El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta es investigado, por la justicia, desde hace meses, por serias irregularidades económicas.
El Gobierno de Salta decidió mantener al Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (Ippis) intervenido, al menos durante seis meses más, por las graves irregularidades económicas que investiga la justicia desde comienzos de 2019. La gestión de Gustavo Sáenz sí decidió cambiar los integrantes de la comisión normalizadora.
La nueva comisión interventora estará integrada por: José Ignacio Campos Bertoldi, Sebastián Ramiro González e Ignacio Matías Colom. No cobrarán por esta función.
Cabe recordar que la intervención se concretó el 28 de febrero de 2019, tras conocerse un informe especial de auditoría remitido por la Sindicatura General de la Provincia en el que se señalaban numerosas irregularidades en la administración económica y financiera en la entidad autárquica.
Cheques que no están en las chequeras, faltante de documentación en el área contable, falencias en el control interno, certificaciones de obras no efectuadas, incompatibilidad para la adjudicación y contratación de obras e informes de movimientos de cuentas bancarias son algunas de las irregularidades que se le adjudican al Instituto.
El 28 de mayo de 2019 la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Pom, imputó a tres autoridades de la institución por fraude a la Provincia: Romelia Beatriz Durán (representante pueblo Toba), Alejo Gallardo (Chulupí) y Samuel Guillermo Centeno (Chorote), presidente y vocales, durante el período 2017.
