Brasil vive por estas horas en estado de conmoción política por la ejecución en el centro de Río de Janeiro de la concejal opositora Marielle Franco, una dirigente del Partido Socialismo y Libertad(PSOL) que denunciaba la violencia de la policía en las favelas.
Al menos ocho manifestaciones fueron convocadas en distintas ciudades de Brasil para repudiar el homicidio contra esta dirigente feminista nacida en una favela, socióloga, dirigente afrodescendiente y la quinta concejal más votada en las elecciones municipales de 2016, que fue ultimada de cuatro disparos en la cabeza, en un crimen que fue calificado de «político».
El PSOL, sin acusar directamente al gobierno, expuso sus sospechas. «Se le nombró para ser la ponente en la Comisión Municipal sobre la intervención militar en Río de Janeiro, denunció violencia policial y la ejecutaron pocos días después de la denuncia», enumeró Mayra Clara Vitorino, integrante del PSOL en Recife y militante feminista.
«No sé todavía si tiene conexión, pero, todo parece muy sospechoso», subrayó, en diálogo con Télam.
En un comunicado enviado a los medios, el PSOL aseguró que «Mataron a Marielle Franco porque ella representa todo lo que históricamente se niega, se excluye y se violenta en Brasil: mujeres, personas negras, personas LGBT’s, personas de la periferia y personas de la izquierda».
Franco era miembro informante de una comisión en el Concejo Deliberante que investigaba la intervención militar de la seguridad pública de Río de Janeiro decretada por el presidente Michel Temer.
En un comunicado, el Palacio del Planalto, sede de gobierno, informó que la administración de Michel Temer «acompañará toda la investigación del asesinato de la concejal y de su chofer que la acompañaba en la noche del miércoles en Río de Janeiro».
La Policía Federal fue puesta a disposición para auxiliar en las investigaciones, algo de lo que hablaron el ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, y el general del Ejército Walter Braga Netto, interventor federal en Río de Janeiro y máximo responsable por la lucha contra el delito.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, afirmó este jueves que no cambiará la estrategia del gobierno de mantener al Ejército como interventor en la seguridad de Río de Janeiro.
«Fue una tragedia, una tragedia diaria más de Río de Janeiro, es necesario ver las razones y capturar a los responsables», dijo Jardim, durante una intervención en el Foro Económico Mundial de San Pablo.
Manifestantes repudian el asesinato de Marielle Franco.
La expresidenta Dilma Rousseff, por su parte, expresó su «indignación» por el asesinato de la líder negra y señaló que es un día «triste para un país donde una defensora de los derechos humanos es brutalmente asesinada».
Asimismo, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva tachó el asesinato de «atrocidad» y señaló que «no puede quedar impune».
Marielle Franco fue acribillada cuando viajaba con su chofer y una asesora en el barrio de Estácio, centro de Río, por desconocidos que viajaban en un automóvil que se colocó en paralelo. La hipótesis de que fue obra de sicarios se robustece ya que no hubo robo.
El ataque se produjo un día después de que la edil volviera a criticar la intervención en la seguridad de Río de Janeiro en un mensaje en las redes sociales.
El sábado último Franco denunció que en la favela de Acarí, en la zona norte de Río de Janeiro, el batallón 41 de la policía militarizada había asesinado extrajudicialmente a dos jóvenes, a quienes depositó en fosas comunes realizadas por los propios agentes.
El asesinato de la dirigente ocurrió a menos de un mes de la intervención militar que Temer decretó en la seguridad pública de Río, el 16 de febrero, que terminará con su mandato, el 31 de diciembre.
El PSOL es el principal partido opositor a la coalición de derechas que gobierna la ciudad y el estado de Río de Janeiro.
