Los movimientos que se produjeron a raíz del nuevo caso de narco-policías evidenciaron aun más que la crisis policial no tiene fin. El ministerio de Seguridad camina sobre el pantano. (Aníbal Roldan)
Después de la enorme repercusión que tuvo el último caso de narco-policías, se produjeron algunos movimientos que merecen ser tenidos en cuenta: en la sección Drogas Peligrosas se relevó de su cargo a su directora, Bety López de Plaza, una oficial con 30 años de experiencia que fue reemplazada por el comisario Enrique Cabrera. Se trató de un recambio promovido por la crisis que en vez de culminar, se agigantó por la caída de otro efectivo, de apellido Alancay, también acusado de vender droga.
Otro que fue removido de su cargo es Juan Carlos Miguez, ahora exjefe de la Unidad Regional Nº 4. Sin embargo, no fue separado por la dura acusación que pesa sobre él por liderar una banda de narco-policías que incluso se enfrentó con Gendarmería hace meses atrás. Fue removido por denuncias de violencia de género originadas por la oficial Yanina Gay. En su lugar pusieron de forma provisoria a la comisario mayor Hortensia Aramayo.
Trascendió que a Miguez se le inició un sumario y se le otorgó licencia, aunque aun no es conocido el informe de Asuntos Internos que lo tiene por objeto de las investigaciones. Se trata de una baja significativa que indudablemente se relaciona con la interna policial. Miguez, poco conocido en la vida pública pero de peso en la interna de la fuerza, es conocido en el ambiente por sus trabajos de “inteligencia” logró el aval para tener una salida cuidadosa porque tal como varios afirman, seguirá siendo uno de los policías fuertes del caliente norte provincial.
Torturador reincidente
Mientras tanto, los efectivos de la Brigada de Investigaciones de Metán acusados por torturas a un detenido reveló, otra vez, que la clásica metodología de investigación en las fuerzas provinciales es justamente esa.
Entre los acusados se encuentra Gustavo Orozco, un oficial que aparece mencionado en el caso de Claudio Valdivieso, quien apareció muerto con claros signos de tortura en la Comisaria 31 de Rosario de la Frontera en el año 2012. Por entonces, Orozco cumplía funciones en el mencionado destacamento policial y cuando le tocó declarar dijo que no había escuchado nada. Si bien se trata de un dato menor y en cierto sentido aleatorio, conviene señalar que este miembro de la Brigada, es hermano de la ex diputada del Frente Plural, Valeria Orozco, quien fue mucho tiempo pareja de Carlos Posadas, hermano del presidente de la Corte de Justicia y padre de Matías, uno de los referentes de la gestión de Urtubey. No son pocos los que señalan a Orozco como un tipo pesado.
Conviene mencionar dos hechos que fueron irrelevantes para la prensa y que por su naturaleza similar representan un signo del drama policial: uno ocurrió el jueves, en Rosario de la Frontera y el otro hace dos semanas, al frente de la Fiscalía 5. Los dos tomaron el modo de movilización pública de policías y familiares de estos que se movilizaron para reclamar la libertad de los efectivos en clara muestra de que la guerra entre diferentes bandos policiales esta al orden día.
A raíz de esta nueva situación, Ángel Silvestre tuvo que mostrarse un poco más intentando minimizar lo que ocurría. Para explicar los cambios utilizó una palabra que se suele escuchar en el mundo del deporte. Según el jefe policial, las medidas fueron utilizadas para “oxigenar” las fuerzas. Además comentó a la prensa que hay 80 efectivos suspendidos por no “efectuar bien su trabajo”. Silvestre fue el más torpe de todos los que se tuvieron que mover para apagar el incendio. Su lugar puede ser fuertemente golpeado por la feroz crisis interna.
Los nuevos episodios policiales dejan en claro que existe una trama de encubrimientos que preocupa incluso a varios referentes de la política provincial. Fuentes altamente calificadas que se mueven por usinas informales de información, comentaron a este cronista que dos bombas pueden estallarle en la cara a los responsables del área: una tiene que ver con misteriosas muertes que la Brigada conoce pero que no investiga y otra referida al pago de los adicionales, una caja, en la cual según advierten algunos, a más de uno ya se le fue la mano.
Si años atrás la crisis abierta con Gallardo y Giménez fue un antes y después y el caso de policías torturadores en Güemes dejó marcado para el país la impronta brutal y pesada de la policía salteña, estos nuevos hechos representan un salto cualitativo en la crisis en que se encuentran las fuerzas de seguridad. Así las cosas, se puede arriesgar que los grandes quilombos que tiene la policía de Salta tienen que ver con el comercio de drogas y el carácter represivo de sus miembros. Eso, claro, entre otros negocios turbios.
