La vecina que presentó una denuncia por las irregularidades en la construcción de una clínica en calle Adolfo Güemes N° 82, se enteró que desde el municipio capitalino piensan darle una excepción al edificio que, entre otras cosas, no cumple con las normas antisísmicas. (DOM)

Algunos funcionarios estatales hablan como si fueran representantes de empresas privadas. Representantes que, además, se han puesto en serio la camiseta de los intereses que representan y defienden.

Al menos esta es la percepción que se puede tener de la Directora de Obras Privadas, Arq. María Eugenia Angulo, en una nota que le envió a la denunciante. “En primer lugar se destaca en las insistente presentaciones de la Arquitecta María José Flores, que la Secretaría se encuentra analizando las cuestiones de seguridad invocadas de modo tal que su pedido sería evaluado una vez que se cuente con las conclusiones de la Comisión que ha conformado a tales fines… Es oportuno señalar que antes que el expediente regrese de la Comisión Evaluadora ya había efectuado cuatro nuevas presentaciones retirando las anteriores, es decir no hubo siquiera tiempo para comunicar lo evaluado… Ante el panorama referido no puede esta Dir. General más que preguntarse cuál es la finalidad perseguida por la Arq. Flores con las insistentes e improcedentes presentaciones.” La nota de Angulo termina así. “Resulta necesario en tal sentido advertir sobre la obligación de colaboración que le es exigible tanto a los responsables de las obras como a la propia Arq. Flores, en el sentido de no entorpecer con peticiones inadecuadas y extemporáneas la labor de la Secretaría”.

Suena como vocera de la empresa que construye (mal) el edificio. Suena, también, como alguien que no quiere cumplir con su trabajo. El interés de Flores -que Angulo no quiere o no puede entender- es simple: vive al lado de un edificio que se puede desplomar. “Pese a la claridad de mis presentaciones, aparentemente la señora Directora no entiende la gravedad del asunto en curso. Ello obliga a contestar su pregunta explicando detalladamente la finalidad perseguida, por qué la insistencia, y además su procedencia. Dicho sea de paso, indicaré también su responsabilidad como funcionaria pública en el tema”, dice una extensa misiva de 19 páginas enviada por Flores a Angulo. Las 19 páginas son con detalles técnicos de las irregularidades que los funcionarios hacen todo lo posible por no detectar.

El procurador

Flores también le escribió al Procurador General de la Municipalidad de Salta, Aníbal Anaquin. En la carta, Flores vuelve a relatar algunos de los problemas. Por ejemplo, que “los responsables de la obra llegaron al extremo de presentar planos de estructura que no coinciden con la realidad, poniendo en peligro de muerte a mi familia, dado el incumplimiento a las normas sismorresistentes”.

Cita en la nota el expediente judicial n° 276.990/09 caratulado “Emprendimiento Adolfo Güemes S.A. c/ Flores María José; Flores María Daniela s/ Sumario” de trámite ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 9ª Nominación, en el cual, el perito oficial de la causa, el Ing. en Construcciones Aragón, detectó varias irregularidades en el edificio, entre ellas “…la posibilidad de que ante las acciones de movimientos sísmicos, las respuestas de los muros exteriores que se presentan ejecutados como de cerramiento y a la vez de revestimiento del edificio, no respondan a la estabilidad exigida de mantenerse en su posición y sufrir roturas y desprendimiento de partes que perjudiquen al sector en su conjunto (vecinos y edificio propiamente dicho)”. También cita que “la mampostería no ha sido vinculada correctamente a la estructura resistente, no se colocaron las barras de hierro cada dos hiladas sino cada tres y en otros casos cada seis, no cumple con los morteros cementicios de las juntas armadas y no cumple con la Norma Sismorresistentes INPRES CIRSOC 103 en vigencia”.

Flores le resalta a Anaquin que el conocimiento que tiene la Municipalidad de la Ciudad de Salta de dicho dictamen es cabal, puesto que el expediente resultó -y resulta- materia de prueba en otro expediente donde la Municipalidad de la Ciudad de Salta es parte.

