El exgobernador que dejó el poder hace siete años reapareció para explicar que endeudarse es legítimo y que no lo usen de excusa. Los dólares que tomó su administración todavía tienen vencimientos y obligan a sacar otra vez la chequera provincial.
Jerson De Cecco
El perno no es una metáfora. Es una deuda, con nombre, apellido y vencimiento. Esta semana la Cámara de Diputados puso otra vez sobre la mesa al Plan Bicentenario, aquel programa de obra pública lanzado en 2016 durante la gestión de Juan Manuel Urtubey.
La Legislatura autorizó una operación por hasta US$150 millones para atender vencimientos vinculados con ese endeudamiento y, en la misma sesión, dio luz verde a otro crédito de US$100 millones con el BIRF para infraestructura. Hasta US$250 millones más de capacidad de endeudamiento. El dato es difícil de esquivar: parte de la deuda nueva nace para pagar la vieja.
Y entonces apareció Urtubey. No para explicar qué pasó con cada dólar del Bicentenario, qué obras terminaron o cuáles quedaron a mitad de camino. Su respuesta fue más cómoda: “Dejen de usarme de excusa, me fui hace siete años”. También sostuvo que es legítimo tomar crédito para infraestructura y recordó que durante su gestión había bajado el peso de la deuda sobre los recursos provinciales. La frase es ingeniosa. No paga vencimientos.
Promesas de círculo virtuoso
Cuando el plan fue presentado, el relato oficial tenía otra música. En 2016, el Gobierno de Urtubey anunció una autorización de crédito de hasta US$350 millones, aunque estimaba una colocación cercana a los US$300 millones. El esquema destinaba 80% a obras y el 20% restante quedaba en comisiones departamentales integradas por intendentes, legisladores y un representante del Ejecutivo. El discurso era descentralización y desarrollo; el Gobierno hablaba de un “círculo virtuoso” para llevar infraestructura a los 60 municipios.
La foto de aquel momento importa para medir la distancia con el presente. El Bicentenario fue presentado como un programa de inversión, no como una herramienta para refinanciar obligaciones. Casi una década después, la discusión vuelve al punto de partida: conseguir nuevos dólares para afrontar vencimientos del crédito anterior.
El hermano menor del Fondo de Reparación
En Salta existe además un antecedente incómodo: el Fondo de Reparación Histórica. Aquel programa dejó obras demoradas, contratos caídos y proyectos que atravesaron distintas administraciones. El Bicentenario fue presentado después como una etapa superadora, pero críticas políticas y legislativas apuntaron a la reutilización de recursos para trabajos que ya arrastraban problemas.
Las denuncias sobre el destino de los fondos señalaron que recursos concebidos para nuevas obras terminaron complementando trabajos inconclusos o compromisos anteriores. También se cuestionaron demoras, rendiciones y la autonomía real de los municipios para definir prioridades. Conviene distinguir denuncia política de irregularidad judicialmente acreditada: no todo señalamiento equivale a una condena. Pero tampoco alcanza con cambiarle el nombre al expediente para borrar la pregunta por el destino del dinero.
El mecanismo es tan rudimentario como previsible: una obra se proyecta, se licita, se demora, el contrato se cae, aparece un nuevo financiamiento y vuelve a entrar en escena. Cada ciclo puede tener su explicación administrativa. El problema aparece cuando la infraestructura permanece incompleta mientras la deuda avanza con puntualidad.
Agua, saneamiento, hospitales, caminos y obras productivas estuvieron entre los grandes rubros. Algunas iniciativas avanzaron; otras atravesaron demoras, reformulaciones y nuevas necesidades de financiamiento. El norte provincial quedó como escenario sensible: puede cambiar el gobierno y el programa, pero el vecino sigue esperando que salga agua de la canilla y funcione el sistema cloacal.
La excusa, el cheque y la memoria
Urtubey tiene razón en algo elemental: siete años después, cualquier gobierno debe hacerse cargo de su propia gestión. Pero una deuda tampoco deja de tener responsabilidad política porque cambie el gobernador. Las obligaciones no votan, no militan y no tienen memoria selectiva: vencen.
Mientras los dirigentes discuten quién tiene la culpa, la Provincia vuelve a pedir permiso para endeudarse. Los diputados aprobaron hasta US$150 millones para pagar vencimientos del Bicentenario y otros US$100 millones para infraestructura. La primera operación mira hacia atrás; la segunda hacia adelante. Entre ambas queda la pregunta central: cuánto de la deuda vieja se convirtió en obra durable y cuánto terminó convertido en una nueva obligación.
Urtubey puede decir que se fue hace siete años. Es cierto. También puede sostener que tomar crédito para infraestructura es necesario. Es razonable como principio. Lo menos convincente es presentar eso como respuesta suficiente a una deuda que todavía llega a las ventanillas del Estado. El Bicentenario podrá cumplir diez años, pero sus cuotas no entienden de efemérides.
Y ahí aparece el verdadero perno: no que Urtubey siga gobernando desde el pasado, sino que el pasado siga gobernando el calendario financiero de Salta. La política puede cambiar de discurso y de gobernador. Los dólares, en cambio, se van siempre por la misma puerta.
