Avanza la investigación sobre el juez Raúl Reynoso. Los detalles revelan cómo funcionaba el aparato judicial que beneficiaba a narcos. “Para salir hay que pagarle al Tío” relatan los involucrados que aseguran que la tarifa estándar era de $500.000.
El portal www.fiscales.gob.ar realizo un amplio informe sobre el estado de la causa que involucra al juez federal de Orán Raúl Reynoso. “Para que tu hermano salga en libertad hay que pagarle al Tío”. Lejos de ser un hecho aislado, la exigencia de dinero a cambio de mejoras en la situación procesal de imputados en delitos vinculados al narcotráfico constituía una práctica habitual en el funcionamiento del Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán.
Así, lo entendió la justicia federal de Salta, que esta semana procesó con prisión preventiva al “Tío” al considerarlo jefe de un aparato de poder enquistado en el mismo juzgado con el objetivo de obtener beneficios patrimoniales a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones favorables a los imputados. “Los bienes y la libertad de las personas quedaron a merced del magistrado quien seleccionaba los asuntos en función de la magnitud económica que evidenciaban para, tras cartón, establecer el monto en dinero u otra dádiva que era requerida para emitir la resolución favorable”, señaló el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio al dictar el procesamiento de su colega de Orán.
La estructura delictiva, según el portal de los fiscales, se completaba con abogados fuertemente relacionados a Reynoso: Ramón Valor, René Gómez, María Elena Esper y Arsenio Eladio Gaona, este último cuñado del juez, quienes oficiaban de intermediarios entre los imputados y el magistrado. Es decir, eran los encargados, puertas afuera del tribunal, de difundir el monto exigido y la modalidad de pago. Para ello, los letrados involucrados mantenían contacto en forma directa con el juez, ingresaban a su despacho que era el lugar en donde se concretaban las reuniones y, en algunos casos, también la entrega material del dinero. “Un abogado de la matrícula me dijo que se sabía que la oficina recaudadora del juez era el estudio de Eladio Gaona”, testimonió
El relato coincidente de otros testigos asegura que a las peticiones llevadas por esos letrados se les imprimía una celeridad visiblemente mayor a la del resto. Paralelamente, ese grupo de abogados conformaba una especie de barrera por la cual no podían ingresar otros letrados, y que llevaba a que litigar en ese juzgado de Orán se tornara sumamente difícil para quienes no pertenecían a ese selecto grupo cercano a Reynoso.
En este sentido, la resolución del juez Bavio menciona la situación que debió atravesar una de las testigos, cuyo hermano –de profesión ingeniero agrónomo- fue detenido luego que una inspección de la AFIP en la empresa donde prestaba funciones detectara la presunta comisión de delito de trata de personas. En medio de esa situación, un abogado –quien fue llamado a indagatoria recientemente- se acercó para averiguar sobre el trámite de esa causa, diciéndole “este tipo de cosas se resuelven pagando”.
El caso de la finca
El portal también narra el caso ocurrido el 12 de septiembre de 2013, cuando la policía de Santiago del Estero detuvo en un puesto de control a Héctor Segundo, quien transportaba 369 kilogramos de cocaína en la camioneta que conducía. José Farfán participaba del traslado del cargamento en otro vehículo que cumplía funciones de “barrido y seguridad” y también fue detenido algunos días después. Con una condena por homicidio y antecedentes penales vinculados a maniobras para eludir la acción de la justicia, la situación de Farfán se presentaba a simple vista sumamente comprometida. Pese a ello, apenas unos días después, su abogado defensor René Gómez logró que –a pedido de Reynoso- la justicia de Santiago del Estero se inhiba de actuar.
Luego, en enero de 2014, el magistrado le otorgó la eximición de prisión, sin antes constatar los numerosos procesos que mantenía abiertos Farfán y pese al dictamen negativo emitido por el fiscal federal de Orán. De manera insólita, el juez solicitó los antecedentes penales y las planillas prontuariales casi nueves meses después de otorgarle la eximición de prisión. Los testimonios obrantes en la causa, entre ellos el brindado por la ex pareja de Gómez, dan cuenta de la relación que existía entre el abogado y Farfán y los pagos que habitualmente realizaba este último dirigidos a Reynoso en pos de obtener beneficios procesales.
En otra ocasión, el mismo Gómez obtuvo el sobreseimiento para su defendido Pablo Vera, quien se encontraba imputado por el transporte de 966 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El fallo favorable coincide temporalmente con la entrega de una finca de 700 hectáreas que pertenecía al detenido. El inmueble en cuestión, denominado “Finca El Mollinedo”, fue transferido luego a Rosalía Candelaria Aparicio, quien no casualmente es la hermana de César Julio Aparicio, quien trabaja como ordenanza en el juzgado de Orán.
