La lucha contra las adicciones está perdida. Un informe de la Sindicatura evidencia que la Secretaría de Salud Mental y Abordaje de las Adicciones carece de estrategias y hasta de información sobre la problemática que debe combatir. Gustavo Farqhuarson, primer Secretario del área pidió la renuncia de Claudia Roma Ru. (Aníbal Roldan)
Son varios los factores que llevan a pensar que la lucha contra las adicciones está perdida: la policía provincial, por ejemplo, ha confirmado con resonantes casos que no es inmune al largo brazo reclutador y corruptor del narcotráfico; Salta limita con un país que además de producir coca, posee una kilométrica frontera con déficits estructurales de control; poseemos, además, una alta tasa de población infanto – juvenil que el censo 2010 ubicó en 41,79% (507.553 sobre un total de 1.214.441) de personas que poseen entre 0 y 19 años; porcentaje superior a la media nacional ubicada en el 37% y que incluye a miles de adolescentes y jóvenes cuyas vidas se desenvuelven en la inestabilidad y la incertidumbre. Por si todo esto fuera poco, la encargada de luchar contra las adicciones en la provincia es la Licenciada Claudia Román Rú.
Un informe de la Sindicatura General de la Provincia redactado en agosto del año pasado y del cual nadie tenía conocimiento hasta ahora, fue lapidario con la Secretaria que ella dirige, puesto que se indica que “…no ejerce plenamente las competencias que le fueran asignadas (…) destacándose en este sentido: la ausencia de disposiciones destinadas a definir y coordinar las actividades de los efectores públicos con esa problemática; la inexistencia de acciones de regulación y control sobre las actividades de terceros en el área de competencia y la carencia de información completa y organizada sobre la problemática (…) que permita el diagnóstico de la situación y evaluar el impacto de las medidas adoptadas”.
En términos de tácticas y estrategia, esto podría traducirse así: la Jefa de esa lucha no suministra a su tropa objetivos claros; ante ello, los subordinados (denominados efectores en el informe) no pueden articular acciones que les permitan al menos ganar pequeñas batallas; lo mismo ocurre con las ONG’s (los denominados “terceros” en el informe); y la Jefa, finalmente, carece de información confiable que debería producir para diseñar con seriedad eso que falta: una estrategia. El desconcierto de la Licenciada es tal, que cuando los auditores le enviaron un informe preliminar para que hiciera sus descargos, devolvió un escrito que los mismos auditores describieron así: “sin estructura y orden que permita correlacionarlo con cada una de las observaciones efectuadas (…) existiendo incluso algunas sobre las que no se hizo ninguna referencia”. Piadosos, los sabuesos decidieron entrevistar oralmente a la licenciada y otras autoridades para que pueda defenderse.
Turbados
El trabajo de campo de los auditores se llevó a cabo en octubre del 2012. Los organismos del propio Estado que fueron revelados incluyen a la Secretaría y sus correspondientes dispositivos: Ce.Pr.I.S. (Centro provincial Integral Sanitario), el programa Puente y los Hospitales Materno Infantil y Del Milagro. Por el lado de las ONG’s, le tocó el turno aquella vez a la Fundación Desarrollo 2000 y la Asociación Civil Betania que son dos organismos de la sociedad civil vinculados al Estado por la firma de convenios y están facultados para asistir a adictos que el propio estado suele derivarles para ser sujetos de tratamiento.
Ni los soldados propios, ni los aliados privados en la lucha contra las adicciones, dejaron bien parada a la Secretaría. Los primeros, además de evidenciar la falta de articulación por parte de la Secretarías, admitieron también que el nivel de abandono en los tratamientos por parte de los pacientes es alto: un 60% en los primeros sólo en los primeros seis meses del 2012. Al dato estadístico, los auditores antecedieron una observación aún peor: “el abandono del tratamiento por parte de un paciente (…) no genera o dispara algún procedimiento preestablecido tendiente a la recuperación de los mismos, existiendo solo en algunos casos acciones informales que dependen de la voluntad personal”.
La somnolencia es tal, que aun cuando la Secretaría dice saber que el 33,5% de las consultas en la sala de emergencia del Hospital San Bernardo están relacionadas con el consumo de estupefacientes, no cuenta con dispositivo alguno que le permita seguir, acompañar y tratar a los afectados. Alegaron estar trabajando en remediar la situación, pero los auditores fueron concluyentes: “…la Secretaría, ya sea por falta de presencia física o por la inexistencia de disposiciones formales que coordinen los procedimientos, se encontraba ´ausente´ en una instancia crucial”.
