A cinco meses del plazo que por ley suspende los desalojos campesinos, legisladores del oficialismo y la oposición debaten sobre cuál es el trasfondo de un problema que puede tener impactos irreparables en miles de pequeños productores. (Anibal Roldan)

Los funcionarios de Ambiente, Producción Sustentable y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario tuvieron que dar explicaciones. Fue el senado el lugar donde Javier Montero y  Luis Gómez Almaras brindaron detalles sobre las acciones que se realizarán para cumplir con la Ley 7.658, que suspende los desalojos campesinos y que fuera prorrogada sólo hasta fin de año por orden del oficialismo en ambas cámaras.

El dato importante es que se presentó un esquema de transición hacia el levantamiento de la suspensión de desalojos hasta fin de año; los funcionarios señalaron que “no hay nada que temer”, puesto que el gobierno tiene preparado todo un mecanismo de resolución pacífica de los conflictos en danza.

No obstante, la senadora capitalina Gabriela Cerrano no se mostró nada optimista y declaró que la “la medida es una señal para los grandes capitales terratenientes y mineros, que quieren sacarse de encima a los criollos y originarios para seguir avanzando en los desmontes y la minería”.

Ya desde el trotskismo salteño denunciaron durante el tratamiento de la ley que se vienen transformaciones en el agro que incluirían una modificación del reordenamiento territorial para habilitar nuevas franjas para el desmonte. Desde el oficialismo en Diputados desmintieron esta posibilidad indicando que se está censando a los pequeños productores, asesorándolos y que en la Justicia son escasos los pedidos de desalojos.

La senadora Cerrano, sin embargo, arremetió planteando que el relevamiento gubernamental no implica un resguardo a la propiedad campesina y que el asesoramiento, ya sea productivo o legal, prácticamente no ha llegado a las familias del agro. Ante ello el oficialismo no tuvo más alternativas que darle la razón.

Lo que se cuestiona son los pisos de productividad que, según lo señalado en dicha reunión, se empezaría a medir en los pequeños productores para acreditar dicha condición. “Con la ausencia de subsidios y hasta de canales de riego, se hace difícil el reconocimiento estatal como pequeño productor; están fijando un parámetro excluyente”, sentenció. Luego agregó: “Si no entran en los parámetros productivos del gobierno y no son productores del campo entonces ¿qué son según el gobierno? ¿Ocupantes sin derecho ni historia en el lugar? Es inadmisible”.

Consultada sobre la cantidad de juicios en curso, la referente de izquierda aseguró haber solicitado informe escrito, pero se permitió dudar de las palabras del urtubeicismo, sosteniendo que “cuando se sancionó la 7.658 fue por la presión de cientos de familias a las que se quería echar. No estamos hablando de un puñado y sí la suspensión se levanta pueden llegar a ser más”.

Lo cierto es que desde el gobierno se refirieron al levantamiento de la suspensión como un paso adelante, en tanto el ejecutivo dejaría de interferir en problemas legales, favoreciendo así la independencia de la justicia.

Sin embargo, surgieron muchas dudas en torno a esta expresión: por ejemplo el diputado Borelli señaló que la justicia “no contempla el problema en su dimensión histórica y social sino sobre todo en términos de titularidad. Justamente por ello se hizo esta ley de suspensiones”. Al parecer, hay muy poca confianza en los mecanismos de la justicia y es muy discutida la posibilidad de que las comunidades criollas puedan obtener resultados favorables por este medio.

No obstante ello, algunos sectores campesinos intentaron una solución a su problema a través de la consecución de la propiedad veinteañal mientras que otra fracción la rechaza. Estos argumentan que desde la Dirección de Inmueble no se contempla la verdadera dimensión del territorio ocupado históricamente sino el terreno de una vivienda y un pequeño perímetro. Por si acaso, el gobierno anunció que pone a disposición a los abogados para la realización de estos trámites.

A menos de 5 meses de la finalización de la suspensión los ánimos se caldean en el campo. El senado ha puesto paños fríos a través de los integrantes de la comisión bicameral que se encargará del seguimiento de la cuestión; se trata de Hector Mamaní por San Carlos, Walter Cruz de Iruya y Berta Jerónimo de Cachi. Los senadores ya han marcado su compromiso de acompañar el tema para obtener “una resolución favorable a todos”.

Si bien el diputado Rana Villa se manifestó al respecto en la sesión del martes 25 y reclamó la ausencia de senadores de San Martín y Anta, el debate caliente entorno al conflicto de tierras continúa. Habrá que estar atentos a las novedades de una problemática candente en Salta, como lo es la propiedad de la tierra.