Si Austin Podwer empieza a funcionar pagará el gas natural casi tres veces menos que lo que le cuesta a la Provincia importarlo. Tendrá un subsidio tácito de 14 millones de dólares por año durante una década. (Franco Hessling)
En las últimas semanas, las discusiones en torno al aumento de la luz y del gas, aduciendo una crisis energética declamada ni bien asumió el gobierno de la alianza Cambiemos, discurrieron en si debía hacerse una suba que adecue las tarifas a los márgenes de rentabilidad esperados, o si el incremento debía darse de forma gradual, escalonando los aumentos para no generar un impacto tan fuerte en los bolsillos de los usuarios. El decreto 134/2015 del 16 de diciembre, firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Juan José Aranguren, extiende la emergencia del sector energético hasta el 31 de diciembre de 2017. Presidente, jefe de Gabinete y ministro de Energía y Minería, respectivamente, fundamentan en el texto que “es necesaria la pronta concreción de proyectos de generación más eficientes que diversifiquen la matriz energética y reduzcan la dependencia del uso de combustibles fósiles”.
No se discutirá si la crisis energética existe realmente, se tomará como cierto el argumento que diagnostica el descalabro. Se pueden traer a la memoria hechos recientes que robustecen ese fundamento y además ponen en contexto: en 1999, Salta construyó un gasoducto para llevar gas desde la planta de Cobos hasta Antofagasta, en la segunda región del país trasandino. De aquella condición de exportadores no queda el más mínimo vestigio, ahora la discusión pasa por a quién conviene comprarle, si a Chile o a Bolivia. De hecho, el gasoducto citado, actualmente sirve para que el gas se envíe a Salta desde más allá de la cordillera de Los Andes.
En ese marco, resurgen otros hechos que no son novedosos pero que no pierden fuerza, una especie de noticia vintage. La connivencia entre el Gobierno de la provincia y Austin Podwer -la planta de Amoniaco, Ácido Nítrico, y Nitrato de Amonio que está siendo instala en El Galpón-, ha sido evidente con la aceptación del plan de impacto ambiental presentado por la empresa, que luego recibiera más de una quincena de observaciones en la Justicia. La complicidad también se dejó relucir con un contrato que se suscribió entre Remsa (Recursos energéticos y mineros de Salta) y la transnacional, por el cual se le garantizaba a esta última la provisión de gas a prácticamente un tercio más barato que el monto al cual lo importa la Provincia.
¿Por qué este hecho no es actual pero aún tiene vigencia? Porque si bien el contrato se firmó hace seis años, tiene una vigencia de diez años, y encima no empezó a instrumentarse porque la planta todavía no está en funcionamiento. Pero, si Austin comienza sus producciones hoy, bajo los parámetros de ese contrato rubricado el 5 de marzo de 2010, pagará el gas unas tres veces más barato de lo que el Estado salteño está desembolsando para importarlo. Una transnacional paga el gas a un precio menor del que lo pagan los usuarios de a pie, pero además la Provincia se pone en gasto. Conceptualmente, se le subsidia el gas a un emporio que, con un proceso productivo contaminante, elabora explosivos para la mega minería.
Recientemente, se convino traer el gas desde Antofagasta a un valor de 7,20 dólares el millón de BTU, medida que significa aproximadamente 27 metros cúbicos de Gas Natural Licuado (GNL). En el contrato entre Remsa –empresa que tiene como mayor socio al estado salteño- y Austin Podwer, se convino que el precio por millón de BTU será 2,60 dólares.
En el acuerdo se aclara que la cantidad diaria de metros cúbicos que otorgará el gobierno a la planta es de “250.000 metros cúbicos de gas natural”. Estipula garantizar esa provisión en 330 de los 365 días del año, es decir, un total de 82.500.000 de metros cúbicos al año. Dividiendo esa cifra en 27, para estimular la cantidad de BTU anuales, se obtiene un 3.055.555,55. Por esos más de 82 millones de metros cúbicos anuales, Austin le pagará al Gobierno 7.944.444,44 dólares, mientras que los negociadores del Grand Bourg lo estarán comprando a Chile, a 21.999.999,96 dólares. Un subsidio de cerca de alrededor de catorce millones de dólares anuales, en un contrato por diez años (14.055.555,52 dólares, para ser precisos).