La insistencia de Flores tiene que ver con la posibilidad de que a esta obra se le otorgue “una excepción” para que no cumpla con normas básicas de seguridad. Por eso le recuerda a Anaquin que ante la Corte de Justicia, en el marco del expediente referido, la Municipalidad de Salta dijo: “Para la tranquilidad de la accionante, nadie se encuentra exceptuado del cumplimiento de la normativa antisísmica consagrada para la totalidad del territorio provincial por la Ley 5.556. En tanto y en cuanto no se dé acabado cumplimiento a la misma (como a la demás normativa de edificación y ambiental pertinente) la obra de calle Adolfo Güemes N° 86 no será habilitada.

Este es el motivo por el cual la obra ha sido paralizada en forma reiterada por el Organismo técnico, situación de paralización en la que se encuentra a la fecha por Resolución 02 del 10 de Mayor de 2012de la Subsecretaría de Control y Planeamiento Urbano. Evidentemente, como reconoce la Municipalidad, la obra incumple las normas sismorresistentes.

Sin embargo, para Flores es posible que los trabajos continúen en esa obra. “Tal avance de obra a través de una actividad antirreglamentaria, cuyo control compete a la Municipalidad de Salta, es la franquicia de la que ahora se estaría intentando servir el emprendimiento privado para encuadrar en el Régimen de Revisión, toda vez que necesitaba un avance de obra “mayor al 80%” según la ordenanza (art. 5°)”, dice la nota enviada al Procurador.

En síntesis: están dejando que la obra avance y cuando llegue al 80% los responsables se harán de la excepción.

En la carta al procurador, Flores advierte otra irregularidad en el municipio: otra vez el tufillo de que están trabajando para la empresa, pues no la dejan acceder a los expedientes. No se los dejan ni ver. “El 25 de julio de 2013, intenté tomar vista del expediente 3288/03 no habiendo logrado me sea exhibido. Por lo cual, el día 26/07/2013, me constituí nuevamente en la Municipalidad de Salta en compañía de la Escribana Pública Mariana Ivetich, requiriendo la exhibición del expediente. En tal oportunidad, me informaron en la Municipalidad de Salta de la existencia del expediente 47709/13, sin dudas, conexo al 3288/03 por tratarse de la misma edificación y partes en cuestión. Requerí vista y copias en presencia de la escribana, recibiendo de parte del Sr. Curutchet de “Unidad Ejecutora” la llamativa respuesta que consta en el Acta Notarial, negándome tanto la vista como las copias”, le informó Flores al Procurador. También se puede leer en esa carta que le dijeron que vuelva el 29. Ella estuvo ese día, pero tampoco pudo ver el expediente. Le dijeron que lo tenía el procurador. La Bur(r)ocracia funciona así: gana por cansancio.

Flores quiere ver los planos de ese expediente porque cree que pueden ser truchos: “Recientemente, he detectado que los planos presentados ante el COPAIPA y ante la Municipalidad de Salta, resultan apócrifos. No condicen con la realidad. Por ello, procedí a interponer una denuncia en el COPAIPA, cuya copia acompaño y que da cuenta del peligro de muerte al que estamos sometidos por la “actividad antirreglamentaria” permitida a los responsables de la obra”, dice la nota.

Con los planos apócrifos, la empresa pretende ingresar en el “Régimen de Revisión, Registración y Regularización Edilicia”, y que se engarza en un eslabón más de aquéllas “actividad antirreglamentaria” que los responsables de la obra vienen llevando a cabo.

“Por ello, de ser el caso que se me siga negando la vista y copias solicitadas, y pretenda eximirse a la obra del cumplimiento de normativa vigente y vital en materia de sismorresistencia, través de planos apócrifos, con el conocimiento que ya tiene la Municipalidad y el señor Procurador, me veré forzada a accionar judicialmente, una vez más, por arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Lo anterior, sin perjuicio de mantener las reservas de responsabilidad que vengo efectuando por cualquier daño y perjuicio que resulte a mi persona, familia y/o bienes”, dice la nota.

El estado salteño se ha vuelto kafkeano. Bizarro, inverosímil, laberíntico. Y todo para defender a intereses particulares.