Celebramos la renuncia de Silvia Pace al cargo que tenía en la provincia tras dar a conocer que tenía otro en el gobierno nacional. El episodio nos desliza a otros casos de funcionarios eyectados por el rigor de las notas publicadas en estas páginas. (Gonzalo Teruel) 

En la permanente tensión entre los gobiernos y los periodistas, de Carlos Menem a Cristina Fernández de Kirchner y de Juan Carlos Romero a Juan Manuel Urtubey, una tácita ley manda a “nunca, jamás, entregar la cabeza de un funcionario a la prensa”. Es decir que, en la mayoría de los casos y sin importar el contenido y la gravedad de las acusaciones, tanto permanecerá un funcionario en su cargo como persistan las denuncias en la prensa.

Por supuesto que en los despachos del Grand Bourg lo negarán, pero esta semana esa lógica, aunque sea una excepción a la regla, se quebró: el martes, a través del Boletín Oficial, el gobierno comunicó la renuncia de María Silvia Pace como Coordinadora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Casa de Salta en Buenos Aires. Y eso tiene que ver con una denuncia periodística de Cuarto Poder y que llevara la rúbrica de quien esto escribe.

Hace unas pocas semanas este semanario reveló que Pace ocupaba dos despachos: uno en la administración provincial, el de la Casa de Salta, y otro en la administración federal como Directora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación. Y denunció que esa doble función está prohibida por ley. “Con sus simultáneas responsabilidades Pace viola la Ley 25.164 que establece el marco de regulación del empleo público nacional. ‘Es incompatible el desempeño de un cargo remunerado en la Administración Pública Nacional, con el ejercicio de otro de igual carácter en el orden nacional, provincial o municipal’ expresa el Artículo 25 de la norma promulgada en octubre de 1999” acusó y, a partir de la consulta con numerosos juristas, mencionó otras normas y principios jurídicos violentados por la ex Ministra de Derechos Humanos.

La renuncia de Pace hay que celebrarla, como así también que en el pasado reciente, otros oscuros funcionarios fueron empujados fuera del gobierno por el rigor de los artículos publicados en estas páginas.

El año pasado, por ejemplo, una quirúrgica investigación presentada en tres notas consecutivas (que mereció el reconocimiento del Foro de Periodismo Argentino) provocó cambios en la estructura del gobierno provincial y sentenció la gestión de Marianela Cansino al frente del Ministerio de Derechos Humanos.

Los artículos “El hilo se corta por lo más fino”, “Estructura de cristal” y “Ya no hay forma de pedir perdón” publicadas entre julio y agosto revelaron que la muerte de Thiago Quipildor, un niño alojado en un hogar sustituto y bajo tutela estatal, pudo ser evitada. Los textos firmados por Federico Anzardi denunciaron que, pese a las advertencias que hacía más de un año habían realizado los trabajadores de Derechos Humanos, Cansino y sus principales colaboradores nada hicieron para evitar que la burocracia y la desidia se cobraran la vida de Thiago.

“Los medios de difusión no le prestaron mayor atención pero, aunque pareciera que nada cambió, el gobierno se vio obligado a reaccionar y trasladó de Derechos Humanos a Primera Infancia las oficinas encargadas de la Niñez y la Familia. Además, selló la suerte de Marianela Cansino que dejará de ser ministra el próximo 10 de diciembre” publicó Cuarto Poder cuando la investigación fue seleccionada finalista del Premio al Periodismo de Investigación de la Argentina, que entrega FOPEA. En efecto, Cansino ya no es ministra y sólo ocupa un cargo decorativo en Educación.

Mucho menos importante, también el año pasado, otro crítico artículo promovió cambios en la legislación ambiental de la provincia y marcó el camino de salida de otro funcionario. “Ante especialistas nacionales, el Secretario de Ambiente, Gustavo Paul, disertó sobre la Ley de Fitosanitarios que la provincia sancionó hace dos años pero que todavía no fue reglamentada” contó este medio en su página de Internet el 1 de diciembre y acusó que “sin ponerse colorado, Paul dio cátedra sobre una ley que por su propia desidia no se aplica en la provincia”. Una semana después el gobierno publicó el decreto de reglamentación de la ley y el 10 de diciembre el funcionario dejó su cargo y fue reemplazado por Irene Soler. Hoy, igual que Cansino, ocupa un cargo intrascendente en Gobierno.

