Alejandro Cornejo D´ Andrea junto con Marcelo Lami pasaron por la Cámara de Diputados a dar explicaciones. En la reunión minimizaron el desborde policial e informaron que desde el 2013 hasta la fecha apenas una veintena de efectivos fueron separados de las fuerzas. (M.A.)
No hay semana en la que las fuerzas de seguridad no estén en el centro de las críticas, ya sea por escenas violentas, delictivas, bizarras o en dudosas investigaciones, aparecen siempre efectivos policiales en los roles protagónicos. Es por esto que el ministro de seguridad, durante la mañana del miércoles 21, visitó la Cámara de diputados.
Alejandro Cornejo D’Andrea tuvo que poner la cara en medio de tiempos convulsos: sólo en las últimas dos semanas aparecieron tres mujeres muertas, hay una chica de Guachipas desaparecida y un joven fue hospitalizado por una golpiza que sufrió en una comisaría.
Llegó junto a Marcelo Lami y al secretario de seguridad, Carlos Oliver. Se sentó en el centro de la mesa del despacho de presidentes y con una actitud circunspecta se dirigió a los legisladores, dado que su presencia obedecía un llamado de ellos. A su lado estuvieron el jefe de policía y Manuel Santiago Godoy. El primero eligió asentir en cada momento de la exposición del ministro y a cambio recibió el respaldo público del funcionario.
En la reunión se habló sobre el crecimiento de las torturas, el caso de los jóvenes que fueron detenidos y brutalmente golpeados por sus denunciantes en la comisaría de Güemes, la desaparición de la joven de Guachipas y la mujer que apareció muerta en Aunor. En todos los casos el ministro sólo se limitó a informar los procedimientos que llevaron adelante aclarando que la policía actúa como auxiliar de la justicia y recalcando que las acciones se realizaron bajo órdenes de un fiscal, quien es el que debe comunicar formalmente los avances.
Dime todo lo que piensas…
Tras realizar una extensa explicación sobre el protocolo realizado en las 6 regionales policiales que cubren toda la provincia con la ayuda del centro de Coordinación Operativa -que dicho sea de paso dejó poco y nada-, Cornejo D’Andrea en confianza explicitó su caracterización.
En primer lugar consideró que en la sociedad salteña existe una constante falta de respeto a las leyes, pues la ciudadanía entiende que sólo tiene derechos y no obligaciones: “aquí nadie respeta la norma”, indicó. En ese sentido, destacó que los hechos más denunciados en el 911 se agrupan en violencia doméstica y contravenciones como el desorden en la vía pública y ruidos molestos. También, informó que el servicio de emergencia recibe aproximadamente 140 mil llamadas por mes pero aclaró que alrededor de la mitad de ellas son falsas o repetidas.
El ministro sorprendió a varios cuando dejó caer unas ideas que develaron su visión sobre la realidad que se vive en las barriadas: manifestó que no tiene todas las “herramientas” para intervenir en los barrios y reconoció que existen situaciones donde hay un “roce natural” con los jóvenes ya que estos provocan a la policía para luego denunciarlos por apremios. Generalizando, contó un hecho para ilustrar: dijo que los chicos se sacan la camisa o la remeray en medio de la calle retan a los policías a que disparen; “eso pega de manera mediática”, fueron las palabras utilizadas para justificar.
En ese momento, Marcelo Lami tomó la palabra y expresó que le “tocan el corazón” cuando medios periodísticos hablan mal del accionar policial y comentó que los efectivos tienen que “meter bala” en momentos que los revoltosos están haciéndolos retroceder. En efecto, de manera defensiva, terminan gatillando sus armas. “En los últimos años se ha victimizado al victimario y se puso como demonio al policía”, fue la frase utilizada por Lami, reafirmando la tesis de Cornejo D’Andrea en la cual sostiene que la policía no actúa brutalmente en las barriadas sino que son los jóvenes que no respetan la norma y quienes reaccionan violentamente cuando los miembros de la institución buscan poner orden.
Siguiendo con esa línea, pidió que el aumento de denuncias por apremios ilegales sea tomado con cuidado por las razones expuestas anteriormente e informó que en el último año y medio se iniciaron alrededor de 600 expedientes a policías, de los cuales sólo un centenar de policías recibió sanciones y hubo 23 cesantías.
En caída libre
Hay señales indicando que la discusión en torno a la seguridad no termina. A las muertes sospechosas, como el cuerpo de una mujer que tiraron a 10 km de Aunor. Los autores del crimen pasaron las cámaras de filmación del peaje sin problemas. Esto se suma a una larga lista de mujeres ultimadas y una constante aparición de efectivos violando la ley; sin ir más lejos, esta semana se conoció que policías alcoholizados chocaron un patrullero contra una casa de Aguaray.
Otro aspecto es el continuo fracaso del método policial para investigar: todavía no pueden dar con la joven de Guachipas, como tampoco pudo dar con María Cash, con Marcela Mamani y varias más.
