Un informe de la Auditoría General encontró numerosas irregularidades en la Cooperadora Asistencial de Rosario de Lerma, municipio que aún comanda, pese a todo pronóstico, Sergio Ramos. Subsidios y órdenes de pago sospechosas, y los nunca faltantes “gastos varios” fueron notados por los auditores. (DOM)
Las sospechas sobre el manejo de los fondos en Rosario de Lerma son tan cotidianas, que esto bien podría no ser noticia: la Auditoría General de la provincia realizó una investigación sobre la Cooperadora Asistencial de ese municipio y, aunque sólo estudió un solo mes (mayo de 2012) encontró varias irregularidades.
La verificación ha tenido como objeto cotejar los recursos distribuidos por la Dirección General de Rentas de la Provincia, transferidos por la Tesorería General con los detallados en la Rendición de Cuentas del periodo. Respecto de los Gastos, informados en el Balance de Cargos y Descargos, se analizaron su concordancia con la copia certificada de los comprobantes y se verificaron los aspectos detallados en el apartado correspondiente.
Antes de ir a lo que está mal, expliquemos cómo funciona la Cooperadora. Con un total de recursos declarados por $ 151.924, el dinero se distribuyó así: $ 28.220 para Salud (18,57%); $ 4.170 en “Alimentación” (2,75%) y $ 119.534 (78,68%) fueron reportados bajo la ambigua carátula de “otros gastos”.
Los gastos de salud declarados, corresponden a subsidios otorgados a beneficiarios por diversos conceptos. Para la Reparación de la ambulancia del hospital, se destinaron 3.880; en traslados, estadía y estudios oftalmológicos, $ 4.000 y en una “Cirugía ocular ambos ojos”, 9.500.
La Auditoría revisó cheques y recibos y detectó esto: “Las Órdenes de Pago presentadas, no son respaldadas por los comprobantes por los cuales se ordena la salida de fondos.” Asimismo, el informe deja esta sospecha: los enfermos bien podrían no existir: “Los subsidios otorgados en gastos de salud son concedidos mediante el ordenamiento de pago, sin que se encuentren respaldados por documentación que avalen el pedido, tales como órdenes de tratamiento, consultas y estudios de diagnósticos” (sic).
Bajo el ítem gastos de alimentación se mezclaron facturas con salud, así que no se pudieron delimitar bien las cuentas. “Las Ordenes de Pago emitidas por la Cooperadora Asistencial cancelan distintos tipos de fondos a rendir, en este caso además de gastos de alimentación, se cancelan de salud y otros gastos. Los importes rendidos en concepto de Gastos de Alimentación por un total de $ 4.170 corresponden a subsidios otorgados para la adquisición de bienes que se destinan a provisión de alimentos”, dice el informe.
El ítem más ambiguo, el de “otros gastos”, pudo aclararse un poco: se entregaron “subsidios generales” por $ 51.331; subsidios a estudiantes por $17.700; gastos de transporte por $10.450 y se pagaron haberes por 10.400. De todos modos, hay fondos irrastreables: porque dentro del concepto “otros gastos” hay otro concepto denominado “otros” y que implicó un gasto de $ 29.653.
Sólo por curiosidad, los auditores observaron que algunas órdenes de pago fueron emitidas a la orden del Tesorero quien extrajo los fondos del banco para pagar en efectivo los subsidios. Oh casualidad, justamente la Auditoría detecta esto: a) Las Ordenes de pago Nº 11671‐11724 y 11730 fueron emitidas a la orden del Tesorero… Los subsidios… pagados en efectivo carecen de la documentación respaldatoria.
Son justamente las órdenes de pagos más jugosas (que rondan los 20 mil pesos) a las que se les pierde la documentación.
Por ejemplo, en los subsidios para estudiantes, hubo un pago otorgado mediante Orden de Nº 11672, por un importe de $ 16.700. Esa orden tampoco adjunta documentación respaldatoria.
Observaciones finales
Antes de finiquitar el informe presentado esta semana, los auditores hicieron un largo listado de las observaciones de lo que se debe corregir con urgencia.
Allí se insiste en que las facturas rendidas no son intervenidas por tesorería con sello de pagado y fecha de cancelación. También en que la Cooperadora no actúa en la presente rendición como Agente de Retención del impuesto a las Actividades Económicas de DGR de Salta, por los pagos efectuados en el período, estando inscripta como tal desde el 01/06/1977.
Asimismo, los contadores insistieron en otra irregularidad en torno a las órdenes de pago: estas son prenumeradas correlativamente, no habiéndose presentado en la presente rendición las siguientes Ordenes: 11681; 11687; 11701; 11710 a 11717 y 11746.
Como si esto fuera poco, el saldo al 01/05/2012 expuesto en Banco en Formulario Nº 1 de $ 45.925,33 no coincide con el saldo bancario, existiendo una diferencia de $ 3.055,00 que corresponde a cheque emitidos e incorporados en la rendición del período anterior e ingresados durante el período de mayo 2012. También hay otra diferencia importante en el Banco de casi 50 mil pesos: “Se expuso en saldo al 31/05/2012 en Banco en el Formulario Nº 1 $ 47.924,70, en tanto que corresponde un saldo de $ 96.221,70 existiendo una diferencia que surge de $ 54.447 que debe desafectarse por tratarse de conceptos pagados con cheques no ingresados en el período pendientes de pago, gastos que debieron rendirse en el presente período por $ 9.205”, dice el informe.
¿Consecuencias?
Algún lector ingenuo pensará que con esto hay suficiente para llevar al intendente a un banquillo para que, al menos, dé explicaciones. Error. Las auditorías han cumplido una función extraña durante la función de Juan Manuel Urtubey: detectan un error o un ilícito, lo comunican y después nadie hace nada.
Algunos recordarán, ahora, la molestia de Sergio Ramos, meses atrás, cuando destituyeron al entonces intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba: puso el grito en el cielo cuando pensó que legisladores podían tomarse en serio las auditoras y usarlas para destituir intendentes corruptos.
Pero lo de Carlos Villalba fue una excepción. Nadie tocará a Ramos. Como mucho, alguien, en unos meses o unos años se acordará de estas auditorías y pensará: por eso fue que se derrumbó la provincia.
