Luego de la masiva movilización de la comunidad LGBT+ que se dio en provincias de todo el país tras los dichos del presidente Milei en el Foro Económico de Davos y del ataque a derechos ya consagrados, militantes propulsan la participación política de integrantes.
Andrea Sztychmasjter
Esta semana durante el debate en comisiones del Congreso nacional acerca del abordaje sobre la sustitución del artículo 11 de la Ley 26743 sobre derecho a libre desarrollo personal y el alojamiento, reubicación o traslado de las personas privadas de la libertad en función del sexo que la persona registre en los términos de la Ley 26743, se recibió la visita de referentes de organizaciones, instituciones, partidos políticos, sindicatos y asociaciones civiles que manifestaron sus experiencias y situaciones sobre el contexto que se viene suscitando.
Las y los referentes de diferentes espacios compartieron no solo experiencias acerca de gestiones y acciones realizadas en torno a la defensa y respeto de los derechos ya consagrados por ley sino también del grave retroceso que se viene dando en materia de derechos humanos de la mano del gobierno nacional que se replica en todas las provincias.
Fue una de las expositoras, Marcela Romero, Presidenta de ATTA, quien especialmente se refirió a la importancia de la participación política de integrantes de la comunidad LGBT+ en el Congreso Nacional y la defensa de la ley de la identidad de género, pionera en el mundo:
“Yo conocí la democracia cuando tenía 46 años, yo conocía los palos y el esconderme (…) no vamos a tenerle miedo a nadie, aquí estamos, la comunidad trans construyó esta democracia. Les quieren hacer creer a la gente que seguimos siendo personas indigentes. El desafío de la población trans argentina ocupar una banca de diputada y que haya diputadas trans. Todos los países de Latinoamérica tienen diputadas trans, Europa también lo tiene. Diputados abran esa paridad. Tenemos que cambiar nuestro parlamento y necesitamos que no hablen por nosotras, al igual que necesitamos alguien de pueblos originarios”, refirió Romero.
Legisladoras Trans
En 2023, por primera vez en la historia de Brasil, la Cámara de Diputados sumó a sus bancas a dos mujeres transgénero. Se trata de Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y Duda Salabert, del Partido Democrático laborista (PDT), quienes resultaron elegidas en los comicios.
Salma Luévano, de 53 años, es reconocida como la primera diputada transgénero en México. Integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Emilia Schneider es la primera mujer trans electa diputada en Chile. Tiene 25 años y fue de las más votadas. Camila Musante y Marcela Riquelme, activistas de la diversidad sexual, también se sumaron a la Cámara de Diputados de ese país.
Tamara Adrián es la primera diputada transexual de América Latina, tras ser elegida en las elecciones parlamentarias de Venezuela en 2015. La activista por los derechos de las minorías sexuales, respetada abogada y profesora universitaria, de 69 años.
Salta, quereme trans y diputada
Victoria Liendro, responsable del Área de Diversidad sexual de la secretaría de mujeres género y diversidad de Salta habló con Cuarto Poder y esto dijo:
-¿qué políticas públicas son necesarias en Salta en la defensa de los derechos LGBT?.
VL: En materia parlamentaria, sin dudas, tenemos que tener legislación que sustenten y profundicen lo que ya está escrito y también se desprende del espíritu propio de la Constitución provincial, que es una Constitución respetuosa de los derechos humanos, pero como siempre decimos, las normativas son necesarias para poder reafirmar ese espíritu republicano y democrático que garantiza los derechos humanos. Por eso, para ponerlo en práctica, requerimos de una ley provincial que trabaje sin duda sobre los actos discriminatorios que se suceden hacia nuestra población y hacia el resto de los colectivos sociales que han sido discriminados por alguna situación específica. Por eso, sería necesaria una ley que actualice una ley nacional, que, si bien la ley nacional es del año 88, la ley nacional antidiscriminatoria, en la provincia deberíamos avanzar, sin duda, a través del Poder Legislativo, una propuesta que actualice esa ley que ya está obsoleta. Y en esa ley provincial tendríamos que tener una ley que sancione y erradique los actos discriminatorios también hacia personas LGBT. También otra área dentro del Poder Legislativo que debería abordar otra normativa es la adhesión a políticas, la adhesión o una propuesta legislativa que garantice la empleabilidad de las personas trans a través de transexuales en el marco de lo que garantiza la propia Constitución Nacional, que son medidas de acción positivas.
Son necesarios esos debates en el Parlamento local para justamente reafirmar el espíritu de reconocimiento y respeto a los derechos humanos que la provincia, en todos sus gobiernos en democracia, ha llevado a cabo. Por eso son áreas o son legislaciones específicas que deberíamos tener. En materia de las políticas diseñadas por el Ejecutivo y claramente lo que deberíamos avanzar es fuertemente en la prevención de los actos discriminatorios, la erradicación de las violencias que se han sucedido y se suceden más en estos contextos que se instalan en discursos de intolerancia hacia nuestra población. Lo que tenemos que tener son políticas masivas de prevención, utilizar todos los dispositivos necesarios y la articulación dentro del Ejecutivo de políticas transversales desde este enfoque, del enfoque respetuoso de los derechos humanos de personas gay, lesbiana y trans. Por ello, sin dudas, ahora estamos repensando el diseño de una estrategia mancomunada con el resto de los ministerios a partir de poner en ejercicio un gabinete transversal de políticas con enfoque de diversidad sexual y para ello va a ser necesaria primero la formación, pero por sobre todo ya avanzar en la toma de decisiones que tengan que ver en darle respuestas a un colectivo social, volvemos a decir, históricamente segregado de toda agenda pública.
Darle respuesta en todos los derechos que se demandan y ese sería garantizar el acceso real a la justicia y claramente acompañar, cuando decimos de acompañar, no es solamente con los recursos económicos sino también con accesibilidad sin obstáculos fruto de los prejuicios que se suceden a la política pública. Cuando hablamos de la política pública tiene que ser el acceso a la salud sin prejuicios en el medio, la garantía de la trayectoria escolar en el sistema educativo, que se profundice sin dudas la enseñanza de la educación sexual integral porque entendemos que es el único o el primario, es el primer ejemplo de hablar sobre diversidades en nuestras juventudes y por qué no pensar también en que se rediseñe la enseñanza de la educación sexual integral hacia el resto de la ciudadanía, para ello es utilizar dispositivos que los estados tienen, en diálogo provincial con estados municipales claramente podríamos pensar. Y ahí va de la mano también con la descentralización, cuando la política está descentralizada es una política que se acerca más al vecino y a la vecina.
“Ni hablar que derribar las barreras de estigma, las barreras de discriminación, barreras culturales que están presentes es una tarea que lleva su tiempo, pero acá los decisores, y esto está dicho por organismos internacionales, son clave a la hora de también impulsar, visibilizar las situaciones de violencia que se suceden. Por eso los decisores son fundamentales en ese sentido”, señaló Liendro.
