El Senado convocó a una audiencia pública para avanzar con la designación de Ángel Javier Cancinos como integrante de la Auditoría General de la Provincia. El antecedente de sus vínculos políticos, el paso por el organismo de control y su relación con la exintendenta Yolanda Vega vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién controla a los que controlan?

Hay una palabra que en Salta sirve para explicar demasiadas cosas: romerato.

No porque todo sea necesariamente Romerato, claro. Eso sería demasiado sencillo. El problema es que, cuando uno mira durante suficiente tiempo el funcionamiento de determinadas instituciones, determinadas designaciones y determinados apellidos, empieza a sospechar que el romerato no es tanto una estructura política como una forma de entender el poder. Una forma de administrarlo, repartirlo, conservarlo y, sobre todo, hacerlo parecer inevitable.

Ahora el romerato vuelve a poner una ficha sobre la mesa.

La Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado de Salta resolvió convocar a una audiencia pública previa a la consideración de la propuesta para designar al contador Ángel Javier Cancinos como integrante de la Auditoría General de la Provincia. Según la resolución publicada por el Boletín Oficial, la audiencia se realizará el miércoles 18 de agosto, desde las 18, en la Cámara de Senadores, ubicada en Mitre 550, primer piso de la ciudad de Salta.

Es decir: el trámite avanza.

Y con él vuelve una discusión que el romerato, como suele ocurrir, probablemente preferiría mantener debajo de la alfombra institucional.

Porque Cancinos no llega a la Auditoría como un desconocido. Ya estuvo allí. En agosto de 2021 juró como integrante del organismo encargado de controlar las cuentas públicas provinciales y municipales, con mandato hasta 2026. Antes había pasado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos y por distintas funciones en municipios del interior.

Su llegada a la Auditoría estuvo atravesada, además, por una circunstancia personal dramática: Cancinos es el padre de Gala Cancinos, la joven desaparecida durante años cuyos restos fueron encontrados a la vera de la ruta a La Caldera. Su designación fue presentada entonces por dirigentes oficialistas como un reconocimiento a sus años de servicio público.

Pero una cosa es comprender una tragedia personal y otra muy distinta es utilizarla como explicación suficiente para una designación en un organismo cuya razón de existir es controlar al poder.

Ahí empieza el problema.

Y ahí aparece, otra vez, el romerato.

El caso Cerrillos: cuando el auditor conoce demasiado bien al auditado

Uno de los principales cuestionamientos que rodearon a Cancinos tuvo que ver con su relación con Yolanda Vega, exintendenta de Cerrillos y actual diputada nacional.

Según los antecedentes difundidos públicamente en los últimos años, ambos mantienen una relación personal estrecha y Vega fue incluso testigo del casamiento de Cancinos.

La cuestión no es moral. No interesa aquí si dos personas son amigas, compadres, vecinos, socios de truco o si se llaman por teléfono los domingos.

La cuestión es institucional.

Cancinos debía intervenir en el control de un municipio cuya conducción había estado en manos de Vega.

Y entonces aparece esa pequeña palabra que suele arruinar los negocios políticos: imparcialidad.

En 2025, justamente por los cuestionamientos derivados de esa relación, Cancinos fue apartado de la fiscalización del municipio de Cerrillos. La decisión buscó evitar un posible conflicto de intereses y preservar la credibilidad del proceso de control.

Conviene detenerse en ese dato.

Porque si fue necesario apartar a un auditor de una determinada jurisdicción debido a sus vínculos personales con quien había ejercido allí la conducción política, la pregunta que debería hacerse ahora el Senado es bastante elemental: ¿qué cambió?

¿Cambió la relación?

¿Cambió el criterio?

¿Cambió el organismo?

¿O cambió simplemente el cargo?

El romerato tiene una particular habilidad para transformar preguntas incómodas en trámites administrativos.

Se arma una comisión.

Se publica una resolución.

Se fija una audiencia.

Se escucha a los interesados.

Se vota.

Y después, mágicamente, aquello que parecía un problema político pasa a ser apenas un expediente.

Una designación que necesita explicaciones

La propuesta de Cancinos ya había generado cuestionamientos cuando comenzó a circular la posibilidad de que ocupara una vacante en el Colegio de Auditores.

Primero fue un trascendido. Después, un rumor cada vez menos rumor. Finalmente, una propuesta formal.

