrando más de 4 mil pesos por alumno y recibiendo subsidios estatales”, señaló para finalizar el diálogo con nuestro semanario.