Con sólo un 12,3% de los recursos provinciales, la pobreza de los municipios del interior aumenta aun cuando los intendentes manejan más recursos. Huelgas y reclamos por mayor coparticipación resienten el acuerdo entre intendentes y el Grand Bourg, que durante años sirvió para publicitar un federalismo marca “U”. (D.A)
La promesa de una Salta federal empezó en el año 2009 y se profundizó en el 2010. Las medidas concretas eran la siguientes: el anuncio de que se priorizaría la obra pública en el interior; la política de girar a los municipios el 50% de lo enviado por la nación en cuanto a derechos de exportación de soja (Fondo Federal Solidario) cuando la nación exigía que se girase al interior el 30%; y la decisión en febrero del 2010 para descentralizar la ayuda social a los municipios. No era poca plata: en aquel 2010 suponían $119.500.000 por el Fondo Federal Solidario y $109.000.000 quesiendo administrados por el Ministerio de Desarrollo Humano, pasaron luego a engrosar las arcas de los municipios.
El argumento de entonces fue que en el privilegio de la capital provincial con respecto a usos de recursos, estaba inscripta la postergación del interior. Que el salteño capitalino era una especie de salteñocéntrico, cuyos valores torcidos no era de una naturaleza distinta al del porteño que considera que los actos importantes debían producirse en la capital. El argumento también buscó proyectarse al futuro: según Rodolfo Urtubey, el plan presidencial de su hermano Juan será reproducir en la nación lo que ya se habría hecho acá con la descentralización de las políticas.
A cuatro años de la impostura, la serie de huelgas que azota al interior provincial muestra que la descentralización de ciertas partidas pudo haber enriquecido y mantenido en el poder a ciertos intendentes, sin por ello aportar a una distribución mejor que ayudara a sacar de la pobreza a los municipios. La inequidad en el manejo de los recursos es tal, que aquello que Urtubey critica a la Casa Rosada él reproduce en dimensiones aún mayores con el interior provincial. Y es que mientras el Estado nacional comete la injustica de redistribuir de manera directa al conjunto de las provincias un porcentaje que oscila entre el 22% y el 25% según las fuentes más confiables; el Estado provincial reparte entre los 59 municipios sólo un 12,23%.
A ese porcentaje se llega tomando la máxima cifra total que el gobierno declara transferir a los municipios en el 2014: $1.930.564.799 sobre un presupuesto total de $15.782.128.826. El porcentaje es levemente superior al del año pasado: una transferencia de $1.426.314.156, sobre un presupuesto total de $11.839.768.511 suponían que los 59 municipios recibían sólo el 12,05% del total de recursos que maneja el Grand Bourg.
Sin recursos propios
Algunos intendentes, finalmente, terminaron por hacer oír sus voces. Paradójicamente terminan por reclamar al Grand Bourg lo que éste reclama a la Casa Rosada: rediscutir la ley de presupuesto y encontrar una forma más equitativa de reparto. Es lo que sonó entre concejales e intendentes de Animaná, San Carlos, Angastaco y otros jerarcas municipales de la Puna y el valle de Lerma. En esta última región fue donde el reclamo salarial se radicalizó más, cuando los municipales de Campo Quijano tomaron el edificio comunal.
Las arcas de ese municipio puede ayudar a graficar la penuria de los municipios y las dificultades estructurales para resolver el problema. Allí, el dinero que la provincia coparticipará este año en concepto del 13,5% de transferencia provincial sobre impuestos nacionales y provinciales, las partidas del Fondo Federal Solidario y la Descentralización de la Ayuda Social será de $21.774.997. Sólo $5.498.066 más que el año pasado cuando por las mismas partidas recibió $16.276.931.Conviene resaltar un detalle que resulta revelador: el 74% de ese incremento provino de impuestos nacionales que incluyen los ingresos tributarios propiamente dichos ($3.275.897) y del Fondo Federal Solidario ($799.258) haciendo un total de $4.075.155.
El $1.422.911 restante surgió de la suma de casi un millón de incremento por impuestos provinciales y casi medio millón por la descentralización de la ayuda social. Si esta última se ha incrementado a un ritmo regular con los años (2010 supusieron 109 millones; 2011 la suma ascendió a $122.669.853; en el 2012 a $194.098.987; en el 2013 a 224.718.703 y 2014 a los $266.053.838); lo primero habla a las claras de los límites provinciales para recaudar reduciendo la posibilidad de que la provincia coparticipe más a los municipios. Las cifras son elocuentes: en el presupuesto 2014 sólo el 19,7% de los recursos presupuestarios son generados por la provincia: $3.110.084.094 sobre un total de $15.782.128.826. De ese total de recursos generados por la provincia, $2.608.541.741 corresponden al cobro de impuestos, representando sólo un 16,5% del presupuesto total.
El porcentaje es similar al de años anteriores evidenciando que el incremento nominal obedece casi exclusivamente al fenómeno inflacionario. La razón de ello puede encontrarse en que la provincia sigue atada a una política impositiva que exime de impuestos a las grandes actividades económicas. Por si eso fuera poco, en cada una de las leyes de ese tipo existe un artículo al final que “sugiere” a los municipios adherir a la misma en nombre de favorecer a la actividad económica. El resultado se adivina: el 90% de los municipios salteños no llega a recaudar la décima parte de lo que precisa para funcionar, incrementando su dependencia del Grand Bourg.
Justamente allí, es cuando volvemos al principio del escrito: el discurso federal de Urtubey fue siempre una impostura genial, en la que escondía objetivos oscuros en medio de una maraña de eslóganes demasiado lindos como para que alguien ose cuestionarlas: dinero para el manejo discrecional de los intendentes mas no de los pueblos del interior y montaje de aparatos clientelares con fines electorales. Una bofetada, en definitiva, a la noción de federalismo en tanto la periferia sigue siendo la periferia por una sencilla razón: las decisiones importantes que afectan la vida de los habitantes del interior siguen centralizadas en la capital y más precisamente ligadas a Carlos Teófilo Parodi, el hombre que custodia la caja del Grand Bourg. El mismo que está autorizado por ley a establecer las relaciones con los municipios y el mismo al que muchos cuadros políticos y técnicos señalan como el hombre al que hay que rogarle que autorice una partida.
Una especie de puntero político de guantes blancos que interpreta que cada transferencia aprobada por ley, es un favor personal que el beneficiado debe pagar con dependencia política.
