Hace un tiempo atrás, el Semanario Cuarto Poder fue víctima de una opereta política que dejó al descubierto las prácticas más indignas de la política sucia. Este ataque, lejos de constituir un ejercicio legítimo de libertad de expresión, resultó ser una maniobra cuidadosamente diseñada para desacreditar no solo la figura del gobernador, sino también a empresarios, periodistas, medios de comunicación y políticos que representaban un obstáculo para los intereses del diputado nacional Emiliano Estrada.
La investigación judicial expuso un entramado financiado con recursos públicos, incluidos sueldos provenientes del Congreso Nacional, empleado para sostener una maquinaria de difamación. Los nombres involucrados revelan un esquema coordinado: Alonso Javier Allemand, diseñador gráfico encargado de producir los videos difamatorios; Florencia Arias Bustamante, colaboradora cercana a Estrada, responsable de proveer el material base; y Juan Marco Capisano Zapata, experto en ciberseguridad, hermano de la ex secretaria de Prensa de Bettina Romero, Valeria Capisano. Los dos primeros, además, habían sido designados como asesores en la Municipalidad de Cerrillos, una constante en el entorno de Emiliano Estrada, quien -como publicó este semanario- designó a su esposa durante dos años en la Cámara de Diputados de la Nación.
Este equipo, con recursos estatales, elaboraba contenido calumnioso distribuido a través de cuentas falsas en redes sociales, llegando incluso a apropiarse del nombre de medios locales para dar mayor credibilidad a sus ataques. Este accionar representa un abuso flagrante de las instituciones, desviando fondos que deberían servir al bien público hacia fines estrictamente personales y políticos.
Lejos de enmarcarse en el periodismo, estas acciones no buscaban informar ni ofrecer una visión alternativa de la realidad. Su único propósito era destruir reputaciones mediante campañas orquestadas, tan alejadas del concepto de «fake news» como de cualquier estándar ético, dado que sus autores no eran periodistas, sino operadores políticos al servicio de oscuros intereses.
El impacto, aunque diseñado para ser devastador, encontró resistencia en los valores que defiende Cuarto Poder. Este medio, con 35 años dedicados al periodismo de investigación, su editor, familiares, y hasta personas ajenas al medio, fueron objeto de una ofensiva cobarde que intentó silenciarlos por haber expuesto prácticas de corrupción vinculadas al legislador.
Es necesario subrayar que la investigación judicial que puso nombre, apellido y cara al ideólogo de estas operetas y sus brazos ejecutores, no puede tomarse nunca como un ataque a la libertad de expresión. Este derecho protege el debate crítico y el disenso legítimo, pero no ampara la difamación, ni mucho menos el uso de recursos estatales para financiar campañas de desprestigio. La libertad de expresión debe ser un pilar para el intercambio de ideas basadas en hechos, no una excusa para propagar mentiras diseñadas para manipular y destruir.
El caso ha sacado a la luz un esquema perverso, financiado con dinero público, que utilizaba sofisticadas herramientas de comunicación para manipular la opinión pública. Las confesiones de los implicados han sido esclarecedoras: reconocieron recibir instrucciones directas para crear contenido calumnioso y operar bajo contratos solventados con fondos del Congreso.
Este episodio deja en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los controles sobre el uso de los recursos estatales y erradicar estas prácticas que no solo vulneran derechos individuales, sino que también erosionan los principios democráticos. Las instituciones deben asegurar que el dinero público se utilice en beneficio de la ciudadanía y no como herramienta de persecución contra quienes cuestionan el poder.
En tiempos donde las redes sociales se han convertido en plataformas clave para la comunicación, es imperativo reflexionar sobre los límites éticos de su uso. La libertad de prensa y expresión son derechos esenciales en cualquier democracia, pero deben ejercerse con responsabilidad y apego a la verdad. No se trata de imponer silencios, sino de garantizar un debate público transparente y basado en hechos verificables.
En defensa de la democracia, el periodismo independiente y los valores que nos definen como sociedad, este medio continuará denunciando los abusos y exigiendo la rendición de cuentas de quienes, bajo el disfraz de servidores públicos, traicionan la confianza de la ciudadanía.