En 2014, un informe titulado “El control no es para los poetas” dedicado a los problemas para centralizar las declaraciones juradas de funcionarios públicos motivó el desplazamiento del vate Víctor Manuel Fernández Esteban de la Escribanía General de Gobierno. “De los 86 salteños y salteñas elegidos por la ciudadanía en 2011 para ejercer la primera representación vecinal, es decir para desempeñarse como concejales o intendentes, apenas 50 cumplen con la Ley 3.382 y (su modificatoria Ley 6.547) respecto de las Declaraciones Juradas Patrimoniales. En efecto, de acuerdo a un informe realizado por la Auditoría General de la Provincia en la Escribanía de Gobierno, sólo 10 de los jefes comunales elegidos en 2011 y 40 de sus respectivos ediles presentaron la Declaración Jurada” detalló el texto periodístico y fue lapidario.

Eso sí, el funcionario había resistido en el cargo otro durísimo artículo de Cuarto Poder. “Sólo un 12% de intendentes y concejales presentan sus Declaraciones Juradas. Víctor Fernández Esteban, el Escribano de la Provincia encargado de requerir, registrar y custodiar esos documentos aceptó sus límites de gestión y expió algunas culpas apelando a las malas condiciones en las que trabaja” denunció en 2013 Daniel Avalos. Como Cansino y Paul, Fernández Esteban tiene también un singular cargo en el gobierno como Coordinador General del Instituto de Música y Danza lo que motivó que Daniel Medina titulara la crónica de su dimisión e inmediata designación “A poeta caído… danzarín puesto”.

Otro funcionario que mereció la atención de este semanario fue Alfredo De Angelis y, como Fernández Esteban, también aguantó un tiempo considerable hasta que fue despedido del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.

A las inevitables críticas y denuncias por su inacción ante las topadoras hambrientas de bosques y las perforadoras sedientas de petróleo, Cuarto Poder añadió severas denuncias durante el año 2013. La primera fue por alquilar para oficinas de la cartera a su cargo un edificio propiedad de su familia. “La cuestionada operación inmobiliaria se informó oficialmente en febrero cuando se comunicó que la Secretaria de Asuntos Agrarios mudó algunas de sus oficinas a un edificio ubicado en Avenida Belgrano 1.798” informó y detalló que “allí funcionan la Subsecretaria de Planificación Productiva, la Dirección General de Ganadería, la Dirección General de Infraestructura Productiva y la Dirección General de Pequeños Productores y también las oficinas de los programas nacionales PROSAP y PROINDER, entre otras dependencias”.

“De Angelis le alquila a De Angelis. Un reconocido jurista explicó que, en consecuencia, ‘el ministro incumple la Ley 7.694’. Se trata de la Ley de Ministerios que establece Incompatibilidades y Prohibiciones para los funcionarios” acusó y confirmó que el edificio pertenece al Grupo Luxem, cuyos titulares son Nilda Susana De Angelis, hermana del ministro, y su esposo Mario Eduardo Nahum.

También reveló inconvenientes e irregulares licitaciones y contrataciones directas de cereales para asistir a los productores ganaderos afectados por una histórica sequía. “Mediante el procedimiento de contratación directa (sin licitación ni concurso de precios) De Angelis pagó $1,6 millones por menos de 1.000 toneladas de maíz entero para forraje. De Angelis pagó un sobreprecio del 60%” denunció y explicó que “la tonelada de maíz en la Bolsa de Comercio de Rosario, el principal mercado de referencia del país para los negocios agropecuarios, cerró la semana en $880, con estos números, por 1.000 toneladas debieron pagarse $880 mil pero se pagó el doble: $1,6 millones”. Y dio el golpe de gracia porque “la compra por contratación directa benefició a una sola empresa: Viejo Molino SRL”. “El titular de la compañía lleva un ilustre apellido: Ragone. Miguel Ragone lleva el nombre de su padre, el desaparecido ex Gobernador, y se benefició con esta cuestionable operación comercial con fondos públicos” desnudó Cuarto Poder. De Angelis dejó su despacho y hoy ocupa un mínimo cargo como representante salteño ante el Consejo Federal de Inversiones.

Estos pocos y arbitrarios ejemplos tomados entre algunos otros propios y ajenos, constituyen la razón de ser de este grupo de periodistas y son el motor que los impulsa a sobrellevar las tensiones que provoca el violento arte de escribir.