El consumo de metros cúbicos en los bimestres de mayor demanda, junio-julio o julio-agosto, de los usuarios particulares, ronda los 500. Por día, se le transferirán a Austin la cantidad de metros cúbicos promedio que consumen 30 mil clientes residenciales. Ello así si se toman las medias de los meses con mayor consumo, porque si se consideran los períodos estivales, el equivalente sería todavía más dispar: gas subsidiado para una empresa, que podría emplearse en abastecer a más de 30 mil familias por día. Como se ve, la tan vociferada crisis energética, no es igual para todos los actores sociales.
Mas el contrato que selló Ricardo López Arias, en calidad de representante de la empresa estatal, con la productora de explosivos, todavía tiene más beneficios para el emporio, siempre en detrimento de la población salteña. El acápite décimo cuarto, referido al precio, indica que luego del primer año desde la puesta en vigencia, “el Precio Base (2,60 dólares el BTU) escalará/desescalará para cada período anual subsiguiente con una variación máxima del 8% del período anual anterior” (sic). Es decir, el monto que paga Austin puede mermarse más, y si se aumenta –para acercarse a los valores reales de importación- nunca puede subirse más de un 8%.
¿Beneficios para quién?
La instalación de la planta, que aún no se finiquitó, se pospuso por más de tres años, ya que en aquel 2010 se ponía plazos de dos años para apostar la factoría. No se debe a falta de ahínco de la empresa, sino que el movimiento de resistencia El Tranquerazo, compuesto por pobladores de la zona que denuncian la ponzoña contra el medioambiente, erigió todo tipo de oposición a la avanzada trasnacional. Los defensores del modelo extractivista, caro a los habitantes pero fértil para la rapiña internacional y las clases dominantes locales refugiadas en las oficinas de las urbes, se escudan en la supuesta generación de empleo y las suculentas inversiones que acarrean los capitales extranjeros.
El citado contrato, avalado por el Gobierno provincial a través del decreto 3288/10, dilapida cualquier posibilidad de considerar que esos fundamentos tienen validez. La inversión que Austin Podwer se compromete a realizar en Salta asciende a 45 millones de dólares. Para nada poco dinero si se lo compara con Asignaciones Universales o Salarios Mínimos Vitales y Móviles, aunque módico si se lo pone en relación con el subsidio del Gobierno.
“La empresa se compromete a efectuar una inversión de aproximadamente U$S 45.000.000 en la Provincia de Salta, promoviendo con ello una importante generación de puestos de trabajo que beneficiará el desarrollo integral de la Provincia de Salta” (sic), se afirma en la introducción del acuerdo.
Como se ha dicho, Juan Manuel Urtubey y su pandilla -gobernador y gabinete- le otorgarán un subsidio de 14 millones de dólares anuales. Vamos a suponer que los 45 millones que promete invertir Austin también son por año -no se lo aclara explícitamente-. En ese caso, el subsidio provincial representaría prácticamente un tercio de lo que la transnacional invertirá. La ecuación es insostenible si se piensa que dos partes en cuestión negocian para obtener réditos mutuos: en este caso parece que una de las partes, el Estado provincial, cedió todos los beneficios a la otra, la planta de explosivos. Quizá, y sólo quizá, algunos de los funcionarios que representan al Estado –que son todos los ciudadanos-, tienen intereses personales en la prosperidad de la empresa.
Anular el contrato
Esta semana, el bloque de diputados del Partido Obrero (PO) reavivó la discusión al respecto de las incestuosas relaciones entre el Gobierno y la empresa de capitales foráneos. Presentó un proyecto para que se discuta la conformación de una comisión que analice pormenorizadamente el contrato y replantee algunos aspectos. De ser necesario, la comisión podría impulsar la anulación del acuerdo.
Desempolvar este contrato en la coyuntura actual de crisis energética declarada, fue también coincidente con una fecha internacional del movimiento ambientalista. Ayer, 22 de julio, se celebró la jornada de lucha contra la mega minería, que se conoce en el mundo como el Día Internacional Contra la Minería a Cielo Abierto.