Con respecto a la relación con las ONG’s que prestan tratamiento a los adictos, la situación no es menos indignante. El monitoreo estatal en estos casos recae en la Subsecretaria de Calidad de los Servicios del Ministerio, la que a través del programa de Fiscalización y Control de Calidad Sanitaria, debe hacer lo que no hace: controlar a todas las actividades privadas que presten servicios médicos. Al respecto, los auditores concluyeron después de escuchar el descargo de la funcionaria que “no surgió que exista tal coordinación como tampoco que exista un procedimiento consensuado. De hecho la Secretaría no cuenta con un registro o padrón de las entidades que actúan en este campo y con las cuales no tiene suscripto convenios prestacionales, y mucho menos ejerce sobre ellas algún control posterior a su habilitación”.
En el caso de de las instituciones que sí tienen firmado convenios con la Secretaría, los auditores declararon haber visto un protocolo terapéutico que las ONG’s deben respetar, aunque aclara que la Secretaría carece de “las acciones de control que debería realizar sobre su funcionamiento, advirtiéndose que en la práctica los pocos procedimientos de control efectuados están limitados a los aspectos documentales (…) sin comprender la evaluación de la calidad del servicio que prestan los mismos”.
Paralizados
Los límites presupuestarios de la Secretaría son evidentes, aunque a lo largo del informe se deja en claro que existen límites de funcionamiento que no necesariamente requieren de dinero. Precisemos, no obstante, lo primero. El informe indica que en el 2012, por ejemplo, la Secretaría terminó recibiendo $10.216.984 del Grand Bourg. La cifra representaba el 0,1% del presupuesto de aquel año que fue de $9.697.699.160. El porcentaje habla a las claras de la poca importancia que el gobierno de la provincia otorga al problema de las adicciones, más aún si se tiene en cuenta que de ese poco más de 10 millones debía salir el dinero destinado al pago de personal, alquiler de oficinas públicas y gastos de funcionamiento.
Esa variable que explica porqué el problema está lejos de resolverse, es insuficiente sin embargo para explicar la pasividad de la Secretaria en otros aspectos relevantes: no hay difusión de las actividades que desarrolla ni de los servicios que ofrece. Para comprobarlo, los auditores recurrieron a una técnica barata. Efectuaron llamadas telefónicas a 20 Centros de Salud y descubrieron que el 90% del personal que atendió los llamados no conocían de los servicios específicos a los cuales puede recurrirse ante el problema de las adicciones; los centros de atención relacionados directamente con las adicciones, por su parte, dijeron no contar con ningún material impreso que informe a la población sobre lo que ellos hacen; y para coronarlo todo, se constató que no existe en la página oficial del Ministerio de Salud información alguna al respecto, salvo la dirección de la Secretaría de Adicciones que no estaba actualizada. El final de párrafo al respecto es ilustrativo de lo que ocurre: “El primer aspecto (…) denota un problema de información interna y/o de capacitación en esta temática del personal de los Centros de Salud, que puede ser resuelto por la misma Secretaría. La resolución de los otros dos problemas no debería exigir un esfuerzo presupuestario importante…”
Malo el gringo
Gustavo Farqhuarson, primer Secretario de Lucha contra las Adicciones, renunció al cargo en el año 2009 tras denunciar falta de presupuesto y el traspaso de la Secretaría desde el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano al de Salud. Conocido el informe de la Sindicatura exigió la renuncia de Román Ru.
Aunque sus denuncias sobre el desequilibrio (entre lo que la Secretaría precisaba de dinero para funcionar y lo que efectivamente destinaba para ello el gobierno) habían empezado a hacerse públicas desde antes de su renuncia; el detonante de la misma fue cuando el gobierno decidió que ese organismo pasaría a depender del Ministerio de Salud y no del de Desarrollo Humano. El cambio, declaró aquella vez, “constituye un error conceptual: querer atacar las consecuencias del problema y no la raíz de fondo que tiene que ver con problemáticas sociales” (Nuevo Diario, 17/11,09). Se refería al decreto 4918/09 que transfería lo que entonces se denominaba “Secretaría de Lucha contra las Adicciones desde el Ministerio de Desarrollo Humano al Ministerio de Salud Pública.
Conocido ahora el informe de Sindicatura, el director del ISEPCi no tuvo dudas en exigir la renuncia de la actual secretaría. “Aunque los límites presupuestarios son más que evidentes, no es menos evidente la inoperancia de la Lic. Claudia Roman Ru. No está a la altura de las circunstancias y por el bien de la sociedad en general y de todos los que se encuentran atravesando por el tema de las adicciones, debe dejar el cargo. Con respecto al gobernador Urtubey, si es verdad que le importa el futuro de miles de salteños, debe tener la voluntad de hacer una fuerte reestructuración del área y poner toda la voluntad política que se necesita para enfrentar las adicciones y el narcotráfico. Hace varios años que venimos denunciando que en Salta no hay voluntad política para combatir las adicciones. Hoy la Sindicatura viene a darnos la razón”.
