Fotografía de una zigzagueante gestión provincial: el gobernador Juan Manuel Urtubey vetó una ley que elaboró él mismo. (Gonzalo Teruel)
“Vamos a seguir promoviendo el desarrollo de la provincia. Vamos a continuar escuchando a cada uno de los integrantes del sector a través de las mesas ya implementadas y apoyándolos con políticas activas como el fomento a la actividad de ganadería mayor y menor”, dijo Juan Manuel Urtubey al asumir el 10 de diciembre por tercera vez como gobernador. Y cumplió. Esta semana promulgó la Ley 7.952 de creación de un Régimen Provincial de Promoción de la Ganadería, sancionada por la Legislatura hace casi un mes.
La aprobación de la ley, sin mayor debate en el Senado, había sorprendido a propios y extraños porque su tratamiento estuvo paralizado desde diciembre frente al rechazo de las entidades rurales de la provincia que todavía mantienen sus críticas y cuestionamientos.
El año pasado, durante la discusión en Diputados, las principales objeciones estuvieron apuntadas a la creación de una “Sociedad Anónima con participación estatal o cualquier otro tipo de entidad con personería jurídica, que tenga por objeto establecer los valores referenciales de los granos destinados a la transformación en carnes, leches, huevos y sus derivados en la región”. “Es una gran estupidez”, dijo entonces el diputado Carlos Zapata y explicó que “se crea una sociedad anónima con participación del Estado, que busca establecer precios referenciales para los granos, que será un verdadero Triángulo de las Bermudas donde primará la especulación y no será utilizado para beneficio de nadie”.
Su razonamiento era sencillo: si los precios pagados por esa entidad son más bajos que los del mercado ningún agricultor le venderá granos y si son más altos, los ganaderos (a los que se pretende beneficiar) irán a comprar a otro lado. Como Zapata, muchos ruralistas sospecharon que el único objetivo de la ley era la compra de cereales a precios menores a los del mercado por parte de una compañía estatal para después venderlos (también a precios menores) a los establecimientos de transformación de proteína vegetal en proteína animal: corrales de engorde de bovinos, criaderos de cerdos y tambos. “Esta ley tiene nombre y apellido”, dijeron legisladores y dirigentes rurales que, por lo bajo, apuntaron a Facundo Urtubey, hermano del gobernador, y a algunos de sus amigos y socios, como el ex secretario de Asuntos Agrarios, Lucio Paz Posse, que en los últimos años realizaron inversiones justamente en esas actividades productivas.
Pero, tal como anticipara Cuarto Poder a comienzos de mes, en uso de sus atribuciones constitucionales el gobernador Urtubey vetó parcialmente la ley y eliminó la creación de esa cuestionada empresa estatal.
La norma quedó reducida, entonces, al estímulo de la actividad ganadera mediante “la implementación de líneas de crédito e incentivos para la compra de vientres y reproductores, compra de terneros y reproductores en remates ferias, líneas de fomento y financiamiento para la compra de granos de producción salteña con destino a engorde y demás herramientas que establezca la autoridad de aplicación”.
Estímulo que, según se desprende de recientes declaraciones del ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero, será bien menor. “Nunca fue una ley que contenía fondos exclusivos destinados al sector” reconoció y aclaró que apenas “crea un marco en el que el Estado pueda ayudar con tasas de interés, con determinado financiamiento, con todo aquello que considere útil y óptimo para el desarrollo ganadero”.
Peor aún, no pocos productores ganaderos siguen preocupados por otros aspectos burocráticos, administrativos y fiscales de la ley, como las modificaciones al Registro de Marcas y Señales y a los procedimientos de Sanidad y Control. Aseguran, todavía, que incrementará el costo fiscal de la producción.
Inapelable fotografía de una zigzagueante gestión provincial, el gobierno creó un régimen específico de promoción de una actividad productiva pero no le asignó los recursos necesarios. Mucho peor aún, el gobernador Juan Manuel Urtubey vetó una ley que elaboró y promovió el mismísimo gobierno de Juan Manuel Urtubey.
