Griselda Nieto, fiscal de Tartagal, habló de la acción colectiva contra el empresario Juan José Karlen por desmontes ilegales en los lotes 30.746 y 30.747 cercanos a Dragones. La demanda supera los 171 millones de pesos.
La fiscal brindó detalles por FM Alba de Tartagal, sobre los estudios a cargo de un equipo de peritos que analizaron el impacto en el medio ambiente y sus consecuencias a corto y largo plazo en quienes habitan la región. El ministerio público fiscal aportó pruebas fundamentales con un informe pericial. «Se pudo determinar que un bosque en 20 años se puede recomponer y esta recomposición estimativa cuesta tantos pesos. Esto lo establece no solo la jurisdicción de justicia de Salta sino también desde Argentina como aporte a todo el mundo para la reparación de los daños ambientales».
Un grupo multidisciplinario de las universidades nacionales de Salta y de Buenos Aires, el INTA, la Dirección de Bosques de la Nación, el CIF, el Ministerio de Ambiente Dirección de Bosques Nativos de la Nación y un miembro del CONICET; fueron asesorados por un experto observador del Poder Judicial y el Ministerio Público de España y realizaron el estudio técnico pericial que solicitó el Ministerio Público Fiscal.
«El daño ambiental afecta mi medio ambiente, porque tengo más calor, tengo más mosquitos, no se tienen las mismas posibilidades que cuando el bosque está firme, y todo eso está incluído en el informe para el juicio», remarcó la doctora Nieto. El plazo para que la gente se presente ante el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Tartagal, cierra el 30 de mayo «lo que no quita que puedan acercarse después hasta que se dicte la sentencia. Las pruebas ya las aportó el Ministerio Público, pero si alguien quiere aportar pruebas puede hacerlo hasta el día 30».
La audiencia del juicio civil está prevista iniciar el 1 de junio y se extenderán hasta el día 3. El Ministerio Público pidió que se sume información de la AFIP para probar lo que han ganado los Karlen con su actividad ilegal. Esa familia ya fue objeto de una multa administrativa ambiental de más de 11 millones de pesos, que fue confirmada por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a través del decreto 1125/15.
