El delegado en Salta, Gustavo Farquharson, se refirió al caso del docente que falleció en Bolivia.
Ante los mensajes y discursos de odio generados tras el fallecimiento del docente salteño Alejandro Benítez en Bolivia, según se denuncia, sin recibir la asistencia médica necesaria, la delegación del INADI Salta expresó sus condolencias a sus familiares y amigos, como así también el acompañamiento a la Cancillería y demás organismos que trabajan para dar cumplimiento al Tratado de Reciprocidad existente entre ambos países.
Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) instaron a evitar replicar discursos de odio, como así también a prevenir la violencia y la discriminación hacia la comunidad boliviana residente en Salta y a respetar los Derechos Humanos estipulados en la Ley de Migraciones y en los convenios bilaterales ratificados por ambos países en la Organización de Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos.
“Hay que exigir reciprocidad, pero evitar la xenofobia y el racismo sobre una comunidad que tiene permanencia en nuestro país y en nuestra provincia, colaborando con el desarrollo social, cultural y económico”, expresó Gustavo Farquharson, delegado del INADI en Salta.
Además ante la presentación de un Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Provincia que propone que las personas extranjeras no residentes en Salta paguen la asistencia en los hospitales públicos, el organismo recordó que la Ley Nacional de Migraciones reconoce a la migración como un derecho humano y garantiza el acceso a la salud.
La Ley 25.871, sancionada en el año 2003, reconoce los derechos de personas migrantes en igualdad formal de condiciones con las nacionales y alienta las prácticas sociales contra la xenofobia, además de reconocer la riqueza de la diversidad cultural.
Establece que las personas migrantes tienen los mismos derechos que las nacionales al acceso a los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social en condiciones de igualdad y sin discriminación.
En ningún caso la irregularidad migratoria puede impedir el acceso a la salud o a la atención sanitaria, ni el ejercicio del derecho a la educación en cualquiera de sus niveles, ya sea en establecimientos públicos o privados, destacaron desde el organismo.
