Los femicidios de dos adolescentes wichís asesinadas en Salta no aparecieron en las portadas de los grandes medios pero tampoco fueron abordados por ninguna funcionaria/o o política/o.
Por: Andrea Sztychmasjter
Detrás del “Estado” hay personas
“El Estado es responsable” es una de las frases utilizadas por los movimientos de mujeres para señalar las falencias de las políticas públicas destinadas a combatir las violencias machistas. El enunciado aunque veraz se convierte en un disimulo peligroso porque deja sin determinar las verdaderas responsabilidades.
Salta es la provincia argentina que mayor cantidad de pueblos indígenas alberga en su territorio, esto lo hemos escuchado en cuanto “conversatorio” es realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Dar cuenta de la gran diversidad de pueblos sin embargo no basta como política pública para prevenir los estados de vulnerabilidad que atraviesan estas poblaciones.
Apenas unos días antes de conmemorarse el día internacional de la mujer se conoció el asesinato de la adolescente de la comunidad Misión wichí Florencia Isabel Toreses, de 14 años, el cuarto en dos meses en Salta.
A fines de enero, el femicidio de Pamela Flores de 12 años de la Comunidad Indígena Kilómetro 2 hallada al costado de la ruta nacional 81, a 2 kilómetros de la localidad salteña de Pluma del Pato develó un contexto de drogas y alcohol sumado a la desprotección en la que habitan lxs adolescentes de las zonas del norte provincial.
Un mes después del asesinato y luego que las fotos de su precario sepelio se difundieran, la directora de Abordaje Integral de casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Mujeres Género y Diversidad, Natalia Chinetti, junto con Aymara Choque, a cargo de la Coordinación de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Integrantes de Pueblos Indígenas; y Andrea Andrade, coordinadora del Programa de Acceso a Derechos, mantuvieron un encuentro con la familia materna y el padre de la niña wichí para brindarles asistencia.
Sí, todos esos nombres larguísimos corresponden a cargos públicos. ¿son necesarios? Con una mano en el corazón responda Ud. por sí o por no.
Florencia Isabel Torrez había crecido en la comunidad wichí de Carboncito, en Salta, pero vivía en Pichanal. Referentas de la zona denunciaron que había sufrido abusos por parte de una pareja de su madre. El día de la mujer en el principal ingreso a la ciudad de Pichanal movimientos de la comunidad ava guaraní realizaron una movilización para pedir justicia por ella.
Fue Octorina Zamora quien en medios locales aseguró que el padrastro de la niña estuvo preso por abusar de la menor. Además que un cacique de la comunidad escondía a la niña y otras testigos del abuso para encubrir al agresor. Por otra parte dijo que el padrastro había sido apresado por sustracción de menores pero que actualmente se encuentra en libertad.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados de Orán, Claudia Carreras, imputó en forma provisional a dos hombres, de 19 y 24 años como autores del delito de homicidio calificado por haber existido una relación de pareja y por haber sido perpetrado por un hombre y mediante violencia de género en perjuicio de una menor de edad.
En la acusación, la fiscal sostiene que ambos imputados tenían un vínculo sentimental con la víctima y fueron las últimas personas que fueron vistas con la adolescente. El joven de 19 prestó declaración, dando su versión de lo ocurrido, mientras que el acusado de 24 años se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de la detención de ambos, mientras se cumplen diversas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.
Sin acceso a la salud
El miércoles 12 de enero llegó al Hospital de Tartagal una joven de 18 años, Aldana Quico, perteneciente a la Comunidad La Puntana en Santa Victoria Este. La joven vivía a 45 kilómetros de un hospital donde solo hay un puesto sanitario en el que atienden unos auxiliares de enfermería, donde no hay ambulancia. Cerca de la comunidad solo hay salas de primeros auxilios, así es a lo largo de muchos cientos de kilómetros y para varias comunidades. Aldana estaba embarazada pero según denunciaron sus familiares recibió violencia obstétrica.
Niñas quemadas
Dirigentes de las diversas comunidades wichi de Coronel Juan Solá denunciaron el crecimiento de consumo de drogas en ese pueblo del Chaco salteño, al punto tal -dijeron- que varixs menores de edad fueron internadxs con serias quemaduras producto de su adicción a la inhalación de los vapores de las naftas.
Fue la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta, Silvia Varg y ex diputada quien denunció que ingresaron al Hospital Público Materno Infantil de Salta, cinco niñas quemadas con nafta provenientes del municipio de Morillo (Departamento Rivadavia).
“Me sorprende el periodismo, en Buenos Aires seis tipos violaron a una mujer, aquí quemaron cinco chiquitas, ¿qué pasa con la prensa, tan naturalizado tenemos el maltrato a las mujeres? ¿No nos parece doloroso un caso como este?”, planteó Varg.
A Varg hay que recordarle que no es la prensa quien debe encargarse de la implementación de políticas para prevenir femicidios ni violencias a niñas y mujeres. Son las funcionarias/os, políticxs y legisladores a quienes el pueblo supuestamente elige para que lo hagan. Incluso se les paga un sueldo.
Cuarto femicidio
La fiscala penal de la Unidad Especializada en Femicidios, Mónica Poma, investiga un femicidio seguido de suicidio en La Merced. La mujer se llamaba Yesica Villagra y el hombre, Luciano Cerezo. Tenían tres hijos pequeños en común. Cerezo se desempeñaba como trabajador rural y Villagra, como ama de casa.