Cuadro tarifario
Para la justicia federal de Salta, las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal permiten establecer que Reynoso variaba el monto de la exigencia económica en base a la magnitud de la organización criminal investigada. Así las cosas, habría una tarifa “estándar” de 500.000 pesos, cifra que le fue exigida a los imputados Bruno Maximiliano Mazzone, Sebastián Meneses e Iván Cabezas. De igual modo, ese monto equivale a los 300.000 pesos y una camioneta Amarok exigida a Marcelino Valdez Cari para lograr su libertad.
Distinto fue el caso del transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, actualmente con pedido de extradición al ser procesado como responsable del delito de contrabando de estupefacientes y precursores químicos, doblemente agravado por el uso de documentación ideológicamente falsa y por la cantidad de personas que intervinieron.
Imputado por el Ministerio Público por ingresar a país casi una tonelada de cocaína a través de una organización de tráfico internacional que utilizaba camiones cisternas de las empresas del conglomerado empresarial de transporte que controlaba, el empresario había sido detenido en abril pasado por Reynoso quien, pese a contar con las pruebas aportadas por la Procunar, tras recibirle declaración indagatoria, dispuso su libertad provisoria. Para ello, lo procesó como partícipe secundario en relación al delito de tentativa de contrabando de estupefacientes por la cocaína diluida detectada que fue hallada en uno de sus vehículos, omitiendo valorar la responsabilidad por el contrabando del precursor químico, el cual había sido entregado prematuramente por ese mismo magistrado a pedido del imputado, cuando todavía no contaba con el resultado de la pericia química que determinó la presencia de tolueno.
Para forzar tal situación procesal Reynoso le habría exigido a Rosales –por intermedio del abogado Ramón Antonio Valor- la suma de 350.000 dólares. En tanto, como se indicó, al imputado Pablo Vera se le exigió la entrega de una finca de 700 hectáreas en el límite con Bolivia, mientras que en otro caso “el máximo monto abonado” alcanzó los 100.000 pesos.
Pruebas
Uno de los aspectos centrales de la tarea desarrollada en forma conjunta por el fiscal del Distrito Salta Eduardo Villalba y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias, se centró en destacar las incongruencias existentes entre los descargos efectuados por cada uno de los imputados durante las indagatorias y la información recolectada en materia de entrecruzamiento de llamados, testimonios de empleados del juzgado, documentación secuestrada durante los allanamientos –uno de los cuales tuvo lugar en el propio juzgado- e investigación patrimonial.
Así, por ejemplo, durante su declaración indagatoria Reynoso indicó que no tenía por costumbre reunirse con abogados en su despacho y, más aún, respecto a René Gómez afirmó que “no solía hablar con él por teléfono y sí a lo sumo dos o tres veces o quizás cuatro hablé, era sólo para coordinar para algún encuentro para jugar tenis, nada más que eso”. Frente a esa afirmación, el entrecruzamiento de llamados aportado por los fiscales da cuenta de 188 comunicaciones entre Reynoso y René Gómez durante los últimos dos años y diez meses. Incluso, se detectaron comunicaciones entre ambos en los mismos días en que se materializaba la transferencia de bienes que hoy forman parte del conjunto de dádivas bajo análisis.
En tal sentido, se registraron comunicaciones el 20 de febrero de 2013, es decir, el mismo día en que Pablo Raúl Vera –imputado por tráfico de estupefacientes- transfirió la “Finca El Mollinedo” a quien por entonces era la pareja de René Gómez. También, hay contactos entre ambos durante la primera semana de julio de 2014, época en que la mencionada transfirió el establecimiento a Rosalía Candelaria Aparicio, hermana de Cesar Aparicio, quien -como se indicó- se desempeñaba como ordenanza del juzgado de Reynoso. “La severa contradicción entre la versión dada por el juez Reynoso –en cuanto a que no se comunicó vía telefónica con Gómez más de cuatro veces- y las constataciones efectivamente constatadas en autos –más de 180, muchas de ellas en momentos claves en que se adoptaban varias de las resoluciones judiciales aquí cuestionadas-, echa por tierra la ajenidad por él alegada en relación a los hechos investigados, y exime de mayor análisis sobre la cuestión”, señalaron los fiscales respecto a una de las pruebas claves que tuvo en cuenta la justicia federal de Salta a la hora de dictar los procesamientos.
Otro de los aspectos relevantes surge de los testimonios coincidentes de empleados del juzgado donde se destaca el trato habitual que dispensaba Reynoso al grupo de abogados que intermediaba para exigir las coimas y/o dádivas. “No se hacía nada en el Juzgado sin que el Dr. Reynoso lo sepa y lo ordene, y en caso contrario, los funcionarios éramos objeto de algún cuestionamiento por no avisarle o por decidir por motus propio”, coincidieron, y señalaron que el magistrado les aclaraba que “ él era el juez”, y que les decía: “cuando ustedes sean jueces tomarán las decisiones´”.
