La web del Ministerio Público Fiscal publicó las razones por la que se allana el juzgado de Raúl Reynoso, la casa de un colaborador y las de un grupo de abogados. Enumera varios casos de detenidos liberados a cambio de supuestas coimas.
Las medidas fueron impulsadas por el fiscal federal Eduardo Villalba y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, quienes pidieron que se investigue a todos ellos, con Reynoso a la cabeza, por haber «construido» un «aparato de poder con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal». Traducido: cobrar coimas a imputados por narcotráfico y a sus familiares para otorgarles excarcelaciones o faltas de mérito, que derivaban directamente en la soltura de quienes estaban detenidos.
Transcribimos a continuación la publicación de los fiscales de manera íntegra:
“Por debajo del juez Reynoso que detenta el carácter de jefe, la organización está integrada por los abogados M.E.E., R.A.V., A.E.G., R.A.G. y L.M.S., como así también -al menos por el momento- por el empleado judicial M.Á.S. y por terceros intermediarios como D.A.», indicaron los fiscales en el pedido de indagatoria. Villalba e Iglesias describieron que «Reynoso ordenaba cómo proceder, distribuía las funciones a los miembros de la organización criminal y suscribía las resoluciones judiciales ilícitas, a cambio de dádivas y/o dinero», mientras que «los letrados M.E.E., R.A.V., A.E.G., R.A.G. y L.M.S., gestionaban e intermediaban en el dictado de las resoluciones y el cobro de los sobornos, utilizando como excusa el ejercicio de su actividad profesional».
En este contexto, el empleado del juzgado M.A.S. y otros judiciales «recaudaban, eventualmente trasladaban el dinero o las dádivas e, incluso, en ciertas oportunidades se encargaban de realizar operaciones comerciales tendientes a traspasar los bienes a nombre de otras personas con el propósito de impedir la detección de sus anteriores titulares. Seguidamente, redactaban alguna las resoluciones judiciales que firmaría el jefe de la asociación y desarrollaban tareas logísticas». Y en ese contexto, el particular D.A., y otras personas «recaudaban y garantizaban la entrega del dinero producto del delito amparados en sus actividades extrajudiciales».
El mismo patrón
Las presentaciones que impulsaron los allanamientos formuladas por los fiscales se basan en el cotejo de dos denuncias coincidentes contra Reynoso y los otros imputados. Una fue formulada por la ex pareja de un acusado por narcotráfico; la otra, por un abogado de Orán.
Las conductas narradas por los denunciantes fueron cotejadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal en al menos 11 causas judiciales. En una de esas causas la Fiscalía y la Procunar habían logrado el apartamiento del juez Reynoso, luego de que este favoreciera con la excarcelación al empresario transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, quien luego se fue del país. En efecto, en el escrito los fiscales pidieron investigar el pago de una coima de 350 mil dólares para que se dictara aquella resolución que provocó la soltura de Sejas Rosales, representado por su abogado R.A.V.
La denunciante ex pareja de un imputado dijo que participó ella misma del pago de otra coima. Los mujer, que narró que su ex esposo la sometía a violencia de género, contó que «siempre que él caía preso por drogas y lo llevaban a Orán, estaba confiado porque arreglaba por plata», porque «le pagaba al juez para salir». De hecho, refirió que uno de los pagos lo realizó a través de la abogada M.E.E.
Tras evaluar las denuncias y las evidencias de diferentes causas, la Fiscalía y la Procunar ponderaron que «el doctor Reynoso es el único juez federal con asiento en la localidad de Orán, con competencia exclusiva en materia de la ley de estupefacientes, y dominio en todos los expedientes vinculados al comercio de drogas, con lo cual su poder extorsivo es omnipotente, y recae sobre cada imputado que se encontrara detenido a su entera disposición, valiéndose para sus cometidos de los letrados ‘amigos’, quienes sin duda alguna monopolizaban las defensas en la sustanciación de expedientes en materia de ilícitos cometidos en el marco de la ley 23737».
