El Colegio apoya el proyecto de ley autoría del diputado Arturo Borelli.  Consideraron que es “un significativo avance en materia de reconocimiento de derechos, garantías y facultades para las personas físicas y jurídicas que se consideran víctimas de delitos”.

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta expresó su “categórico apoyo” al proyecto que ayer debería haberse tratado en la Cámara baja si no fuera porque la sesión quedó suspendida por falta de quorum. El  proyecto de Ley busca la modificación del Código Procesal Penal de Salta con el fin de que se incorpore la figura de pretenso querellante, que posibilita la participación de las víctimas en los procesos penales de forma previa a la imputación formal.

“El Proyecto analizado propone eliminar las restricciones para formular querella antes del dictado de Decreto de Citación a Audiencia de Imputación, con lo cual el ofendido por el delito podrá constituirse en parte querellante, con todas las facultades de Ley, a partir del primer acto del procedimiento, aún en la etapa administrativa de Averiguación Preliminar”, describieron desde el Colegio.

Recordemos que en  la Comisión de Legislación General, que oficia de cabecera para el análisis del proyecto, los diputados no plantearon objeciones, pero propusieron enviarlo a la Procuración General y al Colegio de Abogados para que emitan opinión al respecto.

La semana pasada después de una reunión mantenida entre el procurador general, Abel Cornejo y el diputado Arturo Borelli y su asesor técnico, Luis Segovia, el procurador general remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados de Salta, un documento en el que también expresó su “categórico apoyo” al proyecto que propone modificar los artículos 1° inciso e), 5°, 98, 99, 106, 107, 108, 241, 242, 243, 244 (Libro Primero), 489, 492, 493, 494 y 502 (Libro Tercero) y agregar el artículo 244 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, “en virtud de que dicha reforma redundará en un claro mejoramiento del acceso a la justicia y una ampliación de los derechos de las víctimas de delitos”.

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