El fallo del juez Thomas Griesa que desde New York jaqueó al gobierno argentino tuvo sus repercusiones en Salta. Con distinta profundidad, políticos y economistas locales se expresaron al respecto y advirtieron sobre las dificultades que enfrentará la provincia si el país vuelve a caer en cesación de pagos. (Gonzalo Teruel)
El titular del Consejo de Profesional de Ciencias Económicas, Oscar Briones, consideró que el tema de los fondos buitres es preocupante para todos los argentinos y advirtió que “es un problema no del gobierno sino del Estado”. El contador explicó que si el país vuelve a entrar en default “el índice inflacionario se dispararía afectando los precios” y advirtió que “la reputación internacional de Argentina sería problemática y eso afectaría la llegada de inversiones que el país necesita”.
Por su parte, el economista Lucas Dapena consideró que aún existe la posibilidad de evitar el default si “Argentina muestra voluntad de cumplimiento de las sentencias desfavorables en Estados Unidos y negocia el pago con los holdouts que es algo no tan difícil”. “Los hechos parecen apuntar en ese sentido”, indicó el docente y recordó que “inicialmente hubo un discurso combativo que no benefició al país: no vamos a pagar o si la justicia no nos da la razón no vamos a obedecer, pero a partir del año pasado el discurso se modificó a uno más técnico aunque no alcanzó”.
Finalmente, el economista de la Fundación Mediterránea explicó las consecuencias concretas de un default sobre la economía. “Disminuye el comercio internacional, aísla al país del resto del mundo, disminuye las inversiones extranjeras e imposibilita conseguir financiamiento al país, las provincias y al sector privado”, enumeró y agregó que “acentúa la falta de dólares, potencia la suba de la moneda extranjera y la caída del peso”.
La última definición de Dapena no fue económica sino política y desnuda la real gravedad de la situación. “Argentina ya lo pasó y se dispararon los niveles de pobreza, desempleo y caída de la actividad económica”, concluyó.
Preocupación en el Grand Bourg
La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de dejar en firme el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, obligando a la Argentina a pagar a los fondos buitre la totalidad de sus acreencias, ya genera preocupación en varias provincias.
Ocurre que ante la posibilidad cierta de que el país entre en default o cesación de pagos, el mercado financiero reaccionó en consecuencia y las calificadoras de riesgo bajaron la nota de Argentina -incluso por debajo de la de Ucrania- y de varias provincias. Es el caso de Standard & Poor’s que bajó su valoración de la deuda nacional y la de los bonos en dólares emitidos por la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. “También bajamos las calificaciones de deuda en moneda extranjera de largo plazo de Salta y Neuquén”, confirmó la calificadora en un comunicado.
La noticia generó preocupación en el Grand Bourg porque hace referencia, entre otras herramientas financieras, a la deuda garantizada del Fondo de Reparación Histórica que el gobierno organizó para potenciar su gestión y posicionar electoralmente a Rodolfo y Juan Manuel Urtubey. “No significa que todo va a explotar sino que se estudiará la liquidez y la capacidad de refinanciamiento de cada uno”, aseguran desde el mercado financiero pero los nervios siguen en las oficinas del ministro Carlos Parodi, responsable de las finanzas salteñas. En las últimas horas, sin embargo, los reportes de las agencias de noticias que siguen la actividad de Wall Street sugiriendo que Argentina ya negocia alguna alternativa de pago a los holdouts calmaron un poco los ánimos de los operadores financieros del gobierno provincial.
La oposición salteña
Los diputados Bernardo Biella y Guillermo Durand Cornejo, de los interbloques de la UCR y el PRO, coincidieron en afirmar que la situación es preocupante y que es preciso “dejar de lado los partidismos e ideologías y apoyar una estrategia nacional”. A renglón seguido, sin embargo, se mostraron desconcertados por la ambigua posición del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Vamos a seguir poniéndole el hombro al país pero el panorama es preocupante porque no se ve que haya voluntad de pago”, aseguró Durand Cornejo tras participar en el Congreso de una reunión informativa con altos funcionarios del Poder Ejecutivo. “el gobierno dice que paga pero siempre renegocia y cambia bonos y esas concesiones a nuevos plazos son a mayor interés y generan mayor deuda externa”, agregó y lamentó que “Argentina no aprende nada. El gobierno volvió a hacer lo mismo que los gobiernos anteriores”.
