El gobernador está a punto de premiar al fiscal que frenó todas las investigaciones por corrupción en contra de los funcionarios de su gobierno.
El abogado Carlos Humberto Saravia expuso sin miramientos lo que en definitiva es el eje fundamental del no castigo a la corrupción en la gestión Urtubey. El letrado advirtió que el gobernador ascenderá al fiscal que garantizó la impunidad de sus funcionarios. La denuncia del abogado desnuda cruelmente cómo funciona el sistema de acusación pensado por el hermano del gobernador, el cual entrega el poder de acusación e investigación a los mismos fiscales nombrados y premiados por el Grand Bourg. El artículo de Saravia es en sí mismo elocuente:
Tras 13 meses desde que se interpusiera la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el actual director de la COPAUPS y ex Secretario de Asuntos Municipales, Marcelo Gustavo Cil, la causa que investiga el fiscal Guillermo Akemeier ni siquiera fue abierta.
Esta es una de las imputaciones que se le dirigen al Fiscal de Delitos Económicos Complejos, que frente a pedidos de que se investiguen hechos de corrupción ha manifestado inclinación hacia la desestimación o el archivo. Esto ha sucedido recientemente con la bochornosa preadjudicación de viviendas del barrio “Lomas de Medeiros” a favor de parientes y amigos de funcionarios; las acusaciones realizadas por negociaciones incompatibles que involucran al presidente del ENREJA Sergio Gustavo Mendoza García, y con la sospechosa compra de 102 colectivos por parte de SAETA en el 2011, entre otros casos.
Un artilugio jurídico mantiene detenida la causa de Cil, denunciado a partir de la discordancia entre la declaración jurada que presentó el 8 de Febrero de 2012 ante el Escribano de Gobierno y los informes de los registros inmobiliarios de Salta y Jujuy, que dan cuenta de que es titular registral de cinco inmuebles.
El ahora cuestionado funcionario se desempeñó en los cargos de Coordinador General del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas y, luego, como Secretario de Asuntos Municipales (fue designado por Decreto n° 54/11 del 12 de Diciembre de 2011). Se trata de puestos claves en los que está involucrada la distribución de la obra pública que ejecuta la provincia en las comunas y en donde el control es relajado y tardío.
Cil ha intentado justificar su crecimiento patrimonial argumentando que su ex esposa, María Silvina Ucci –funcionaria de la AFIP Delegación Salta- habría aportado casi todo el dinero para comprar los inmuebles. En la causa obran informes remitidos por el Ministro Carlos Teófilo Parodi, que dan cuenta de que Cil ganaba hace cuatro años aproximadamente $8.100, hasta abril de 2013 en que como Secretario de Asuntos Municipales percibía aproximadamente $19.000 mensuales. Resulta evidente que nunca pudo comprar cinco inmuebles con esos ingresos, ni sumando a los de su esposa.
Encaramado a los débiles justificativos de Cil, Akemeier se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la justicia federal, cargando las culpas a Ucci como empleada de la AFIP. Previo dictamen del Fiscal Penal n° 1, Ricardo Toranzos, el Juez Federal n° 1 Julio Leonardo Bavio rechazó la competencia y le devolvió las actuaciones no sin antes poner de resalto que hay acciones descriptas en la denuncia que podrían configurar delito, como la omisión de denunciar bienes en su declaración jurada o el fraude al fisco por sub-valuación de los operaciones inmobiliarias.
En septiembre de 2013, Akemeier aprovechó este conflicto de competencias para ordenar el archivo de la causa argumentando que le era “imposible proceder”. Este grosero error de interpretación del Código Procesal Penal fue revertido por la Fiscal de Impugnación Dra. Josefina David de Herrera, que se opuso al cierre de la pesquisa.
Entre las pruebas incorporadas a la Causa GAR-111.115/13 caratulada “CIL, MARCELO GUSTAVO S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO”, tramitada en el Juzgado de Garantías n° 4 a cargo del Juez Diego Rodríguez Pipino, se encuentran las cédulas parcelarias de los cinco inmuebles; el informe de sus ingresos; el expediente judicial donde tramitó el divorcio y el informe de la Dirección de Migraciones que da cuenta que tanto Cil como su ex cónyuge tienen 13 salidas al exterior en los últimos años (entre los destinos figuran México, Republica Dominicana, Brasil, Chile y Yacuiba. Este último podría ser solamente un paso previo a abordar vuelos desde Santa Cruz de la Sierra a otros destinos como Rusia, Miami y España donde viajó Ucci según fotografías también agregadas al expediente).
El Juez de Garantías extrajo copias de la causa para remitirlas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que determine quién investigará en definitiva, lo que podría demorar meses. Nada obsta a que Akemeier continúe la investigación aunque su proceder en el expediente parece indicar que no producirá ninguna diligencia que comprometa los intereses del gobierno que conduce Juan Manuel Urtubey en causas que tuvieron notoriedad pública y mantienen vigencia.
El próximo miércoles el Jurado de Enjuiciamiento se reunirá para analizar la Causa 37.292/14 y si Akemeier se encuentra incurso en la causal de mal desempeño. Este tribunal podría rechazar el pedido, ordenar se le corra traslado para formule un descargo o abril la instancia para enjuiciarlo.
