Lo que será de nuestra provincia a partir del próximo 10 de diciembre dependerá del molde institucional que deja la actual gestión. El balance e inventario, en base al cual armar un diagnóstico y proyectar en alguna dirección. Un examen necesario de hacer, a 50 días del pase del mando.
La transición política en la provincia se viene reacomodando de una manera precipitada. Recordemos que en los primarios albores de la misma, se impulsó una preocupante “asonada judicial” de pretender reformar la Constitución provincial mediante una sentencia judicial. Abortado este temerario y desfachatado intento, que llevó su tiempo, se ingresó en esta dualidad de procesos electorales, nacional y provincial, lo que, sin dudas, le va a permitir al gobernador Urtubey culminar su demoledor y mediocre proyecto político de 12 años, para la mayoría de la sociedad salteña, con un descarado desparpajo sin mayores sobresaltos.
Precisemos en las diversas funciones del Estado provincial su cuadro de situación y que luego de tres mandatos nos muestran un inocultable deterioro y vergonzante sumisión institucional que “Fundara” el anterior gobernador con el primer régimen hegemónico impetrado allá a fines del año 1.995.
A fines del 2.007 Urtubey inauguró su gestión institucional impulsando una excesiva compartimentalización de carteras ministeriales en el Poder Ejecutivo, seguramente con el fin de “dividir para reinar”; pero tuvo quizás la mesura de designar, salvo pobres excepciones como la cartera de Economía, mujeres y hombres tanto con clara impronta como capacidad y peso político…ahora a meses de finalización de su exasperante gestión termina con un gabinete sumamente deslucido, mediocre y con casi nula capacidad y peso político, salvo decorosas excepciones.
Así también se instrumentó su correlato en la órbita del Poder Legislativo provincial y para ello, no sólo no tuvo ninguna intención de crear una genuina bancada “urtubeicista”, sino que decidió profundizar el modelo “Pichettista” del inefable “Indio” Godoy para seguir conduciendo la Cámara de Diputados y así profundizar un estilo oscurantista y medioeval institucional, prebendario en las sombras para así lograr la cooptación y sumisión de legisladores de variado origen partidario, teniendo el tupé de lograrlo hasta con las huestes infranqueables del Partido Obrero.
Y en la cámara alta, el secretismo en su más alta expresión, donde el vicegobernador preside pero no gobierna, y donde se encaramara una singular situación de poder donde senadores, representantes de departamentos políticos de regular y escaso poder electoral, se convirtieron en los denominados “elefantes blancos” decidiendo los destinos de los recursos económicos y humanos del senado provincial.
En el orden judicial provincial, la cuestión viene transitando en una decadente mediocridad, atento primero a la escalada de jubilaciones de magistrados y funcionarios judiciales con probada idoneidad y capacidad jurídica que pudieron acceder a una apetecible jubilación, lo que propició la imprescindible cobertura judicial a un Poder Ejecutivo seguramente desprolijo, desfachatado y necesitado de un manto piadoso de justicia liberadora de acusaciones de malversaciones y demás posibles delitos. Y así también reconocer el grado de deterioro institucional de la Corte de Justicia con su sucesiva renovación plagada de un actuar institucional entre desprolijo e ilegal.
Cuestión que también alcanzó al Ministerio Público provincial con el escandaloso “enroque institucional” entre un Procurador saliente y un miembro de la Corte con un deslucida actuación en diferentes organismos del Poder Judicial, tal el caso del Consejo de la Magistratura.
Así también el rol decorativo de la Auditoría General de la provincia, donde tanto la designación de sus miembros como su función ha venido siendo absolutamente contemplativa y receptiva de todas y cada una de las necesidades de los ahora ocupantes salientes de las colinas del Grand Bourg.
Entonces el desafío resulta ser o profundizar el ejercicio autocrático y hegemónico del poder provincial beneficiando a los sectores acólitos ya sean políticos, económicos, sociales y demás, en desmedro de la sociedad en su conjunto o muy por el contrario, asumir un rol histórico de colocar la piedra basal para la reconstrucción institucional de la provincia avanzando en una reforma constitucional integral, estableciendo un nuevo régimen político electoral provincial, reformulando con una novedosa implementación de los recursos económicos provinciales y nacionales, como así también y entendiendo de la impostergable necesidad de una participación ciudadana efectiva y eficaz entre las variables públicas más salientes.
Sino…sigamos siendo Coronel Juan Solá o Pichanal…
