La avioneta estrellada en Rosario de la Frontera no sorprendió a nadie en el sur provincial.
Es apenas el último capítulo de una saga que mezcla vuelos clandestinos, toneladas de cocaína, controles fallidos, funcionarios en silencio y un historial de vínculos con el poder que la política provincial jamás terminó de explicar.
La imagen es ya un clásico de la crónica policial salteña: una avioneta que cae, un cargamento millonario de cocaína y una zona rural donde el ruido del motor no alarma a nadie porque resulta parte del paisaje. Rosario de la Frontera volvió a vivir la escena la semana pasada cuando una aeronave cargada con más de 360 kilos de cocaína se precipitó en la zona de San Felipe. Los pilotos fueron imputados, la noticia recorrió el país y hasta el propio gobernador Gustavo Sáenz pidió aprobar una ley de derribo, en un rapto de firmeza que llega algo tarde.
El problema es que nada de esto es nuevo. Ni para el gobierno, ni para los cuerpos de seguridad, ni para los habitantes del sur, que llevan años denunciando avionetas que pasan a baja altura, descargan su mercadería en plena madrugada y desaparecen entre los desmontes con la certeza de que nadie las va a seguir. El narcotráfico aéreo en Salta no es un fenómeno: es una tradición, una práctica consolidada que la provincia parece haber naturalizado entre indiferencias y complicidades.
El archivo es implacable. Hay registros, nombres, fechas, testimonios. Hay muertos, toneladas de droga, campos privados que vuelven a aparecer en las crónicas, funcionarios que hicieron silencio y otros que balbucearon explicaciones. También están los eternos pedidos de radarización y los mismos discursos que reaparecen cada vez que una máquina cae, como si fuera un rayo y no parte de una red establecida desde hace décadas.
Nada, absolutamente nada, del episodio de San Felipe ocurre en el vacío.
Un historial que empieza arriba… y muy arriba
Cuando se repasa la historia de los narcovuelos salteños, el inicio formal podría ubicarse en 1985, con uno de los episodios más incómodos para la clase política local: la avioneta de Roberto Romero —gobernador de la época— que se estrelló en San Antonio de los Cobres cargada con 200 kilos de cocaína. En aquella tragedia murió Luis “El Gordo” Plaza, hombre estrechamente vinculado al poder provincial. El caso quedó sepultado en los archivos judiciales y mediáticos, pero marcó una línea que jamás se borró.
Tres décadas más tarde, en 2014, otra historia: 388 kilos de cocaína arrojados desde una avioneta en Las Lajitas, en un operativo dirigido por Sergio Berni y supervisado judicialmente por el entonces juez federal Raúl Reynoso —quien años después terminaría preso por proteger a narcotraficantes.
Los paquetes habían sido lanzados desde el cielo en un campo donde dos sospechosos huyeron hacia el monte. El cargamento estaba valuado en millones de dólares. Fue, en ese momento, uno de los mayores golpes al narcotráfico aéreo del país.
Al año siguiente, 2015, otra avioneta narco en Salta Forestal. La aeronave no logró despegar; los pilotos —bolivianos— fueron detenidos y se les secuestraron ladrillos de cocaína. La zona había sido denunciada históricamente por su rol como corredor del narco. Ese mismo sector ya había sufrido otro accidente en 2014, cuando una avioneta cayó envuelta en fuego con 226 kilos de droga.
Los funcionarios de entonces repetían lo que se sigue repitiendo hoy: “No tenemos recursos para controlar el cielo”. Pasaron diez años. El cielo sigue igual de abierto.
En 2020, un caso internacional expuso una vez más el rol de la provincia: un jet privado proveniente de Salta aterrizó en Cozumel, México, con una tonelada de cocaína. Dos pilotos bolivianos fueron detenidos. El avión había despegado libremente desde el aeropuerto salteño, tras pasar tres controles —PSA, Aduana y Sanidad de Fronteras— sin que nadie detectara absolutamente nada.
La hipótesis más benévola fue que el jet cargó la droga en una escala clandestina. La más incómoda nunca llegó a pronunciarse.
Tierras fértiles y picadas útiles
El vínculo entre narcovuelos y poder territorial también tiene capítulo propio. En 2016, el entonces diputado Pedro “El Rengo” Sández acusó públicamente al empresario y político Alfredo Olmedo de facilitar el ingreso de avionetas en las tierras concesionadas a su familia en Salta Forestal. “Desde que llegaron los Olmedo, todas las avionetas caen dentro o cerca de sus campos”, aseguró. Incluso afirmó que las picadas abiertas por la empresa servían como pistas improvisadas.
Sández, sin embargo, no quedó al margen de la crónica: años después, dos sobrinos suyos fueron detenidos transportando marihuana hacia Tucumán. En Salta, nadie está completamente afuera del barro cuando se habla del sur provincial.
Lo cierto es que, con Olmedo o con Sández, con Berni o con Reynoso, con ministros habladores o ministros ausentes, la postal fue siempre la misma: avionetas volando bajo, cargamentos millonarios, campos privados usados como puntos de descarga, rutas sin controles y un Estado que mira para arriba solo cuando la tragedia es tan grande que termina en la tapa de los diarios.
Un corredor que no se corta
Hoy, en Rosario de la Frontera, los vecinos de las zonas rurales dicen que los vuelos clandestinos nunca dejaron de pasar. Algunos cuentan que se ven luces a cualquier hora, otros que escuchan motores que vienen del monte; los hay que se acostumbraron, como quien se habitúa a vivir cerca de las vías del tren. La pregunta no es si hay narcovuelos. Es cuántos.
El sur salteño se consolidó como uno de los corredores aéreos más activos del narcotráfico regional. Sin radarización constante y con controles débiles, el espacio aéreo se convirtió en una autopista invisible. Las avionetas pasan, descargan, se pierden en Bolivia o Paraguay y regresan cuando hace falta. El Estado llega después: cuando algo se cae, cuando un perro detecta un ladrillo, cuando un piloto se quema en el accidente.
Mientras las pericias por la avioneta de San Felipe avanzan lentamente, la historia vuelve a repetirse con la exactitud de una coreografía conocida. Una aeronave caída. Un cargamento millonario. Dos pilotos detenidos. Y un sur salteño que observa sin sorpresa cómo el cielo sigue siendo, desde hace cuarenta años, el espacio más indefenso —y más rentable— de la provincia.
Porque si algo dejó claro el caso de Rosario de la Frontera es que no se trata de un episodio aislado sino de un sistema largamente tolerado.
El narcotráfico en el sur de Salta no está aterrizando: está domiciliado. Y ninguna caída espectacular parece, por ahora, capaz de desalojarlo del cielo que hizo propio.
