La malversación de caudales públicos vinculada con la cobranza de la Tasa de Prevención y Protección de Bienes y Personas quedó expuesta tras las carencias que puso en evidencia el incendio del cerro 20 de Febrero. El Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas Municipal no quieren investigar. Un fraude de cientos de millones que fue confesado por Daniel Nallar y Daniel Amador.
Una intendenta que desciende en el concepto ciudadano de la capital a gran velocidad ha quedado nuevamente bajo la lupa luego de que un incendio, que pudo convertirse en un estrago, dejó en claro que no existe infraestructura adecuada para trabajar en situaciones de emergencia civil.
El invento de las “unidades parcelarias transitorias” que los concejales aprobaron entre los fiestas de fin del año pasado, que se presumieron en base a la existencia en distintos domicilios de más de un medidor de luz, afectó durante cinco meses la legalidad de los cobros del Impuesto Inmobiliario, la Tasa General de Inmuebles y la Tasa de Protección y Prevención de Personas y Bienes.
El escándalo explotó en mayo pasado y la trifulca con el Ente Regulador de Servicios Públicos terminó con el retroceso de la comuna y una demanda que hoy se encuentra en el despacho de la Corte de Justicia de Salta.
El defecto más grotesco se advirtió en la Tasa de Protección y Prevención de Personas y Bienes, ya que en esos días se conoció por boca de un vocal del Tribunal de Cuentas Municipal que no contemplaba la figura de las parcelas transitorias pero la cobraban igual y lo recaudado no era depositado en una cuenta específica como manda el Código Tributario Municipal. Por el contrario, era invertido en otros compromisos municipales.
En Junio de este año, el inefable Coordinador Legal y Técnico Daniel Nallar y el Secretario de Economía y Hacienda Daniel Amador se presentaron ante el Concejo Deliberante de Salta para exponer sobre irregularidades vinculadas con las cobranzas de tributos municipales. El Ente Regulador de los Servicios Públicos acababa de prender la luz sobre el cobro engañoso que realizaba la Agencia de Recaudación Municipal (ARMSA), a cargo del Contador Alejandro Levín y por el cual incorporaron más de 25.000 contribuyentes que entre Enero y Mayo engrosaron los ingresos en casi $110 millones a razón de 22 millones por período. Varios de esos millones son los que se pagaron para prevenir y atender emergencias en la Ciudad de Salta y que no fueron rendidos.
Para hundirse un poco más, Amador expresó en esa reunión a los ediles: “Hoy lo recaudado por estos tributos, lo afectamos al pago del servicio de limpieza y recolección de residuos. De suspenderlo totalmente, deberíamos afectar recursos de otras partidas para dar cumplimiento con este servicio que ofrecemos. Dejaríamos de percibir un 30% sobre el total que recaudamos por estos tributos. Eso tendrá alcances complejos para el plan de trabajo que tenemos en el municipio”. Con la torpeza de siempre esto está replicado en un parte de prensa difundido por Valeria Capisano de Maza, Jefa de Gabinete Interina de Bettina, por lo que la fuente es oficial.
La malversación está prevista por el Código Penal en el artículo 260 que reprime con inhabilitación especial de hasta tres años al funcionario que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados.
Con el Tribunal de Cuentas Municipal copado por “El Romerato”, y un Concejo Deliberante integrado por miembros que quieren la reelección a cualquier precio y no quieren problemas con quien podría darles la llave para cumplir sus deseos, la fuga de esta plata no tiene quien la investigue. De más está decir que los fiscales penales se encuentran auto-condenados a no leer los diarios desde hace años.
Las consecuencias
El riesgo al que fueron sometidos los salteños que residen al pie de los cerros 20 de Febrero y San Bernardo no es menor y permite establecer un vínculo de responsabilidad que alcanza a la figura de la intendenta por la ausencia de equipamiento y logística del municipio producto del desvío de fondos y la consecuente falta de inversiones.
El dinero ilegalmente gastado en el servicio de Agrotécnica Füeguina y las costosas campañas publicitarias que se concentran en la cara de Bettina Romero ha impedido aprovisionar a los salteños de autobombas, vehículos, escaleras y mangueras, y también a neutralizado la posibilidad de que se realicen capacitaciones más intensas y se diseñen defensas.
Durante la gestión de Jorge Altamirano el municipio se limitó al pago con retrasos del Fondo de Ayuda a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios conforme lo dispone la Ordenanza N° 15.399 y un subsidio para combustible para estas dotaciones. Como si se tratara de un favor, el funcionario municipal les da limosnas a quienes son hoy los únicos que pueden atender un incendio y trabajan gratis.
Es por esto que el fuego que quemó más de 150 hectáreas no fue dominado sino hasta que pidieron ayuda Nación y llegaron brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego desde Catamarca y la Patagonia, llegaron a Salta para colaborar con el incendio producido en el Cerro 20 de Febrero y se afectaron tres aeronaves hidrantes.
El destino
Al margen de la confesión de los funcionarios de alto rango del municipio (Nallar y Amador), la plata destinada a las emergencias y la defensa civil no solamente se conduce al pago del contrato más costoso y sospechoso de la Municipalidad de Salta que destina 318 millones de pesos mensuales a Agrotécnica Füeguina.
Los delirios de reelección que consumen gran parte del tiempo del equipo de la intendenta Romero también generan millonarias inversiones en una campaña precoz que se financia con dinero de todos los vecinos. Cartelería con rostros impostados de la intendenta abunda en los suburbios; pautas a favor de medios adictos; redes sociales y pajareras de usuarios fantasmas que adulan a la alcaldesa y difaman a sus opositores; y una jugosa partida para “el diario de la famiglia unita” , hablan de gastos superfluos que están vedados por la ley.
Es por eso que el abogado y periodista Gonzalo Guzmán Coraita avanza con una demanda judicial tendiente a que Bettina Romero presente un informe sobre los gastos de publicidad oficial. Hasta ahora la negativa es la constante, a pesar de que el discurso de centro derecha de la intendenta se condimenta con expresiones vinculadas con el republicanismo que exige informar al ciudadano sobre todos los actos de gobierno.
Las torpes confesiones de funcionarios, los atropellos en el cobro de impuestos, y las partidas invertidas sin respetar sus destinos han comenzado a tomar otro cuerpo. La sustracción de caudales que les son confiados a los funcionarios y que se consumen en trabajos para provecho personal podrían llegar a la justicia.
La preocupación
Cuando hace dos meses ya se había decidido a abandonar el saencismo y aterrizar en Juntos por el Cambio para captar los votos que esa marca podría adicionarle, decidió regresar al puerto para esperar nuevos aires. Contribuyó a este sorpresivo cambio la recepción reticente de dirigentes del PRO que la trataron con la misma repulsión que les generan los saencistas conversos, entre quienes incluyen a Matías Posadas y al ministro Martín de los Ríos. También la necesidad de que el establishment judicial le asegure tranquilidad una vez que entregue el bastón al futuro intendente.
Insegura, paranoica y sofocada por una inexplicable necesidad de imponerse como candidata única, todavía no obtiene la venia del Gobernador Gustavo Sáenz para ese capricho, ni la tendrá. Sabe que toda la aridez con que trata a eventuales sucesores de su cargo, como Emiliano Durand que se perfila en punta en las encuestas, podrían sentirse tentados por la venganza e investigar los desaguisados que con poca prolijidad ejecutan funcionarios con las garantías de “asesores legales y técnicos”.