Biella, en tanto, aseguró que es necesario “hacer un buen arreglo para impedir que el país entre en falta de pago y que la bolsa argentina se desplome y se dispare el riesgo país”. “Hay que conseguir una muy buena negociación para este gobierno y para los gobiernos que vengan”, recomendó. Los dos congresistas opositores criticaron, además, las gestiones del gobierno en materia de deuda externa. “No es el gobierno sino el pueblo quien está pidiendo que se pague la deuda porque si no vamos a entrar en una situación terrible y los más perjudicados van a ser los mismos de siempre: los más pobres porque vamos a entrar en hiperinflación, el peso no va a valer nada y los precios de los alimentos se van a disparar y el salario no va a alcanzar ni para la primera semana del mes”, vaticinó el médico de orientación radical.
Desde Libres del Sur -movimiento que comparte una alianza con la UCR- el ex diputado Carlos Morello señaló que “estamos totalmente de acuerdo con no ceder a las presiones del poder financiero internacional que pretende que se les pague a los buitres el 100% de la deuda, ya que eso llevaría nuevamente a la Argentina a tener una pesada losa sobre su crecimiento económico y las condiciones de vida de los sectores populares”. Además, consideró “correcto” que se dialogue con el juez Griesa para alcanzar una salida “adecuada y razonable”.
En el oficialismo local tardaron en reaccionar y fijar posiciones. Uno de los primeros -y pocos- que se animaron a opinar del tema fue Matías Assennato del Frente Plural y repitió los argumentos gubernamentales. “Antes que pagar a los fondos buitre vamos a defender la obra pública, los empleos y la patria”, dijo y defendió al gobierno porque “muchos de los que hoy critican y festejan este fallo son quienes estuvieron de acuerdo con los canjes y los avalaron en el Congreso”.
“Compraron deuda por 48 millones de dólares y pretenden cobrar casi 1.500 millones y esto es lo que no vamos a permitir”, aseguró enfático Assennato y denunció “una política de permanente hostigamiento sobre América Latina y sobre el país”. Algo parecido planteó la diputada Evita Isa y agregó que “queremos la reestructuración de la deuda, cumplir con los vencimientos, sin dejar que el país sea extorsionado, ni presionado porque esto afectaría a futuros gobiernos y a próximas generaciones”. “Para conseguir que entren dólares existen dos caminos: atraer inversiones o devaluar. Devaluar reduce el salario real y, por ende, la demanda, con lo cual al final del día el problema es el mismo. Entonces, el camino alternativo es conseguir inversiones a la mejor tasa posible. Y para ello, huelga decirlo, se hace necesario negociar con quienes hoy son la pesadilla: los fondos buitre”, sostuvo la legisladora.
Con una mirada diferente, crítica de los buitres y de los gobiernos que los alimentan, el Partido Obrero exigió que se “convoque a un referendo sobre esta deuda usuraria”. “No dimos ningún respaldo al gobierno, todo lo contrario. Nuestro repudio a los fallos imperiales de la justicia norteamericana y a los fondos buitre no significa ninguna solidaridad con la política oficial ni con los planteos coloniales de la oposición tradicional”, afirmó el diputado Pablo López.
“El gobierno dice que el fallo es de cumplimiento imposible pero apuesta a negociar, o sea efectivizar el pago imposible a los buitres”, señaló el dirigente de izquierda y denunció la complicidad del gobierno -y la oposición- con el poder financiero. El Ejecutivo busca la complicidad del Congreso para su negociación en Estados Unidos sin pasar por un debate abierto en el parlamento.”
“Preguntamos por qué si la deuda es ilegítima, como muchas veces se ha reconocido, se paga con la plata de los contribuyentes y no la pagan los grupos económicos que fugaron 100 mil millones de dólares en los últimos años. Que se convoque a un referendo como el que hizo Islandia, ante una crisis similar, en el que el pueblo repudió en un 90%, el pago de la deuda que llevó a la bancarrota a ese país”, concluyó el pelilargo legislador.
