La Fundación Poder Ciudadano, junto a Salta Transparente, realizó este miércoles una campaña de promoción y difusión “por los recursos transparentes”. Piden modificaciones a la Ley de Ética Pública y una reforma De los mecanismos de control institucional. (Gonzalo Teruel)
Casi al mismo tiempo en que el eterno intendente de Embarcación, Alfredo Llaya, era escrachado junto a muchísimos jefes comunales de todo el país por “plotear” con sus nombres el mobiliario urbano de las ciudades que gobiernan por el canal Todo Noticias, se realizaba en Salta una “Jornada de Acción Ciudadana por los Recursos Transparentes”.
“Lo que hacemos es sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre el problema que representa que los funcionarios públicos utilicen de manera indebida los recursos públicos” explicó Catalina Müeller, coordinadora de la Fundación Poder Ciudadano, y precisó que “los recursos públicos son todos aquellos bienes patrimoniales (dinero, edificios, vehículos, etcétera) que le permiten al Estado funcionar y que deben ser utilizados para el bienestar general”.
Muchas veces, esos recursos son usados de manera indebida por los funcionarios públicos. Por eso, para que la gente se interese en el control de esos funcionarios, Poder Ciudadano junto a Salta Transparente realizó su movida pública el pasado miércoles. “Esta actividad se enmarca en la iniciativa regional de la que forman parte Poder Ciudadano, Fundación Construir de Bolivia, Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, Acción Ciudadana de Guatemala, TEDIC de Paraguay, y Transparencia de Venezuela” indicó Müller.
La especialista añadió que “los usos indebidos de los recursos públicos son más comunes de lo que se piensa y se repiten y reproducen constantemente tanto en Argentina como en los países de la región”. “A veces son más evidentes, como cuando algún funcionario utiliza dinero público para financiar su campaña y, otras veces, puede tratarse de acciones más difíciles de identificar como, por ejemplo, cuando se le asignan tareas relacionadas con la militancia o asuntos personales de los funcionarios a empleados públicos” planteó y consideró que para impedirlo la ciudadanía debe ejercer el control.
Ciudadanos reformistas
Existen en el país numerosas leyes y organismos (Sindicatura, Auditoría, Oficina Anticorrupción, Defensoría del Pueblo, etcétera) pero el control, sin embargo, es tan lento como deficitario. “Lo que hace falta es que los organismo de control funcionen como deberían” reconoció Müller y reclamó presupuesto para esos organismos y que se cumplan las leyes de Acceso a la Información Pública y de Ética Pública sobre la que indicó ya se impulsa una reforma integral.
“Queremos instalar la necesidad de una reforma de la ley de Ética Pública que ya está desactualizada (fue sancionada en 1999) y que, además de las lagunas que puede tener, fue muy poco utilizada por la administración y la justicia” confirmó German Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, y precisó que, por ejemplo, la norma no habla de los “conflictos de intereses” en los que se vieron involucrados el presidente Mauricio Macri y varios de sus ministros y secretarios en los últimos meses.
“La ley está pensada para funcionarios que se van a la actividad privada y no, como pasó en el último tiempo, al revés con empresarios que pasaron a la función pública” explicó el especialista y añadió que el “fideicomiso ciego” como el que hizo el presidente Macri o las “reuniones de lobby” tampoco están contempladas por la norma.
“Necesitamos actualizar la ley pero además, y sobre todo, generar mecanismos de alerta temprana que permitan no solo combatir sino también prevenir la corrupción y por eso impulsamos una reforma sistémica e integral”, enfatizó Emanuele.
A juicio de los especialistas de Poder Ciudadano, existen “suficientes elementos y procesos (en las oficinas institucionales) para hacer un efectivo control de los actos de gobierno pero el problema es que no funcionan”. “La Sindicatura elabora sus informes pero falla en publicitarlos para que sean de conocimiento público, la Auditoría hace sus informes pero si encuentra irregularidades no tiene facultad para denunciar, el Poder Judicial demora estrepitosamente en los casos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera” describió Emanuele y concluyó que “no faltan leyes y organismos sino, simplemente, que toda esa estructura sea mucho más eficiente”.
Salteños transparentes
La “Jornada de Acción” de Poder Ciudadano estuvo acompañada por Salta Transparente y organizaciones de voluntariado juvenil de la provincia. “En materia de uso indebido de recursos públicos los funcionarios salteños dan cátedra” acusó el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, titular de Salta Transparente, y explicó que en la provincia “no tenemos órganos de control que funcionen correctamente ni fiscales y jueces independientes”.
“Salta vive una situación de decadencia institucional que tiene una única salida: ciudadanos responsables que exijan a sus gobernantes que rindan cuentas” enfatizó y reclamo la adhesión de la provincia a la Ley de Acceso a la Información Pública “para poder ejercer mayor control”.
Finalmente, Guzmán Coraita aseguró que la vieja máxima de “educar al soberano” debe cambiarse en la provincia por la fórmula “educar al gobernante” para exigirle que maneje de manera correcta los dineros públicos.
