Por Alejandro Saravia
Días pasados me detuve a analizar los resultados de unas encuestas realizadas por una Universidad privada con sede en la ciudad de Córdoba, hechas en distintas ciudades de todo el país. Se trataba de respuestas de 1050 personas relevadas, hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, residentes en la Capital Federal, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán.
Se trataba de preguntas relativas al bienestar y satisfacción con la vida; al funcionamiento del Estado o, bien, del gobierno; sobre el futuro en el país; sobre la educación, en relación con ese mismo futuro.
En el primer tramo, relativo al nivel de satisfacción con la propia vida y haber obtenido o no las cosas importantes que pretendía en la misma, del 45 al 50 % de los interrogados respondieron estar bastante satisfechos. El 16 %, no.
En cuanto al funcionamiento del Estado o del gobierno, específicamente en punto a que si se garantizaba el ejercicio de la libertad y del derecho de propiedad, menos del 20 % se pronunció por la afirmativa en tanto que más del 45 por la negativa.
Sobre si el gobierno promueve y cuida la democracia, menos del 20 % dijo que sí, pero el 58 % dijo que no lo hacía.
Sobre la transparencia de las políticas públicas, menos del 10 % dijo que eran transparentes, pero el 74 % dijo que no lo era.
Sobre si el gobierno, o el sector público, luchaba adecuadamente en contra de la corrupción, el 5 % dijo que sí, pero más del 80 % dijo que no.
Sobre si el gobierno representaba fidedignamente las opiniones y preferencias de los habitantes, el 7 % dijo que sí, el 68 %, que no.
Sobre si la situación del país va a mejorar en el futuro, el 21 % dijo que sí, el 30 %, que no.
Y, por fin, sobre el tema educacional, preguntados acerca de si la educación argentina era innovadora y preparaba a los habitantes para el trabajo en el futuro, el 20 % dijo estar conforme, en tanto el 80 % dijo no estarlo y que era pesimista en ese sentido.
Si formulásemos esas mismas preguntas a los habitantes de Salta, es muy probable que obtengamos iguales guarismos. Sobre todo en cuanto a las carencias sociales y económicas, y también a la relación de los oficialismos con la transparencia de la gestión pública.
Como muestra bastan, por ahora, dos botones: los sueldos de los ministros de la Corte de Justicia y lo acontecido en la última sesión de Diputados con la elección de sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Para obtener lo primero, la noticia del monto de los sueldos, bastaría con un mero pedido ya que se trata de información que hace a la transparencia de los asuntos públicos. Como es sabido ante la negativa a darlos a conocer, se tuvo que judicializar la cuestión, la que llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. Lo otro, es decir, los representantes de los diputados en el Consejo de la Magistratura que por mandato constitucional deben representar al oficialismo y a la oposición, ahora, desde ayer, ni siquiera eso. No sólo no se acreditó la idoneidad de los seleccionados para ponderar a su vez la de los aspirantes a jueces, sino que el oficialismo se quedó con todas las plazas. Las propias y las de la oposición. Ya ni siquiera se cuidan las apariencias. Ahora parecen y son. Me imagino que la oposición judicializará, también, esta cuestión.
Ambos datos se suman a un sistema, como lo afirmáramos desde hace tiempo, de partido hegemónico, es decir una gestión sin control alguno. No hay control contemporáneo de los organismos de control constitucionales, pero tampoco hay control posterior, porque esa hegemonía de un partido impide la alternancia en el gobierno lo que garantizaría un control posterior. Tratándose de un mismo partido hegemónico que se sucede a sí mismo, todo se arregla entre amigos….o socios.
Nadie hace nada para remediar esas falencias. Así es que estamos.