Así funciona muchas veces el romerato: primero se conoce el nombre, después se conoce el procedimiento.

Y quizás allí esté una de las claves de esta historia.

La Auditoría no es un premio, ni una jubilación dorada, ni una oficina para acomodar trayectorias políticas. Es el organismo que tiene la responsabilidad de revisar cómo se utilizan los recursos públicos.

Por eso importa quién llega.

Importa cómo llega.

Importa quién lo propone.

Importa quién lo respalda.

E importa, especialmente, qué antecedentes tiene el candidato respecto de las personas y estructuras que eventualmente deberá controlar.

No hace falta inventar conspiraciones. Las preguntas están a la vista.

El romerato y esa vieja costumbre de controlar el control

El problema de fondo no es Cancinos.

O, mejor dicho, no es solamente Cancinos.

El problema es una cultura política que durante décadas convirtió determinados organismos en piezas de un tablero donde los límites entre Gobierno, partido, amistad, parentesco, lealtad y función pública pueden volverse deliberadamente borrosos.

Eso también es romerato.

El romerato no necesita necesariamente una orden escrita. A veces funciona con una llamada.

No necesita siempre un acuerdo explícito. A veces alcanza con saber quién es quién.

No requiere que todos pertenezcan al mismo partido. Basta con que entiendan la misma lógica.

Y esa lógica consiste, muchas veces, en que las instituciones son formalmente independientes mientras políticamente siguen conectadas por una red de relaciones que nadie termina de explicar.

Por eso la audiencia pública del miércoles no debería ser un trámite.

Debería ser una oportunidad para preguntar.

Preguntar por la designación.

Preguntar por los antecedentes.

Preguntar por los vínculos políticos.

Preguntar por el episodio de Cerrillos.

Preguntar por las razones del nuevo nombramiento.

Preguntar, en definitiva, si la persona propuesta reúne las condiciones necesarias para ejercer un cargo cuya principal virtud debería ser una sola: la independencia.

Porque una Auditoría que controla al poder necesita auditores que puedan incomodar al poder.

Si no pueden hacerlo, deja de ser una Auditoría y se convierte en otra cosa.

Y Salta ya tiene demasiadas cosas que se parecen a otra cosa.

El viejo problema de los nombres conocidos

En el romerato existe además una fascinación particular por los nombres conocidos.

Los nombres circulan.

Se reciclan.

Regresan.

Cambian de oficina.

Cambian de organismo.

Cambian de función.

Pero rara vez desaparecen del mapa.

Cancinos tuvo su primer paso por la Auditoría. Ahora se propone su regreso.

El argumento formal será, seguramente, que reúne antecedentes y experiencia.

Y puede ser así.

Pero en una institución de control la experiencia no alcanza.

También hace falta independencia.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente si Cancinos sabe de auditoría.

Debería ser si puede auditar sin que sus vínculos personales o políticos condicionen su tarea.

Eso no es una acusación. Es exactamente la pregunta que una institución republicana debería hacerse antes de nombrar a cualquiera que vaya a controlar fondos públicos.

Lo contrario es el romerato en su versión más conocida: primero se elige el nombre y después se busca la explicación.

La audiencia pública será la prueba

La resolución del Senado tiene, al menos, una virtud: obliga a abrir la puerta.

El miércoles 18, desde las 18, Cancinos deberá atravesar la instancia pública previa a su eventual designación.

Será una buena oportunidad para que los senadores no se limiten a levantar la mano.

Porque aprobar un auditor no debería ser como aprobar una obra pública, un subsidio o cualquier otro expediente administrativo.

Se trata de nombrar a alguien que tendrá que mirar los números de los demás y decir, llegado el caso, que algo está mal.

Para eso hace falta autoridad.

Pero también hace falta credibilidad.

Y la credibilidad no se obtiene con títulos, cargos anteriores ni fotografías protocolares. Se construye demostrando que ningún vínculo personal está por encima de la obligación de controlar.

El romerato debería entenderlo.

Y si no lo entiende, al menos debería explicarlo.

Porque esta vez no se discute solamente el futuro de Javier Cancinos.

Se discute qué clase de Auditoría quiere tener Salta.

Una que controle al poder.

O una que, como tantas veces en la historia del romerato, termine controlando aquello que conviene controlar mientras mira para otro lado cuando aparecen los nombres adecuados.