Tres casos que sintetizan el verdadero rostro de la gestión Romero: la necesidad de esparcir el miedo y la intolerancia ante la más mínima crítica. La violencia y la intimidación son fundamentales para mantener aceitada la maquinaria de corrupción. 

LS

No son casos aislados. Son muchos y dan cuenta de un modus operandi: la humillación, como herramienta de gestión; la persecución, como castigo; el miedo, como aliado fundamental de la impunidad. Esto sucede en la Municipalidad de Salta. Y es moneda corriente. 

Espacios públicos: inspeccionar para saquear

La pesadilla de Gastón Galván empezó cuando vio lo que no debía ver: un hecho de corrupción.  Vio a su jefe Lucas Giangreco sustrayendo parte de los decomisos de mercadería ilegal. Al ser sorprendido quedándose con la mercadería, Lucas le dijo a Galván que también se lleve a su casa alguito. Galván, honesto, rechazó la propuesta.  Entonces empezó la persecución. 

El inspector dependiente de la Dirección de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta denunció ante el procurador adjunto Ramiro Ángulo a su superior Lucas Giangreco y a la inspectora Rosa Farfán, acusando que los mismos sustraen mercadería incautada a vendedores ambulantes.

Lucas Giangreco recrudeció la persecución: para la festividad del Milagro lo mandó a Galván para que esté en Campo de la Cruz, desde las 8 de la mañana, hasta las 16, sin comida. «Si me retiraba, iba a tener un sumario por abandono de puesto», dijo.

Galván intentó hacer todo bien. Fue a hablar con Susana Pontussi, la encargada del área. La funcionaria le dijo que si le traía una prueba, ella lo hacía sacar. A la hora, Galván le dio las pruebas. Pero Pontussi no cumplió con su palabra: no echó a Giangreco, pero sí se reunió con él para contarle sobre la denuncia de Galván. 

Al día siguiente,  Giangreco lo insultó. Usó como insultos las palabras «negro», «albañil» y «pobre». La persecución se exacerbó. A Galván no le quedó otra que salir a hablar con los medios. 

Cuando el caso de Galván empezó a circular, saltaron otros casos y detalles. Se conoció, por ejemplo, que Giangreco tiene una denuncia policial en su contra de Valentin Armella, quien trabaja en la dependencia municipal y acusa que el denunciado rompió un candado de su oficina para ingresar sin permiso. En la denuncia expuesta se nombra que Giangreco ingresó a revisar expedientes sin autorización. También existe una denuncia interna que data de agosto de la chofer Patricia Lamas quien acusa a Giangreco de persecución laboral en su contra y maltratos del denunciado.

Galván sostuvo, además, que hay una denuncia por violencia de género y que días atrás un inspector de avanzada edad se sintió mal y Giangreco no quiso usar el móvil del área para llevarlo al hospital. A ese mismo móvil sí lo usa como auto particular y hasta como móvil escolar. 

Tú también, Josefina

Esta semana también denunciaron por abuso y persecución laboral a Josefina Chávez Díaz, la secretaria de Juventud y Deportes de la Muni. 

La trabajadora y delegada gremial Jessica Zelaya denunció que la ira de Chávez Díaz comenzó cuando Zelaya participó de las asambleas sindicales en agosto. La funcionaria, en represalia, la habría insultado y en reprimenda la denunció por no cumplir sus tareas laborales.

Zelaya trabajaba en la Secretaría de Deportes y Juventud, y presentó la denuncia de manera interna en la Municipalidad luego de que Chávez Díaz la hiciera llamar tras haber participado en la asamblea del frente intergremial donde los sindicatos estaban evaluando medidas de fuerza ante el conflicto salarial que mantenían con el ejecutivo.

 “Uh, esta pendeja de mierda”, dijo Chávez Díaz cuando Zelaya entró a su despacho. Todo quedó grabado por la trabajadora, que había previsto que habría un momento tenso, aunque nunca imaginó que la iban a insultar ni sancionar. Chávez Díaz trasladó a la delegada gremial a un nuevo puesto de trabajo sin ningún insumo para que pueda desarrollar sus tareas.

El Sindicato de Municipales de Salta (SIMUSA) ya presentó una queja formal amparándose en el artículo 52 de la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales. 

Chávez Díaz de todos modos se dio el gustito de hacerla sancionar, bajo la excusa de que no estaba en su nuevo puesto de trabajo. “En la denuncia que ella hace dice que no me encuentro en el box en el que ella me designa, pero recursos humanos constata que yo estoy en mi lugar de trabajo de siempre y no me encuentro en el box eso porque no tengo ni una silla donde sentarme”, explicó Zelaya.

Zelaya muestra que bajo el mando de Chávez Díaz sucede lo mismo que bajo el mando de Pontussi. “A mí me duele tener mi legajo manchado por una persona que realmente ataca a muchas personas. Es un ataque constante, tiene varias denuncias de otros empleados y jamás le dieron bolilla. La intendencia no le da bolilla, pasa y sigue pasando y no le importa”, dijo Zelaya a un medio local.

Nallar, confirma la regla

En 2021,  la exempleada municipal Roxana Padilla denunció por violencia de género y maltrato al secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Daniel Nallar y sostuvo que se realizó una persecución por pertenecer a un gremio.

El abogado José Ortín Fernández, representante de Padilla, que su asistida trabajó muchos años en la Subsecretaría de Tránsito y en 2020 fue cabecilla de una manifestación ya que querían quitarles facultades a los agentes. Como consecuencia, se dispuso la cesantía de la mujer. Sin embargo, se necesitaba la intervención de un juez laboral para levantar el fuero gremial, esto nunca se realizó y la Municipalidad hizo efectiva la cesantía. 

“Atacar de esa manera a alguien que tiene fuero gremial es un mensaje claro de que el Municipio no acepta ningún tipo de reclamo de los gremios que están en su derecho”, recalcó el letrado. 

Los detalles del caso Padilla son estremecedores. 

Roxana Padilla trabajaba en planta permanente de la Municipalidad capitalina desde hace 14 años. Como no tenía depositado su sueldo, fue al CCM a buscar una explicación y el asesor Daniel Nallar no solo le dijo que estaba despedida, sino que también la maltrató. Denunció esta situación porque está cursando el octavo mes de embarazo.

Que el accionar de los alfiles de la Muni están aceptados y propiciados por la intendenta quedó claro en este caso: Roxana contó que la intendenta Bettina Romero realizó un último intento de frenar la instancia judicial. Le hizo llegar a Roxana Padilla una oferta. Una oferta para comprar su silencio. Pero la oferta era tan degradante, tan insultante: le ofreció a la trabajadora pagarle el sueldo por unos meses más, hasta que sea madre. Y entonces sí quedaría fuera, sin trabajo.

«Me ofrecen cubrirme seis meses más, me pagarían el sueldo y pasado ese tiempo harían efectiva la cesantía. Me dijeron que la Doctora (Por Bettina Romero) quería cubrir hasta que dé a luz y luego perdía la oportunidad de hacer juicio», contó en ese momento Padilla.

Maquiavelismo puro.