Siempre libre
Tres de las once causas en las que los fiscales comprobaron las irregularidades involucran al ex esposo de la denunciante. En la primera, al imputado se le recibió declaración indagatoria el 19 de marzo de 2010 por haber eludido un control de la Gendarmería y por la tenencia de dinero falso. Lo defendió la abogada M.E.E. Ese mismo día el juez Reynoso dictó su «excarcelación de oficio», sin dar traslado previo a la Fiscalía, y recién dictó el procesamiento del imputado el 9 de septiembre pasado, más cinco años después de los hechos -el Código Procesal indica que la resolución debe adoptarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la indagatoria-, tras lo cual se inhibió por «decoro» y «delicadeza». La medida coincidió con la publicidad en Salta de la denuncia de la esposa del acusado, que contó los hechos al aire por la TV local, el 19 de agosto pasado.
En otra causa, el mismo imputado junto a un cómplice están acusados de transportar 97,89 kilos de cocaína el 11 de junio de 2013. Dos días más tarde, los dos acusados fueron indagados. M.E.E. los representó. El 22 de julio, Reynoso les dictó la falta de mérito y los liberó. Pero el 24 de agosto pasado, más de dos años después y en coincidencia con las denuncias públicas que rebelaron el sistema de coimas, revocó aquella resolución, ordenó el procesamiento de los dos y les dictó la prisión preventiva. Cuando se notificó del procesamiento, el esposo de la denunciante dejó escrito que lo que ella había declarado públicamente sobre «que yo mandaba plata para que ella le entregue al Juzgado o a la abogada, es todo mentira, es todo mentira, todo eso está armado». Reynoso luego aceptó la recusación que interpuso el defensor ad hoc del otro acusado y se apartó del expediente.
En la tercera causa, el juez tenía imputados al ex esposo de la denunciante y a otros dos hombres más por almacenamiento agravado de estupefacientes. Sólo uno de los tres quedó detenido. Los liberados fueron la pareja de la mujer que denunció a Reynoso y la persona que, desde la cárcel, se habría encargado de «arreglar» el soborno. Las libertades de los dos beneficiados fueron otorgadas antes de requerir sus antecedentes penales y, además, cometiendo un error en el cálculo de la pena en expectativa para el delito que se les imputaba en caso de que fueran condenados: el juez sostuvo que era menor a tres años cuando en realidad el mínimo era cuatro. Los fiscales además remarcaron que el imputado que habría pactado el soborno ya tenía una condena, por lo cual debía haber cumplido efectivamente una nueva pena. «El diferenciado tratamiento que hizo el instructor para otorgar la libertad» a los dos acusados mientras se la negaba a un tercero «es un fuerte indicio de que mediaron motivos que exceden el marco de la causa», señalaron Villalba e Iglesias.
Varios detalles de la denuncia de la esposa del acusado fueron confirmados: que en una oportunidad el soborno se pagó un viernes y la libertad se produjo un lunes, que el juez Reynoso es titular de una camioneta Toyota Hilux negra con vidrios polarizados, igual a la que la denunciante vio que M.E.E. abordaba para entregar el dinero frente a la Catedral de Orán, y que el único empleado de nombre M. del juzgado de esa ciudad es M.A.S. Según la denunciante, fue a ese hombre a quien M.E.E. -que estaba junto a ella- le preguntó en la puerta del tribunal cuánto debía pagar para la liberación de su pareja en la segunda de las causas.
La mejor defensa
En otra de las causas detalladas por los fiscales, la abogada M.E.E. logró que Reynoso devolviera en marzo pasado a la esposa de otro imputado 300 mil pesos de los 485 mil pesos y 13500 dólares que le fueron incautados durante el procedimiento en el que además se le detectaron casi 70 kilos de cocaína en un control de ruta. La pareja del acusado adujo ante el juez Reynoso que el dinero era parte de una herencia, pero nunca aportó la documentación. El dinero luego le fue reclamado, tras un recurso presentado por la fiscalía, pero nunca lo devolvió. «Cuadra advertir que quien cuenta con la defensa de M.E.E. goza de prisión domiciliaria, en tanto que quien no se encuentra en la cárcel de Güemes, pese a que su situación podría no ser tan comprometida», resaltaron los fiscales.
