La senadora por Cafayate, Ana Guerra, corrigió un informe de la Auditoría y mostró a Cuarto Poder que sí presentó su declaración jurada de bienes ante la Escribanía de Gobierno.
Desde la Unión Cívica Radical se comunicaron con la redacción de Cuarto Poder para aclarar que la senadora por Cafayate, Ana Guerra, si cumplió con la obligación de presentar su declaración jurada de bienes ante la Escribanía General de Gobierno.
“La semana pasada, el miércoles 12 de abril, la Auditoría General de la Provincia que preside Abdo Omar Esper comunicó uno de los apenas 12 informes que lleva publicados este año. El reporte tuvo por ente auditado a la Escribanía de Gobierno y por objetivo evaluar el cumplimiento legal de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los Diputados y Senadores, ingresantes y salientes, en el año 2015” informó Cuarto Poder en su edición del fin de semana último y contó que, de acuerdo al reporte de la Auditoría, “de 90 legisladores, diputados y senadores salientes y entrantes, presentaron su declaración jurada 63 mientras que los otros 27 incumplieron con su obligación”.
Una de las mencionadas fue precisamente la senadora por Cafayate. Su presentación ante la Escribanía está fechada el 22 de junio de 2016, mismo día de la finalización de las tareas de campo de los profesionales de la Auditoría y de allí, tal vez, el erróneo dato consignado por el organismo de control.
La obligación de los funcionarios de presentar declaración jurada de bienes está dada por la Ley 3.382 y su modificatoria Ley 6.547 que establece que “toda persona que desempeñe las funciones de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, Ministro del Poder Ejecutivo, Magistrado Judicial, Legislador, Fiscal de Estado, Miembro del Tribunal de Cuentas y del Ministerio Público, Secretario General de la Gobernación, Secretario y Subsecretario de Estado, está obligado a formular declaración jurada de sus bienes patrimoniales y de los de su cónyuge, siempre que no mediare separación judicial, como así también de los de sus hijos a su cargo, dentro de los treinta (30) de asumir sus funciones, y del cese de las mismas”.
Sin embargo y según reveló la Auditoría, 1 de cada 3 legisladores pasaron por alto esta norma sin que la Escribanía que encabeza Graciela María Galíndez instrumentará los apercibimientos y aplicara las sanciones que corresponden.
