Hablar de la larga tradición de espionaje que sobrevuela la política salteña como un gran espectro implica reconocer que, aunque las pruebas son escasas, las dudas sobre su existencia son nulas. (Nicolás Bignante)
La enorme estructura técnica y humana volcada a la tarea de recopilar información que el estado tiene bajo su órbita, es una herramienta de la que ningún gobierno está ni estaría dispuesto a despegarse. La excusa de la inteligencia criminal resulta implacable para justificar la adquisición de tecnologías, recursos y conocimientos cuyos objetivos reales difícilmente llegan a esclarecerse.
Por estos días se trajo a colación la publicación que Cuarto Poder hiciera en 2017, en el marco de la asunción de Ramiro Lucena como secretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios. La conexión no es antojadiza, pues en aquella oportunidad se advertía sobre los antecedentes y denuncias que el mencionado funcionario acumulaba en Rio Negro por parte del actual precandidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto. El nombre del salteño ungido por la entonces ministra Pamela Caletti salió a la luz en 2014, cuando el senador peronista devenido en espadachín de Macri lo denunció nada menos que por espionaje. «El ejecutor es un personaje que, siendo oficial activo de la Policía Bonaerense, está afectado a Di Giacomo, cuyo nombre es Ramiro Lucena. Es un cuadro de inteligencia, formado en la Escuela de Inteligencia de Buenos Aires cuando ésta existía, especialista en intercepción de teléfonos y perteneciente al Grupo Halcón. Tiene una función seudo administrativa como Director General de Investigación Criminalística» esgrimió Pichetto por entonces. El revuelo fue tal, que desde el extinto ministerio de DDHH tuvieron que salir a respaldar a Lucena. En un extenso comunicado, el recién asumido ofreció un repaso de su currículum y argumentó: «El ataque del que fui objeto fue producto de una contienda netamente política en plena campaña electoral de la provincia de Rio Negro y tuvo como objeto utilizar la desacreditración y la desconfianza en los funcionarios de gobierno para obtener algún rédito político».
No obstante, la incorporación y formación de funcionarios espías es apenas un capítulo en la antigua relación entre la política y el espionaje. Los hechos recientes que derivaron en la renuncia del jefe de gabinete Fernando Yarade expusieron, además de la miseria de la dirigencia en sus manejos intramuros, el grado de familiarización que esta tiene con el uso de esa estructura para fines espúreos. La respuesta corporativa de la clase política ante el episodio de amedrentamiento a Yarade nos da una muestra acabada de cuan naturalizadas/toleradas están dichas prácticas en el microambiente de las operaciones. A su vez, deja en claro que para el mundo de la política las prácticas de espionaje no constituyen en sí mismas una extrañeza, pero sí el hecho de que salgan a la luz. Después de todo, como dijera el propio gobernador luego de la renuncia de su jefe de gabinete: «Así es la política».
Basta con echar un ojo a las expresiones de la dirigencia provincial luego de la renuncia de Yarade para entender que la vigilancia de estado no es una realidad inaudita. Vía Twiter, Sergio Leavy expresó: «Toda mi solidaridad con @FernandoYarade ante los hechos de inseguridad y hostigamiento que ha sufrido él y su familia. Lamentablemente hemos atravesado situaciones similares y entendemos la gravedad del hecho. Debemos trabajar juntos todos, para erradicar estas prácticas nefastas». Por su parte, el intendente Gustavo Sáenz escribió: «Quiero expresar mi solidaridad con @FernandoYarade y su familia por la situación que les ha tocado vivir. Repudio estas prácticas mafiosas, de las que también he sido víctima, son parte de la vieja política que debemos desterrar de una vez por todas!».
La legislatura fue también un ámbito de resonancia de múltiples repudios y alocuciones. Desde el Partido Obrero, Claudio Del Pla repudió la amenaza y recordó que junto a Pablo lópez fueron denunciantes por un hecho similar. Otros como Alejandro San Millán optaron por la sobreactuación y se mostraron sorprendidos ante la existencia de mafias enquistadas en el poder. Pero quien dejó más en evidencia el viejo matrimonio entre políticos y espías fue la senadora Cristina Fiore. En una conferencia en la que reunió a empresarios e intendentes alineados con Yarade, la dirigente dejó en claro que el límite de las operaciones es siempre la familia. Los supuestos «códigos» mencionados por Fiore no hacen más que patentizar que las tareas de espionaje forman parte de las reglas del juego.
El ex-jefe de policía René Silisque explicó a Cuarto Poder los alcances de la llamada «Inteligencia criminal» y su peligrosa relación con el espionaje político en Salta. «En la policía se hace inteligencia hasta en los partidos de fútbol, para saber si va a venir fulano de tal que es revoltoso o mengano que es proclive a hacer desórdenes. Lo malo son los usos o las intenciones que se tienen con la información que se recoge. De allí que haya espionaje industrial o espionaje político. En todos los ámbitos de la vida cotidiana está presente la inteligencia» reflexiona. Para Silisque, la ley de inteligencia, que protege toda información referida a organismos y departamentos que recogen información con técnicas de espionaje, difumina los límites entre la investigación de delitos y la vigilancia ilegal: «Cuando se hace la incorporación o el reclutamiento de personas que se van a dedicar a la inteligencia, es una tarea muy delicada. Hay que tener en cuenta que si el estado tiene a su cargo los organismos de inteligencia, eso es algo muy útil. A cualquiera le gustaría saber qué es lo que está haciendo su competidor, pero de ahí a hacer uso de la información para extorsiones u otras situaciones que rayan lo delictivo, es otra cosa».
La enorme ingeniería estatal para disponer discrecionalmente de datos, imágenes, códigos y audios no sólo se circunscribe al micromundo de la política y sus referentes. Dirigentes sindicales, periodistas, docentes universitarios y hasta empleados del Grand Bourg fueron blanco alguna vez del aparato colosal de vigilancia que día a día engrosa su estructura. «La tecnología ha puesto a disposición de todas las personas los elementos para hacer inteligencia. Nosotros estamos muy vulnerables a ese tipo de situaciones porque las personas que quieran espiarnos tienen a su alcance todos esos métodos. Es muy difícil que uno pueda hablar de garantías. Porque todos estamos sujetos a la lupa como en el Gran Hermano» resume Silisque.