M.E.E. también logró que el único de cuatro acusados que representa en una causa por el transporte de más de 60 kilos de cocaína obtuviera -después de haber sido procesado- la libertad por falta de mérito. «Otra vez se advierte un trato diferenciado por parte del juez, ya que al resto de los imputados en esta causa les mantuvo el procesamiento y detención», señalaron Villalba e Iglesias.
La misma abogada consiguió en otro expediente la libertad bajo caución de un acusado en otra causa por lavado, evasión fiscal agravada, asociación ilícita y tenencia simple de estupefacientes. El juez Reynoso concedió el beneficio sin dar traslado previo a la fiscalía para que dictamine.
El caso del transportista
Las conductas de Reynoso en la causa que tiene imputado al empresario Sejas Rosales y a su clan familiar en el tráfico transnacional de droga y precursores químicos también fueron evaluadas por los fiscales. En aquél expediente el juez dispuso la libertad del transportista luego de considerarlo partícipe secundario de la tentativa de contrabando de estupefacientes, cuando en realidad era el dueño de una flota de 90 camiones, varios de los cuales habían sido detenidos en la frontera con cargamentos de cocaína. Por tanto, no se trataba de un mero partícipe sino del jefe de la organización. Al darle la libertad, Reynoso además le fijó a Sejas Rosales la obligación de presentarse en una seccional policial de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Luego, modificó la medida y trasladó esa carga al Escuadrón 20 de la Gendarmería situado en Orán, donde debía dar asistencia cada sesenta días, obligación que no cumplió.
El juez además devolvió en todos los casos los camiones secuestrados a Sejas Rosales, lo cual «permitió a esta organización recuperar su capacidad operativa para continuar estas actividades delictuales, a punto tal que dos de los camiones restituidos fueron nuevamente hallados transportando grandes cantidades de cocaína», indicaron los fiscales.
Uno de los casos fue elocuente. Ocurrió tiempo antes de que se la Procunar inteviniera en el caso: el propio Sejas Rosales se presentó en el Juzgado Federal de Orán para requerir que se le devuelva la mercadería incautada, de la que -dejó asentado- era responsable. El juez concedió el pedido y Sejas Rosales autorizó a retirarla a su hijo Oliver Alexander Sejas Vargas. El cargamento fue trasvasado a otro camión y se le tomó una muestra, que fue analizada cuando el vehículo ya se había retirado de suelo argentino rumbo a Chile. El peritaje químico dio como resultado que los 35 mil litros que habían trasvasado no eran de alcohol etílico -como habían declarado- sino de tolueno, un precursor utilizado para la fabricación de estupefacientes.
En esa causa, la Fiscalía y la Procunar debieron pedir que se apartara a R.A.V. como abogado de Sejas Rosales, pues el letrado ya había actuado en la causa como juez subrogante ante una ausencia de Reynoso.
En el pedido de indagatorias a Reynoso, la dependencia del Ministerio Público expone varios elementos probatorios que dan cuenta que el juez habría cobrado 350 mil dólares a cambio de la resolución favorable a la libertad de Sejas Rosales.
La libertad viaja en Amarok
El 19 de marzo pasado, el juez revocó «por contario imperio» -es decir, por la facultad de revisar sus propias decisiones- el procesamiento dictado a un imputado al que se le habían secuestrado 60 kilos de cocaína. Le dictó la falta de mérito y lo excarceló, «sin que existieran fundamentos jurídicos», indicaron los fiscales, pues «al resto de los imputados en esta causa les mantuvo el procesamiento y la prisión preventiva sin advertirse fundamento de derecho alguno que así lo amerite».
Para los fiscales «existen pruebas concluyentes» sobre la «percepción de dádivas hacia el entorno del juez Reynoso». El acusado era el titular de una camioneta Volskwagen Amarok, que transfirió pocos días después de su libertad a una persona que, en el mismo acto, extendió una cédula azul a nombre del abogado A.E.G., cuñado del juez Reynoso.
Uno de los imputados que quedó detenido contó que la esposa del beneficiado con la excarcelación había pagado 300 mil pesos y una camioneta Amarok gris plata a un primo del juez. Confundió el parentesco: A.E.G. no es su primo, sino la pareja de la hermana del magistrado.
