En un informe sobre Violencia Institucional y Discriminación, el organismo comandado en Salta por Gustavo Farquharson remarcó que «Es tiempo de solidaridad, no de estigmas».
Mientras el número de detenidos por incumplir con el aislamiento supera los 16 mil, desde el INADI llamaron la atención sobre el crecimiento de la violencia institucional y policial durante la pandemia. En la legislatura salteña cursan, además, pedidos de informe al ministerio de seguridad por reiterados hechos de violencia protagonizados por efectivos.
En tal sentido, el organismo encabezado en Salta por Gustavo Farquharson, enfatizó sobre la importancia del enfoque de Derechos Humanos para prevenirla discriminación y la violencia institucional.
«El contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio ha implicado modificaciones sociales e institucionales absolutamente relevantes. Todas las personas que habitan o se encuentran en Argentina han tenido que acatar las recomendaciones sanitarias nacionales», destaca el informe en un comienzo.
Y sigue: «De igual modo, las distintas instituciones, organismos y fuerzas de seguridad han visto modificadas sus funciones de acuerdo con los objetivos prioritarios para la prevención y control de la circulación, contracción y transmisión del virus COVID-19″.
Por último, el organismo da una serie de recomendaciones para prevenir la vilencia institucional en contextos de pandemis:
•Toda vez que se habiliten y regulen prácticas de control sobre la sociedad,
deberá atenderse a la perspectiva de derechos humanos y no discriminación.
•Los poderes provinciales y municipales son responsables del accionar
de las fuerzas públicas de seguridad. En este sentido, debe recuperarse el
espíritu antirrepresivo del Decreto Presidencial 297/20 y cumplir con sus
obligaciones en el marco de los Derechos Humanos.
•Debe trabajarse a conciencia en la modificación de todos los marcos
represivos vigentes que sirvan de pretexto y habilitación de accionares
violentos y estigmatizantes.
•Todos los casos de violencia institucional deben ser reconocidos,
acompañados y reparados por los organismos pertinentes. Las provincias y
municipios deben tomar un rol activo en esta materia.
