Una Editorial publicada esta mañana en La Nación asegura que los desmontes, las recategorizaciones de predios y la falta de cumplimiento de las leyes por parte del Ejecutivo provincial amenazan seriamente a los bosques salteños.
La edición impresa del diario La Nación de este jueves publicó una Editorial sobre la polémica entre las organizaciones sociales y el gobierno de la provincia de Salta por los desmontes que se están realizando en la provincia. El texto asegura que la falta de cumplimiento de las leyes amenaza seriamente uno de los patrimonios naturales más importantes.
El texto es contundente y asegura que “si se permite que la ley (de bosques) sea manejada a discreción por las provincias, cabe preguntarse si el esfuerzo que hizo la sociedad civil para que se apruebe esta norma no se irá desdibujando con el manejo antojadizo que de ella hacen las autoridades”.
A continuación, el texto completo:
Pérdida de bosques en Salta
Los desmontes, las recategorizaciones de predios y la falta de cumplimiento de las leyes amenazan seriamente uno de los patrimonios naturales más importantes
Más de sesenta organizaciones sociales de todo el país presentaron un documento para alertar sobre la violación de la ley de bosques por parte del gobierno salteño y reclamaron acciones urgentes a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente. En su denuncia, esas entidades piden que este organismo y el resto de las provincias intervengan para evitar que avance la destrucción de los bosques nativos, ya que, «además de generar importantes impactos ambientales, afectan seriamente a comunidades campesinas e indígenas».
A fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Esta norma surgió a partir de la desaparición de un porcentaje sustancial de la masa boscosa de nuestro país y contó con un amplio apoyo de la ciudadanía: más de un millón y medio de firmas reclamaron su sanción.
La ley estableció la obligación de las provincias de completar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos como condición para poder hacer uso de un régimen de fomento destinado a compensar a quienes no pudieran utilizar su propiedad con algún objetivo productivo. La ley de bosques zonifica las áreas boscosas en tres categorías (rojo, amarillo y verde), de acuerdo con el valor de conservación y la posibilidad de transformar el área donde se encuentren. Según relevamientos realizados en Salta se habrían desmontado 400.000 hectáreas, lo que dio lugar a la denuncia presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente a fin de evitar la destrucción de los bosques nativos.
En la provincia se estarían recategorizando los predios, de modo de quitarles las restricciones que operan sobre ellos para facilitar su desmonte. Ocurre que esas modificaciones de categoría, según una resolución del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), deben ser concedidas solamente para casos excepcionales a fin de evitar la fragmentación de los bosques nativos.
Vale recordar que Salta fue una de las primeras provincias en realizar el ordenamiento y que el propio gobernador, Juan Manuel Urtubey, lideró una presentación realizada, en forma conjunta, por varias provincias ante la Cámara de Diputados de la Nación para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la ley de bosques nativos, debido al desvío de los fondos realizados por el Poder Ejecutivo hacia al programa Fútbol para Todos.
Los bosques juegan un papel fundamental en la regulación climática, en el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y bosques son uno de los patrimonios naturales más importantes, pero también es el más amenazado y depredado en la Argentina.
En esta oportunidad, un grupo de organizaciones reclama a los organismos nacionales que realicen las acciones pertinentes para que el Poder Ejecutivo de Salta cumpla en forma estricta las restricciones establecidas en su ordenamiento territorial, para evitar las recategorizaciones de predios.
Ya hemos visto que se han desviado para usos políticos fondos públicos destinados a proteger nuestros bosques. Si, además, se permite que la ley sea manejada a discreción por las provincias, cabe preguntarse si el esfuerzo que hizo la sociedad civil para que se apruebe esta norma no se irá desdibujando con el manejo antojadizo que de ella hacen las autoridades.
